Imagen del metro ligero a Boadilla./

Imagen del metro ligero a Boadilla./ Efe

Tribunales

López Madrid pide al juez de Púnica actuar por falso testimonio contra tres peritos de Hacienda

Sostiene que un informe sobre las adjudicación del metro ligero a Boadilla está plagado de "falsedades" y "errores intencionados".

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Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, ha pedido al juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, que deduzca testimonio contra los tres peritos de la Agencia Tributaria autores de un informe fechado el pasado 30 de septiembre sobre la adjudicación del metro ligero de Boadilla (Madrid) a una unión temporal de empresas de la que formó parte la constructora Elsa, filial de OHL.

La obra, con un presupuesto de adjudicación de 86,5 millones de euros, se gestó durante el mandato de Francisco Granados como consejero de Transportes. Según declaró en la Audiencia Nacional el empresario David Marjaliza, él, Granados y López Madrid se repartieron 3,6 millones de euros en comisiones ilegales por sus intervenciones en la adjudicación de tres obras acometidas en el metro madrileño, entre ellas la línea a Boadilla.

El informe de los inspectores de Hacienda sostiene que Elsan (OHL) "obtuvo el 33% del contrato de adjudicación del metro ligero de Boadilla y, después de varias operaciones societarias y mercantiles artificiosas, dejó en manos de Obrum [empresa de Marjaliza] los beneficios del 33% del citado contrato".

La "maniobra llevada a cabo por OHL" que dio como resultado que la empresa de Marjaliza se colocara en la posición de Elsan en el contrato del metro ligero consistió, afirman los inspectores, en la escisión de la rama de construcción de Elsan a favor de una nueva sociedad denominada Grabitum.

Posteriormente, Grabitum, a la que con esa escisión ya se habría trasladado el 33,3% del contrato, fue adquirida por Obrum. Marjaliza no sólo asumió así los beneficios del contrato del metro ligero sino que también pudo disponer de las clasificaciones obtenidas por Grabitum (gracias a la experiencia acumulada por Elsan) para presentarse a otros concursos de obras públicas.

OHL, por su parte, obtuvo adjudicaciones de Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte, empresa pública de la Comunidad de Madrid) y de Metro de Madrid que, justo en el período en que se desarrolló la "maniobra" del metro ligero (2004-2005), generaron un "fuerte incremento de ingresos" para la compañía del grupo Villar Mir, según los inspectores de Hacienda.

La defensa de López Madrid aprecia en el informe de los peritos de la Agencia Tributaria tal cúmulo de "falsedades", "contradicciones", "inexactitudes" y "errores intencionados" que pide al juez que envíe el documento a los Juzgados de Madrid para que se inicien actuaciones contra ellos por un presunto delito de falsedad.

En un escrito presentado este miércoles en la Audiencia Nacional, López Madrid sostiene que "ninguna de las operaciones que se califican de 'artificiosas' [la escisión parcial de Elsan a favor de Grabitum, la compraventa de activos entre Grabitum y  Elsan y posterior adquisición de Grabitum por Obrum] "es jurídicamente capaz de generar el efecto que se dice que se consiguió con ellas de 'dejar en manos de Obrum el 33% del contrato del metro ligero de Boadilla'. Lo impide la sucesión cronológica de los hechos".

La cronología

Según el empresario, investigado en el caso Púnica, "lo que el informe de la Agencia Tributaria intenta hacer creer" sólo sería posible si, en el momento de la escisión de Eslan, ésta ya fuera titular del 33% del contrato del metro ligero, lo que no es verdad.

"Para que la escisión de Elsan se realizara con la finalidad que se quiere dar a entender (un mero instrumento para transmitir a Marjaliza el contrato del metro ligero) sería imprescindible que, en el momento de la escisión, el contrato estuviese ya adjudicado a Elsan, esto es, que formase parte de su patrimonio. Sin embargo, esto no sucedió", señala la defensa. La escisión se produjo el 10 de agosto de 2004 y la UTE Azvi-San José-Elsan no obtuvo la adjudicación del metro ligero hasta el 3 de enero de 2005, casi cinco meses después.

En el momento de la escisión de Elsan no existía el compromiso de constituir la UTE y ni tan siquiera estaba aprobado el proyecto de construcción del metro a Boadilla.

"No es jurídicamente posible trasladar, mediante una escisión parcial, algo (en este caso, la posición en el contrato del metro ligero) que sucederá cinco meses después de efectuarse aquella escisión", señala el escrito dirigido a García-Castellón. "Es cierto que, si la posición que Elsan ostentaba en la UTE hubiese podido ser incluida en el patrimonio escindido, ello habría supuesto, indirectamente, la transmisión del contrato. Pero hubiese sido indispensable que Elsan fuese ya miembro de la UTE en el instante de la escisión. Algo que tampoco fue así: no existía, en el momento de la escisión, ni siquiera el compromiso de constituir la UTE", añade.

"Contradicción flagrante"

A ese "error intencionado" suma la defensa la consideración de que el informe de los inspectores "se desdice a sí mismo" porque, pese a asegurar que Elsan se desprendió el contrato del metro ligero a favor de Obrum, la Agencia Tributaria atribuye a la filial de OHL (no a Grabitum ni a Obrum) la realización de todos los actos jurídicos que, en relación con dicho contrato, tuvieron lugar con posterioridad a la escisión: el compromiso de conformar la UTE, su efectiva constitución el 3 de enero de 2005 y la comparecencia ante notario para formalizar ese acto. La tesis de los peritos incurriría así en una "contradicción flagrante", afirma.

La defensa ha detectado, además, una "manipulación" de las cifras económicas "a conveniencia" de los peritos, que habrían "faltado a la verdad" en la cuantificación del beneficio imputable a la participación del 33% en la UTE (1,1 millones y no 3,4) y en el volumen de las adjudicaciones obtenidas por OHL.

Indican, a este respecto que en los modelos 347 analizados en el informe de los inspectores "figuran los importes facturados cada año a la Administración contratante, no las adjudicaciones obtenidas, por lo que la afirmación de que las adjudicaciones a OHL provenientes de la Comunidad de Madrid aumentaron en 2005 no puede soportarse en tales datos".

"Es más", añade, "el propio informe reconoce que la mayor parte de las adjudicaciones hechas a OHL datan de 2004, es decir, antes del acuerdo para la venta de Grabitum, por lo que los autores del mismo se contradicen abiertamente".