La exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí.

La exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí.

Tribunales ADOCTRINAMIENTO EN LAS ESCUELAS

Ponsatí blindó a los profesores denunciados por adoctrinar: "Que tengan el apoyo jurídico que necesiten"

  • La entonces 'consellera' de Enseñanza, ahora huida, dio orden de que los docentes separatistas tuvieran cobertura jurídica, sin cuestionar el contenido de las quejas contra ellos.
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La exconsellera de Enseñanza de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, ahora en rebeldía de la Justicia española, quiso blindar a los profesores independentistas frente a las denuncias de adoctrinamiento en las aulas catalanas. Para ello, dio orden expresa y por escrito de que "los profesores tengan el soporte jurídico que necesiten".

La responsable de Educación del Govern daba esas instrucciones en un correo electrónico al que ha accedido EL ESPAÑOL el 10 de octubre de 2017, nueve días después del referéndum ilegal del 1-0 y cuatro días después de que la prensa se hiciera eco de las primeras denuncias de guardias civiles sobre el presunto trato humillante dado a sus hijos en las aulas catalanas

Así, el 10 de octubre la consellera alerta a sus subalternos de que "hay más denuncias de familias de guardias civiles contra profesores". A renglón seguido, Ponsatí se hace eco de una información del diario El Mundo con esta referencia: "la denuncia la han hecho dos madres de la escuela Mossèn Vives de La Seu d'Urgell". 

Correo electrónico enviado por Clara Ponsatí.

Correo electrónico enviado por Clara Ponsatí.

Es entonces cuando la máxima responsable de Educación de la Generalitat escribe lo siguiente: "Tendríamos que asegurarnos de que los profesores tienen el soporte jurídico que necesiten. Puede que los servicios jurídicos tengan que hacer un comunicado para los servicios territoriales y los directores". 

Neutralidad en las aulas 

En esas fechas, Ponsatí no tenía sobre la mesa sólo la denuncia de unos padres, guardias civiles, preocupados por la visión que en las aulas de sus hijos  se daba acerca de su profesión. Además, el 6 de octubre de 2017, cuatro días antes de ese correo, el subdirector general de Inspección del Ministerio de Educación envió un nutrido informe a la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat. En él, se recordaba al Ejecutivo autonómico su obligación de mantener la neutralidad en las aulas. Algo que a juicio de la Administración central, no se estaba cumpliendo. 

El documento remitido entonces explicaba que ciertos alumnos son "víctima de acoso escolar en las aulas catalanas, tanto por sus compañeros como por el profesorado del centro". El escrito revela situaciones como la de una profesora que, como deberes, manda a los niños que acudan a votar junto a sus padres en el referéndum ilegal del 1 de octubre, presiones a hijos de policías y guardias civiles tras la intervención de las urnas y cuentos en colegios religiosos donde como "final feliz" se "mata al rey y a los policías malos". 

Además, el escrito del Ministerio incluía casos de colegios que pedían permiso a los padres para llevarse a los niños a determinadas manifestaciones o actos de protesta, y comunicados de carácter político de las direcciones de varias escuelas.

Ese informe de Educación termina recordando a la Generalitat que la legislación española, catalana e internacional en materia de educación infantil prescribe la necesaria neutralidad de las aulas, y que corresponde tanto al Ministerio como a la Consejería de Enseñanza velar por que eso se produzca. El documento reflejaba además la responsabilidad directa de docentes y profesores a la hora de cumplir esa máxima.

El pasado 8 de mayo, el entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, aseguró en rueda de prensa que el Ministerio de Educación investigaba hasta 134 quejas por adoctrinamiento dentro de las aulas catalanas que afectarían, según sus palabras, a 500 profesores, una cifra cuestionada después por varios sindicatos docentes.

Por el momento la Generalitat no ha abierto expediente informativo a un solo docente, mientras que la Justicia ha archivado la causa contra cinco de los nueve docentes denunciados por humillar presuntamente a varios hijos de guardias civiles en un centro de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).