Pancarta en reivindicación de independencia en la concentración de Madrid./

Pancarta en reivindicación de independencia en la concentración de Madrid./ M.P.

Tribunales

Jueces y fiscales en huelga... y la ministra Delgado se va a París

19 noviembre, 2018 15:00

El controvertido pacto entre PSOE y PP para repartirse el órgano de gobierno de los jueces -con acuerdo incluido para el nombramiento del magistrado Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial, aunque la ley encomienda su elección a los vocales- ha tenido reflejo este lunes en las reivindicaciones y denuncias efectuadas por jueces y fiscales durante el paro laboral que han llevado a cabo en toda España.

Con un seguimiento similar al que hubo en la última huelga del pasado mayo, unos 4.200 jueces y fiscales, según las asociaciones convocantes, se han sumado a la protesta en demanda de medidas que garanticen la independencia judicial, incrementen los medios personales y materiales de la Administración de Justicia y aseguren unas condiciones de trabajo adecuadas, con cargas de trabajo y retribuciones "dignas". Entre ellas destacan el incremento del número de jueces y fiscales, el establecimiento de módulos de trabajo que permitan dedicar el tiempo necesario a los asuntos y la supresión de los plazos de instrucción que introdujo el Gobierno del PP.

Siete jueces del Supremo, en huelga

El Consejo General del Poder Judicial informó esta noche de que la huelga ha sido seguida por un total de 2.559 jueces y magistrados, el 48% del colectivo. Las asociaciones judiciales elevan la participación a 3.234, el 60,90% de la carrera.

Los territorios en los que ha protesta ha tenido un mayor seguimiento han sido Andalucía y Comunidad Valenciana, donde han el 52% de los jueces en activo. En Madrid la ha seguido el 40% y en Cataluña, el 43%.

Por primera vez el paro ha tenido incidencia en el Tribunal Supremo, donde siete magistrados han declarado haberlo seguido. En la Audiencia Nacional han parado seis de sus 87 magistrados.

Datos sobre el seguimiento del paro por comunidades autónomas./

Datos sobre el seguimiento del paro por comunidades autónomas./ CGPJ

Todas las asociaciones de jueces y de fiscales, siete en total, están unidas en estas reivindicaciones en las que hace menos de seis meses participaba con entusiasmo la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, perteneciente a la carrera fiscal. "No sabemos dónde esta la ministra", indicaba la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, en la concentración celebrada a las puertas de los Juzgados de la Plaza de Castilla.

La mitad de los jueces y fiscales secundan su segunda huelga en un año

Delgado ha vivido la jornada de huelga de jueces y fiscales desde Paris, donde se ha desplazado para participar en el Foro Mundial para la Democracia organizado por le Consejo de Europa y al que asisten 2.500 invitados, entre ellos la titular de Justicia.

La cantante Luz Casal  con la ministra Delgado

La cantante Luz Casal con la ministra Delgado Ministerio de Justicia

Politización

En las concentraciones realizadas en las sedes judiciales, los jueces decanos han leído un comunicado suscrito por todas las organizaciones convocantes (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) en el que afirman que en estos momentos "asistimos a un nuevo episodio de permanente cuestionamiento del Estado de Derecho".

"Una vez más", explican, "sin el más mínimo respeto por el Poder Judicial y por las leyes que todos debemos cumplir se anuncia el acuerdo entre algunos partidos políticos sobre el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, hecho que se produce en el marco de una situación insostenible en las carreras judicial y fiscal".

"Un CGPJ elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en el Estado de Derecho", denuncian.