El magistrado Manuel Marchena preside el tribunal de siete jueces  del caso del procés.

El magistrado Manuel Marchena preside el tribunal de siete jueces del caso del "procés". EFE

Tribunales

Las defensas del 'procés' discuten la competencia del TS y dicen ser "políticos haciendo política"

"Una crisis es buena oportunidad para reconducir las cosas", ha arrancado el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva en la primera vista pública que se celebra en el Tribunal Supremo en relación al proceso judicial instruido sobre la secesión unilateral de Cataluña.

En el salón de plenos donde el pasado septiembre el rey Felipe VI abrió el curso judicial durante el que se juzgará al anterior Gobierno de Cataluña por presuntos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos, los abogados de los acusados intentan convencer a la Sala Penal de que no es competente para juzgarles.

Los encausados no están presentes, ya que se trata de una vista previa al juicio para debatir sobre cuál es el órgano competente para juzgar los hechos que desembocaron en la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017.

Las defensas piden ante los magistrados de la Sala Penal, presididos por Manuel Marchena, que envíe el proceso penal al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, órgano ante el que estaban aforados los encausados cuando ocurrieron los hechos, que en su tesis se habrían cometido exclusivamente dentro esa comunidad autónona.

Hablando en castellanoAndreu van den Eyden ha intervenido en primer lugar para afirmar que ésta es "una bonita oportunidad de que se reconduzca la causa a una proceso con garantías".

"Voy a guardar las formas"

"Es de buena fe establecer las reglas: seré suave en el modo y fuerte en el fondo", anunció el letrado. "Voy a guardar las formas pero voy a tener que decir cosas de fondo con cierto calado. Habrá que hablar de injusticia, de vulneración de derechos fundamentales, de proceso político, de causa general".

El defensor de Junqueras y Romeva expresó su "respeto y admiración por los compañeros de la acusación" -entre los que están los abogados de Vox- "por las defensas, de la Fiscalía y del Abogado del Estado". "No tengo sus años de experiencia", añadió, "pero nunca he estado más convencido que en esta causa: son políticos haciendo politica, y no se han seguido las reglas del proceso debido".

Jordi Pina, defensor de los exconsejeros Turull y Rull y del expresidente de Asamblea Nacional Catalana, sostuvo que los escritos de acusación no contienen "ni un solo hecho" realizado fuera de la comunidad autónoma de Cataluña constitutivo de los supuestos delitos de rebelión, sedición o malversación.

En su tesis, los hechos cometidos fuera de Cataluña que se reflejan en los escritos del fiscal, el abogado del Estado y Vox (la actuación de Diplocat, la campaña para la participación en el referéndum ilegal del 1-O de los catalanes residentes en el extranjero o el pago de observadores internacionales) son "actos preparatorios" que no formarían parte del núcleo de los delitos y que, por ello, no arrastrarían la competencia del caso al Tribunal Supremo.

Pina ha anunciado que, si el tribunal desestima declinar su competencia, los acusados pedirán poder hablar en catalán en el juicio, con traducción simultánea -no consecutiva- al castellano.

Una pulsera amarilla

Los abogados ciñeron sus intervenciones a los argumentos técnicos relacionados con la pretensión de que el Supremo decline su jurisdicción. No hubo, así, ninguna alusión a la situación de los encausados presos en Lledoners (Barcelona) que se encuentran en huelga de hambre por, según sostiene, el "bloqueo" por el Tribunal Constitucional de sus recursos de amparo.

Tampoco hubo lazos amarillos que hubieran obligado al tribunal a intervenir. Una letrada, Olga Arderiu, que defiende a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, sí lució en su mano derecha una pulsera de plástico de color amarillo.