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Centro de la fundación Afal./ E.E.

Tribunales

El fiscal pide 6 años de cárcel para el director de Afal por "expoliar" a enfermos de alzheimer

Acusa a la cúpula de la fundación de apropiarse de 8,4 millones de euros del patrimonio de ancianos que tenía bajo su tutela.

La Fiscalía de Madrid ha solicitado seis años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida para Jaime Conde Morala, director de la Fundación Afal, una sociedad sin ánimo de lucro que se encarga de la tutela de personas incapacitadas por sufrir enfermedades mentales.

En un escrito de acusación provisional conocido este lunes, el Ministerio Público acusa la cúpula de la fundación -formada por el propio Conde junto a Blanca Clavijo, ya fallecida; su marido, Rafael Núñez Blázquez; Juan Antonio Fernández Díaz, que ejercía como voluntario, y la letrada Mercedes Díaz Mazo- de “expoliar” a las personas que tenían bajo su tutela 8.422.090 euros mediante trasferencias “inconsentidas” e “injustificadas” a sus propias cuentas corrientes.

El fiscal pide 30 meses de prisión para Núñez, 21 meses de prisión para Fernández, y cinco años de prisión para Díaz. A otra voluntaria de la fundación, María Eugenia James Lamigueiro se le pide un año de prisión por un delito de falso testimonio

Jaime Conde era el director de la Fundación Afal Futuro, una entidad inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid que fue constituida en 2006 por la Asociación Nacional del Alzheimer Afal Contigo y donde trabajaba como letrada Mercedes Díaz Mazo. La entidad estaba presidida por Blanca Clavijo y, valiéndose los acusados del nombramiento de la Fundación como tutor por los Juzgados de Primera Instancia de Madrid de distintas personas, “en su mayoría ancianos con demencia”, idearon un plan para “expoliar” el patrimonio a las personas que tutelaban, sostiene el fiscal.

Según el escrito de acusación, Conde, Clavijo y Díaz se ocuparon de la gestión de los “grandes” patrimonios que tenían algunos de sus tutelados: vendían sus inmuebles, realizaban obras en los mismos y hasta les asesoraban en materia legal o fiscal “conscientes del perjuicio que originaban a los ancianos tutelados” y “despreciando las obligaciones derivadas de su función de tutor”.

Mediante el "expolio" al que sometían a los ancianos lograban sustraer buena parte de su patrimonio para incorporarlo bien al suyo propio a través de distintas sociedades bien al patrimonio de la Asociación Nacional del Alzheimer Afal Contigo o de la misma undación. Todo ello para invertir posteriormente el dinero en la construcción del proyecto Villafal, una residencia de lujo para ancianos con alzheimer situada en Paracuellos del Jarama, un negocio con el que los acusados “pensaban ganar grandes cantidades de dinero”.

Dado que la fundación era nombrada tutora de los ancianos -la mayoría con alzheimer, sin familiares o “teniendo estos intereses contrapuestos”- los acusados estaban autorizados para manejar sus cuentas, por lo que no tenían impedimento alguno para transferir capital a sus cuentas de la Asociación Afal Contigo, la Fundación Afal Futuro o a la mercantil T4L, que formaba parte del grupo de empresas de Afal.

Estas transferencias “inconsentidas” o “injustificadas”, según el fiscal, alcanzaron un importe de 8.422.090 euros “sin que conste en muchas ocasiones quién de ellos hacía las transferencias al efectuarse éstas por internet, pero en todo caso de común acuerdo y consentimiento de los tres”.

Dentro del plan establecido para “saquear” a las persona tuteladas Mercedes Díaz Mayo concertó seguros de vida o contratos de renta vitalicia con una entidad aseguradora situando como beneficiarios a los herederos legales, “a sabiendas de que no existían”, y en su defecto a los tutores legales, esto es, a la propia Fundación Afal. Algunas de estas pólizas siguen en vigor puesto que en la persona no ha fallecido, pero en un caso concreto se llegaron a embolsar 39.534 euros.

El fiscal añade que Rafael Núñez, en colaboración con su mujer, ordenó varias transferencias “injustificadas” a la mercantil DYSF, de la que era administrador único, “haciendo suyo el dinero” y sin que conste que el acusado realizara servicio alguno a la persona tutelada.

Respecto a los otros dos acusados, José Antonio Fernández Díaz y María Eugenia James Lamigueiro, se indica que trabajaban como voluntarios en la fundación y el primero de ellos facilitó su número de cuenta a Blanca Clavijo, quien le transfirió 1.400 euros por unos servicios que nunca llegó a prestar a las personas tuteladas.

Además, ambos acusados, por encargo de Blanca Clavijo, manifestaron de forma “mendaz” ante un juez que una de las perjudicadas redactó su testamento en su presencia y hasta reconocieron “sin ninguna duda” la letra y la firma de persona tutelada. Dicho testamento fue elaborado con la finalidad de que parte del importe revirtiera en la Fundación Afal, ya que por escritura pública convertía heredera universal a la Fundación Reina Sofía. Así, lograron que la Fundación Afal le cedieran por un euro los derechos derivados de un procedimiento judicial en el que se establecía una indemnización que no llegaron a percibir por un importe de 1.111.000 euros.