El PCE e IU se querellan contra Juan Carlos, Corinna y Sanz Roldán por las cintas

El Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Unida y Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas (FAI-RADE) han presentado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra Juan Carlos I por la presunta comisión de hasta siete delitos (cohecho, contra la Hacienda Pública, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, administración desleal, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal).

Los abogados representantes del PCE, Enrique Santiago, de IU, Juan Moreno y de FAI-RADE, Vicente López Olano, se han querellado contra el Rey Emérito después de salir a la luz una grabación que el comisario jubilado y ahora investigado en la Audiencia Nacional, José Manuel Villarejo, realizó a la empresaria alemana e íntimamente relacionada con el exjefe de Estado, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en un hotel de Londres en el año 2015 sin que ésta tuviera conocimiento de ello.

Según los denunciantes, las menciones que Corinna hizo en dicha conversación sobre Juan Carlos I y sus actividades desvelan hechos que constituirían "graves delitos". Dicha conversación, recogida en una de las cintas de José Manuel Villarejo encontradas en los registros policiales tras su detención, fue publicada el pasado 11 de julio en el diario EL ESPAÑOL.

"Trama criminal"

La querella, presentada cuando se cumplen 40 años de la Constitución Española, no sólo va dirigida contra Juan Carlos de Borbón. También contra Corinna y las siguientes personas a las que ésta implicó: el director del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán, el primo del Rey Emérito, Álvaro Orleans Borbón, el abogado suizo Dante Canónica, contra los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga y contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Los denunciantes enmarcan a todos los querellados (excepto a Villalonga y Villarejo) en una trama criminal, una "estructura organizada, con vocación criminal, creada y mantenida en el tiempo con el fin de realizar operaciones de índole económico con clara apariencia de ilegalidad".

En el caso de Villarejo y Villalonga, quienes se encontraban en la reunión mantenida con la empresaria alemana en un hotel de Londres, consideran que, "aunque aparece acreditado que los mismos no participaron en la estructura organizada y criminal descrita", la encubrieron y no denunciaron a pesar de conocer los detalles de la misma.

Los presuntos delitos desvelados por Corinna

Los querellantes repasan todas las afirmaciones que Corinna hizo en la conversación grabada que fueron publicadas por este diario y de las que, de ser ciertas, se podrían inferir presuntos delitos cometidos por el Rey Emérito y el resto de implicados. 

Éstas serían, entre otras: "Juan Carlos tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo y de su abogado Canónica"; "Las cuentas del banco de Suiza se han puesto a su nombre (Álvaro de Orleans)...Ahora están tratando que yo pase esas cosas a Álvaro a través de Dante (Canónica); "El director del CNI amenazó mi vida y la de mis hijos...y el Rey Juan Carlos lo sabía"; "Pusieron sin avisarme una propiedad a mi nombre que el Rey de Marruecos regaló a Juan Carlos"; "Me presionan para que les envíe dinero y les devuelva cosas...y eso es blanqueo"; o la explicación de cómo, según la amiga de Juan Carlos, éste habría cobrado una comisión de cerca de 100 millones de euros por la obra del AVE a la Meca a través del empresario Juan Miguel Villar Mir. 

A raíz de todas estas revelaciones, los querellantes afirman que, "el ahora querellado Juan Carlos Borbón Borbón, valiéndose de la Jefatura de Estado, habría intervenido en operaciones económicas entre particulares, realizando actividades prohibidas a autoridades y cobrando comisiones económicas ilegales por dicha intervención, comisiones que posteriormente habrían sido ocultadas en paraísos fiscales o lugares opacos para la Hacienda Pública española". 

En cuanto a Álvaro de Orlans y Corinna Zu Sayn Wittgensteins, según los denunciantes, "habrían actualdo como testaferros para ocultar los bienes y/o cuantías económicas percibidas por ellos mismos y por el querellado Juan Carlos Borbón Borbón, utilizando la estructura criminal la residencia fiscal de los dos primeros en el Principado de Mónaco".

En relación con Félix Sanz Roldán (CNI) y personas "que actuaban bajo sus órdenes", ven conductas de encubrimiento y omisión del deber de los funcionarios públicos de denunciar hechos criminales".