Josep Lluis Trapero.

Josep Lluis Trapero. EFE

Tribunales PROCÉS

El juicio contra Trapero no comenzará hasta julio por la falta de salas en la AN

El tribunal que debe juzgar al mayor de los Mossos d'esquadra, Josep Lluis Trapero, y a la cúpula de la policía catalana por "poner a la policía catalana al servicio del secesionismo", como denuncia la Fiscalía, señalará la fecha para las cuestiones previas del juicio el próximo enero.

Sin embargo, el juicio, una vez se resuelva que la Audiencia Nacional es competente, no podrá celebrarse al menos hasta julio por la falta de salas de un tamaño apropiado en la Audiencia Nacional, con un alto cargo de trabajo y señalamientos. 

Así lo han trasladado a EL ESPAÑOL fuentes jurídicas, quienes han aclarado que antes del juicio contra Trapero, César Puig, Pere Soler y Teresa Laplana, ya se han señalado otros como el del expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, que tendrá lugar en febrero, o el de la pieza de los contratos del ayuntamiento de Jerez con las empresas de Gürtel.

Josep Lluis Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional.

No coincidirá con el juicio del Supremo

La Sección Primera de la Sala de lo Penal, con los magistrados Manuela Fernández Prado, Ramón Sáez Valcarce y Concepción Espejel como presidenta, será la encargada de juzgar a la cúpula de los Mossos. 

A pesar de que los hechos juzgados coinciden en parte con el juicio que se seguirá en el Tribunal Supremo contra los responsables políticos del procés, será prácticamente imposible que coincidan en el tiempo por los problemas de salas y trabajo de la Audiencia Nacional, según trasladan las fuentes jurídicas. 

La Fiscalía solicitó 11 años de prisión para el mayor de los Mossos d'Esquadra. El Ministerio Público ve indicios de un delito de rebelión en la actuación de Trapero, el ex director del Cuerpo catalán Pere Soler y el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig durante los hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 2017. En el caso de la intendente Teresa Laplana, la acusan de sedición, delito por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de cuatro años de prisión.