Hospital público madrileño Gregorio Marañon./

Hospital público madrileño Gregorio Marañon./ E.E.

Tribunales

Piden cárcel para médicos del Gregorio Marañón que cargaban pruebas de pacientes privados

El centro público corría con pruebas "económicamente muy costosas", afirma que fiscal, que les acusa de malversación.

La Fiscalía de Madrid ha pedido un año de prisión para tres médicos y un técnico de laboratorio del hospital público Gregorio Marañon por un presunto delito de malversación que habrían cometido al utilizar los servicios y el personal de este centro sanitario para realizar pruebas que solicitaban para sus pacientes en los hospitales privados donde también trabajaban.

La acusación -que se dirimirá en un juicio cuya fecha aún no se ha señalado- se dirige contra el que fuera jefe del Servicio de Anatomía Patológica y jefe de estudios de postgraduados del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, E.A.F., ya jubilado; las médicos patólogas B.L.M. y C.L.V. y el técnico del laboratorio del servicio de anatomía patológica M.L.H.A.

El primero tenía consultas privadas en el Instituto Dr. Álvarez de Anatomía Patológica, en Megalab y en el hospital San Rafael, de Madrid, mientras que B. L. M. y C. L. V.  trabajaban para la clínica privada Nuestra Señora del Rosario, también en Madrid. M. L. H. A. desarrollaba su actividad privada en los laboratorios de las consultas particulares del primer acusado.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, entre los años 2012 y 2015  los investigados "realizaron u ordenaron realizar al personal auxiliar del servicio llevar a cabo en el laboratorio de inmunohistoquimica del servicio de anatomía patológica del hospital Gregorio Marañón el análisis de muestras procedentes de pacientes de clínicas privadas".

Las pruebas se habría realizado en el laboratorio y consistían en biopsias y citologías destinadas al diagnóstico de casos relativos a tumores malignos o a la reacción de los tejidos de determinados anticuerpos, "usando las maquinas existentes en dicho laboratorio, así como el material de dicho servicio destinado" al Gregorio Marañón.

Para la Fiscalía dichas pruebas supusieron un  “uso indebido” de los servicios públicos, (reactivos clínicos, personal, material, maquinas, dependencias) porque se realizaban sin coste alguno para las clínicas privadas donde los acusados desarrollaban también su actividad profesional y “un alto coste para las arcas públicas”. Una vez realizadas las pruebas, los resultados se remitían a las clínicas privadas, "siendo facturadas a los pacientes de las mismas o a las compañías aseguradoras sanitarias". 

De acuerdo con el escrito de acusación, la forma de proceder consistía en que E. Á. F. y otro médico ya fallecido "prescribían la práctica de muestras procedentes de pacientes del Hospital San Rafael (el primero) y del Hospital Nuestra Señora del Rosario (el segundo) que eran trasladadas al laboratorio" del Gregorio Marañón.

"En el traslado de las muestras intervenían B. L. M. y C. L. V., quienes las dejaban en dicho laboratorio para que M. L. H. A. llevara a cabo dichos análisis o se lo ordenara al personal auxiliar del servicio", sostiene la acusación pública.

Una vez realizadas las pruebas, “que por sus características eran económicamente muy costosas”, se remitían a los hospitales privados de origen y luego eran facturadas a los pacientes o a sus compañías sanitarias “con el consiguiente perjuicio económico para  la sanidad pública” y beneficio para los centros privados que tenían contratados a los facultativos. 

Según la Fiscalía, entre enero de 2012 y marzo de 2015 los acusados habrían procesado en el laboratorio de inmunohistoquímica del hospital Gregorio Marañón 1.701 técnicas correspondientes a pacientes de la clínica privada Nuestra Señora del Rosario y otras 1.069 del hospital privado San Rafael.

El 13 de noviembre de 2015 el director general de inspección y ordenación informó de que el coste total de las  pruebas indebidas ascendía a 62.474’13 euros. Por ello, el fiscal pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en esa cantidad, de la que ya han consignado 41.860 euros, informa la Fiscalía.