El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el pasado octubre en la apertura del año judicial en la jurisdicción castrense./

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el pasado octubre en la apertura del año judicial en la jurisdicción castrense./ Efe

Tribunales

Una comandante pierde la plaza como jueza militar: los informes de sus mandos, demoledores

El Consejo General del Poder Judicial repite el proceso de selección, como le ordenó el Tribunal Supremo, y nombra al otro candidato al puesto.

4 agosto, 2021 02:04

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El Consejo General del Poder Judicial ha nombrado al comandante auditor Fernando González titular del Juzgado Togado Militar número 42 de Valladolid después de repetir la votación relativa a ese cargo, para el que fue nombrada inicialmente la otra candidata, una comandante auditora.

El Tribunal Supremo ordenó el pasado mayo al órgano de gobierno del Poder Judicial que volviera atrás en ese proceso selectivo al apreciar que el CGPJ -que desde 2016 nombra también a los jueces militares- nombró en marzo de 2019 a la entonces capitana auditora María P. sin tener en cuenta  información relevante que debió solicitar a los mandos de los dos aspirantes.

El alto tribunal estimó recurso del comandante auditor González contra el nombramiento de su compañera. El recurrente adujo que el Consejo General del Poder Judicial se había apartado "sin motivación específica" de la propuesta favorable a él emitida por la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central (TMC).

Este órgano envió al Consejo un informe en el que, en relación con la candidata nombrada, indicaba que “no parece presentar aptitud suficiente que aconseje su nombramiento para el desempeño de la función judicial".

La Sala de Gobierno del TMC hizo esa valoración basándose en el informe del  responsable de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil, donde en ese momento (2019) estaba destinada la oficial.

El jefe de la candidata indicó que "se encuentra destinada en esta Asesoría desde el año 2010, tiempo durante el cual no ha acreditado especiales méritos en las materias específicas de la jurisdicción militar”.

Igualdad y mérito

El CGPJ no tuvo en cuenta esos informes porque consideró que en ellos no se explicaba el motivo por el que expresaban esa valoración respecto a la entonces capitana auditora.

Pero el Tribunal Supremo, en su primera sentencia revocatoria del nombramiento de un juez castrense, afirmó que, en lugar de prescindir de los informes, el Consejo debió indagar a qué respondían esas valoraciones y ponderarlas.

Los datos necesarios para "garantizar el derecho de los miembros de las Fuerzas Armadas al desarrollo de su carrera militar bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad", argumentó el alto tribunal, "obran en el conjunto de la documentación que conforma el historial militar individual, que debe reflejar las vicisitudes profesionales del militar y, muy especialmente, en la información obrante en la colección de sus IPEC [informes personales de calificación] y en el expediente académico".

Por ello, era "debido" por parte del Consejo realizar "actuaciones dirigidas en especial a conocer la razón de ser de tales informes" sobre una de las candidatas, especialmente porque en ellos se ponía en cuestión su aptitud para ejercer la función judicial.

El Supremo ordenó la retroacción del procedimiento selectivo "al momento en que debió acordarse practicar las actuaciones precisas para conocer la razón de ser y la racionalidad de los informes de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central y del entonces jefe de la candidata designada".

Nuevos informes

El 10 de junio el CGPJ se dirigió a ambos órganos castrenses para que ampliaran la explicación de su valoración sobre los candidatos. El resultado ha sido demoledor para la candidata inicialmente nombrada. 

"Del examen minucioso de los informes personales de calificación se observa una notable diferencia a favor del comandante auditor Fernando González", señaló la Sala de Gobierno del TMC en su nuevo escrito.

"Comparando los IPEC correspondientes, en todos y cada uno de ellos el comandante obtuvo una valoración muy superior a la asignada a la aspirante María P.R", añadió. Ella, además, "apenas estuvo siete meses" en funciones como secretaria relatora de un Juzgado Togado Militar Territorial, frente a amplia experiencia de González.

Por su parte, el último jefe de la comandante auditora antes de ser nombrada para la plaza en disputa señaló que "durante dos años y medio, en calidad de general jefe de la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil, tuve ocasión de despachar a diario con la entonces capitana auditora, sobre la que ejercía mando directo. Durante todo este tiempo la oficial dio muestras de graves carencias en su formación técnico facultativa, que tenían su habitual reflejo en los informes que redactaba: asistemáticos en la forma expositiva, incoherentes o desenfocados en el fondo, realizando valoraciones y aplicando criterios jurídicos con frecuencia ilógicos e incluso extravagantes".

El mando militar aludió también a la "falta de adaptación" de la oficial en su entorno profesional, entre otros datos negativos.

Los dos informes ratificaron la conclusión de que la candidata "no presenta aptitud suficiente para el desempeño de un puesto que implique ejercicio de funciones judiciales".

El CGPJ volvió a votar la cobertura del Juzgado Togado Militar número 42 de Valladolid en su último pleno, el pasado 22 de julio. Se impuso por amplia mayoría el comandante auditor González, que logró 15 votos.

La candidata inicialmente designada para ese puesto sólo obtuvo un voto esta vez. Tres vocales votaron en blanco.