Imputado por el caso Villarejo el exnúmero dos de Comunicación de Moncloa

El juez del caso Villarejo ha imputado al exnúmero dos de Comunicación de Moncloa y exdirector de la revista Interviú, Alberto Pozas, tras declarar en la Audiencia Nacional como testigo por el robo del teléfono de la asesora de Podemos, Dina Bousselham. 

Pozas presentó su renuncia al cargo el pasado jueves y lo hizo público el viernes, cuando fue citado a declarar. Argumentó que "estaba siendo utilizado para atacar al Gobierno y al presidente, y eso no lo puedo permitir".

El juez abrió una investigación dentro del caso Tándem, donde Villarejo es el principal investigado, por el presunto robo del móvil de la asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham. Durante uno de los registros en el domicilio de Villarejo, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos encontraron una copia del contenido del teléfono de la asesora de Iglesias. 

El propio Villarejo declaró en sede judicial que el volcado de dicho teléfono pasó previamente por la revista Interviú y llegó a sus manos de personas de la redacción, apuntando a Pozas. La pasada semana, el presidente del grupo Zeta (al que pertenecía la publicación), Antonio Asensio, declaró como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, quien decidió citar también a Alberto Pozas. Este lunes, su condición de testigo ha pasado a imputado por un presunto delito de revelación de secretos, según trasladan fuentes jurídicas a El Español. 

Publicaciones en prensa

El contenido del teléfono de la colaboradora de Podemos -de carácter íntimo, conversaciones entre miembros de Podemos y vídeos ridiculizantes de miembros del partido, como Pablo Echenique- acabaron publicados en distintas informaciones del digital Okdiario.com en julio de 2016. En aquella época, la formación de Gobierno se hacía difícil por la falta de mayorías parlamentarias y Podemos había obtenido por primera vez un resultado decisivo en las elecciones. 

El juez investiga, en una pieza separada y secreta con Pablo Iglesias y Dina Bousselham como perjudicados, si dicho contenido fue filtrado por policías "de confianza" del Gobierno de Rajoy. Una maniobra que se habría orquestado desde el Gobierno y con la que se pretendía hacer una campaña de propaganda negativa hacia los miembros del partido morado. En la misma línea, miembros de la Policía habrían filtrado también a las redacciones el informe Pisa (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) con datos de una presunta financiación irregular de Podemos y que no tenía firmas ni membretes oficiales, aunque estos hechos no son objeto de la investigación.