Carles Puigdemont./

Carles Puigdemont./ Efe

Tribunales

El Tribunal alemán se fija en Montoro: pide a Llarena el escrito del exministro sobre la malversación del 1-O

Las controvertidas declaraciones del extitular de Hacienda de que "ni un euro" público fue al referéndum están sirviendo de ariete a la defensa de Puigdemont.

El Tribunal regional de Schleswig-Holstein, que debe decidir en las próximas semanas sobre la petición de entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el escrito en el que el exministro Cristóbal Montoro le explicó por qué declaró a la prensa que "ni un euro" de fondos públicos se utilizaron para financiar el referéndum ilegal del 1-O.

«Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público», dijo el extitular de Hacienda en unas declaraciones al diario El Mundo el pasado 16 de abril. Un día después, esas manifestaciones fueron utilizadas por los exconsejeros de Puigdemont que tenían que comparecer ante Llarena tras ser procesados por rebelión y malversación de fondos. Los encausados esgrimieron a su favor las afirmaciones de Montoro para negar el segundo de los delitos.

De forma inmediata, el instructor del Supremo envió un requerimiento al entonces responsable de Hacienda para que justificara el "concreto soporte objetivo" en el que se basaba para negar el uso de fondos públicos en la votación ilegal del 1-O.

El escrito de respuesta de Montoro, recibido por Llarena el 30 de abril, ha sido reclamado ahora por la Audiencia regional de Schleswig-Holstein, a través de la Fiscalía germana. Los jueces alemanes han aceptado una petición realizada por la defensa de Puigdemont, que niega el destino de dinero público al proceso independentista.

Los abogados del expresidente catalán consideran que las explicaciones de Montoro les pueden ser favorables de cara a su pretensión de que la Justicia alemana, que ya ha declarado en principio inadmisible la entrega por el cargo de rebelión, tampoco acepte la imputación de malversación.

En su escrito a Llarena el exministro de Hacienda desgranó los "mecanismos de control" a que ha sometido los gastos de la Generalitat de Cataluña, primero (a partir de noviembre de 2015) mediante peticiones de información y a partir de septiembre de 2017 con un "control reforzado" del presupuesto autonómico.

Matizaciones

En su respuesta, no obstante, Montoro matizaba que sus declaraciones "en modo alguno" contradecían los medios de prueba obtenidos por los Tribunales de Justicia ya que "estos mecanismos de control implican el suministro de información de alcance estrictamente presupuestario y contable, sin que necesariamente deban suponer que la realidad fáctica o material sea coincidente".

De otro lado, precisaba que "en principio y hasta la fecha", y a la vista de la información "facilitada por la Generalitat", "no se desprende que los dos concretos conceptos por gastos a los que me refiero (relativos a las urnas y a la manutención del expresidente de la Generalidad), se hayan sufragado o se estén sufragando confondos públicos, a expensas de lo que resulte de la investigación penal".

El escrito recordaba que desde febrero de 2017 el secretario de Estado de Hacienda se había dirigido en cuatro ocasiones a la Fiscalía General para poner en su conocimiento posibles indicios delictivos respecto de algunas partidas, coincidentes con varias de las que han justificado el procesamiento del antiguo gobierno de Puigdemont por malversación.

En concreto, Hacienda denunció a la Fiscalía gastos relacionados con la "campaña institucional" del referéndum independentista, con la partida "publicidad, difusión y campañas electorales" y con los expedientes de gasto de Diplocat en 2017.

Llarena ya informó a la Justicia alemana sobre las declaraciones de Montoro en un escrito remitido a Schleswig-Holstein el pasado abril. "Este instructor reconoce la fuerza de los indicios en los que se asienta el procesamiento por un delito de malversación de caudales públicos", subrayó entonces el magistrado, que enumeró los costes relacionados con la publicidad del referéndum en los medios de comunicación, el gasto de la distribución de la documentación de la consulta y los derivados de la presencia de 'observadores internacionales'.