Tribunales

La Fiscalía pide el archivo de las cintas de Corinna alegando que la inviolabilidad protege a Juan Carlos I

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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Diego de Egea el archivo provisional de las diligencias del caso Villarejo que se refieren a la supuesta implicación del rey emérito, Juan Carlos I, en conductas irregulares relatadas por su antigua amiga íntima Corinna Larsen en una conversación mantenida en Londres con el excomisario José Manuel Villarejo, adelantada por EL ESPAÑOL el pasado julio.

La Fiscalía ha analizado la grabación y considera que la reunión mantenida en Londres entre Villarejo y la empresaria alemana, en la que también participó el financiero Juan Villalonga, tuvo lugar antes de la abdicación de Juan Carlos en junio de 2014 y se refiere, por tanto, a supuestas actividades anteriores a la renuncia del rey al trono. Todos los hechos referidos a Juan Carlos I quedarían, así, amparados por el privilegio de la inviolabilidad.

Por ello, ha solicitado el sobreseimiento provisional de la pieza llamada Carol, aunque abrirá unas diligencias de investigación por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y de cohecho en relación a las supuestas comisiones que, según Corinna, habrían pagado empresarios españoles por la adjudicación del tren de alta velocidad a La Meca. La Fiscalía precisa, sin embargo, que los indicios que implicarían a Juan Carlos I en ese asunto son "extraordinariamente débiles" y, en todo caso, su investigación estaría vedada por la inviolabilidad de la que el entonces rey gozaba como jefe del Estado.

La cinta, hallada en un registro en la casa de un socio de Villarejo, ha sido analizada personalmente por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha tomado a su cargo el informe entregado este viernes en la Audiencia Nacional.

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Según ese informe, entre los hechos que pudieran tener alguna relevancia penal cabe diferenciar, por una parte, aquellos que hacen referencia a Juan Carlos I, y por otra, los relacionados con un encargo que pensaba realizar la empresaria alemana a José Manuel Villarejo.

Terrenos en Marruecos

En la cinta grabada subrepticiamente por Villarejo, Larse se refería a un  terreno en Marruecos, al pago de unas comisiones y a cuentas bancarias de las que el rey emérito
sería titular real en Suiza bien bajo nombres supuestos, bien bajo la titularidad formal de un familiar.

Respecto del terreno, señala que se puso a su nombre una propiedad en Marrakech a
través de una sociedad manejada por un abogado y que ahora le piden –sin identificar a su interlocutor o interlocutores- transmitirla a través del mismo a un familiar del Rey. Corinna manifestó que esta operación la han hecho con “dos o tres cosas” y que ella sufre “muchísima presión” pero que no puede transmitir estas propiedades porque eso “es blanqueo”.

La Fiscalía ha concluido que el asunto del terreno en Marreucos "no resulta susceptible de investigación en sede penal", según ha informado el propio Ministerio Público en ujn comunicado.

Explica que "no existe ningún elemento que permita colegir que tal terreno proceda de una actividad ilícita". "La titularidad formal del terreno a nombre de la interlocutora podría deberse, como apunta ésta, a una posible elusión fiscal: 'me las han puesto [...] no porque me quiere mucho. Es porque soy residente en Mónaco. Entonces no tengo el problema de declarar'".

La Fiscalía considera que esos datos podrían tener "trascendencia tributaria" pero "no son suficientes para iniciar una investigación penal que tendría naturaleza prospectiva y que, en todo caso, remite a fechas en las que el entonces Rey Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad".

Por lo que se refiere a las cuentas bancarias, Larsen reveló a Villarejo que un pariente del rey emérito, Jaime de Orleans, también residente en Mónaco, sería el testaferro de Juan Carlos I como titular ficticio de cuentas en realidad propiedad del exjefe del Estado.

"Los datos son notoriamente insuficientes para avanzar en la tramitación de esta pieza, pues aluden a una posible cuestión fiscal que no es susceptible de mayores indagaciones pues el hipotético requerimiento de información a las autoridades suizas –se desconoce incluso la ciudad o ciudades concretas- no permitiría ir más allá de lo que se conoce en el ámbito de la cooperación internacional como una “fishing expedition”.

"Todo ello", matiza Anticorrupoción, "sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo en sede administrativa la Agencia Tributaria".

El tren a La Meca

Corinna también aludió al pago de comisiones por empresas españolas “para el tren”, aclarando el financiero español presente en la reunión que se trata del “tren de alta velocidad en Arabia Saudí”. Según ella, las comisiones por importe de 80 millones de euros las habrían pagado tales empresas a la mujer de Kasogui, quien habría entregado la mitad al presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y éste, a su vez, le habría dado, todo o parte, al Rey.

La conversación se refiere a la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado AVE del desierto, que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí, y cuya fase II fue adjudicada en octubre de 2011 a un consorcio empresarial compuesto por doce empresas españolas junto a dos saudíes.

Anticorrupción afirma que "las referencias a comisiones ilegales son, en este caso, más concretas, con identificación del contrato, de personas y de importes del contrato y de las posibles comisiones. Además, estos datos contenidos en la grabación aparecen complementados por otros documentos hallados" en los registros a Villarejo.

Sin embargo, la Fiscalía cree que en lo que atañe a la eventual intervención de Juan Carlos I "los indicios son extraordinariamente débiles pues consisten en la mera referencia que hace una persona que no aparece directa ni indirectamente implicada en los pagos y que tampoco manifiesta la razón de su conocimiento".

Además, atendiendo a la fecha del supuesto pago, también en este caso el entonces rey Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad reconocida al jefe del Estado en la Constitución.

"De cualquier modo", añade el fiscal, "al tratarse de un posible caso de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, sí parece procedente iniciar una investigación, desde luego al margen de este procedimiento, pues ninguna conexión tiene con el mismo"