Díaz Ayuso y Esperanza Aguirre, en una foto de archivo./

Díaz Ayuso y Esperanza Aguirre, en una foto de archivo./ Efe

Tribunales

El juez no decidirá ahora sobre Aguirre y Cifuentes para no interferir en la investidura de Ayuso

García-Castellón, instructor del caso Púnica, quiere evitar que los procedimientos judiciales se utilicen con intereses políticos.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no tiene previsto resolver de forma inmediata sobre la citación en condición de investigadas de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes para declarar sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño, tal como ha pedido la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes jurídicas han explicado que el magistrado no quiere dar pie a que el caso Púnica se instrumentalice políticamente a pocas fechas de la celebración de la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a presidir el Gobierno de Madrid. El debate parlamentario está fijado para los próximos días 13 y 14.

Las mismas fuentes indicaron que, además, en el supuesto de que la petición de Anticorrupción sea aceptada por el instructor, las declaraciones de Aguirre y Cifuentes no tendrían carácter de urgencia ni se celebrarían en agosto, por lo que tampoco hay necesidad de precipitar la decisión.

Díaz Ayuso ya se ha visto en la tesitura de marcar distancias respecto a sus predecesoras. La candidata a presidenta de Madrid, que hace seis meses dijo sobre Aguirre y Cifuentes que le gustaría "tenerlas cerca y contar con ellas" porque "son un valor", ahora ha cambiado el discurso. "Soy otra persona, tengo otro perfil, otra etapa, otros proyectos", dijo en una rueda de prensa el pasado martes.

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Ayuso también remarcó que "mi compromiso con que no vuelva a repetirse ningún caso de corrupción en la Comunidad de Madrid es firme (...) No nos podemos permitir que sucedan más [casos]", dando por hecho que han existido.

La Justicia investiga desde 2014 los indicios que apuntan a que el PP madrileño se benefició de una inyección extra de fondos, al margen de los límites legales, para financiar las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011.

Existen también indicios de que empresas en la órbita del PP habrían organizado un entramado de facturas ficticias para encubrir pagos destinados a actos electorales del partido y hay datos de que esas empresas pudieron verse favorecidas por la adjudicación de contratos públicos.

El origen de esos indicios se encuentra en una agenda intervenida por los investigadores en el domicilio del exconsejero de Esperanza Aguirre y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, principal investigado en el caso Púnica.

Anotaciones en la agenda de Granados./

Anotaciones en la agenda de Granados./ E.E.

En esa agenda figuran anotaciones manuscritas de fondos presuntamente obtenidos de grandes empresas que habrían acabado, en su mayor parte, en manos del exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, también imputado.

En una declaración prestada ante García-Castellón en febrero de 2018, Granados dijo que “me consta que había una campaña paralela y ajena al PP desde el punto de vista contable” para reforzar a Esperanza Aguirre como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2007 y 2011. Era una campaña “específica” para la expresidenta financiada, según dijo, por empresas públicas de la Comunidad de Madrid como el Consorcio de Turismo, PromoMadrid y Canal de Isabel II.

Según Granados, esas campañas "específicas" de Aguirre eran "dirigidas siempre por Ignacio González y Cristina Cifuentes".