La Generalitat del 155 reclama 5,2 millones a Artur Mas por los gastos del 9N

El Gabinete Jurídico de la Generalitat de Cataluña ha registrado en el Tribunal de Cuentas una demanda "de responsabilidad contable directa y solidaria" contra el expresidente catalán Artur Mas por el empleo de fondos públicos en la consulta independentista del 9N, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

La demanda se ha formalizado por el total del dinero consignado por la instructora del Tribunal de Cuentas, María de los Llanos Castellanos, en el acta de liquidación provisional notificada el pasado septiembre: 5,2 millones de euros. Se trata de la cuantía que presuntamente se detrajo indebidamente del erario púiblico para financiar los gastos de votación y que, en caso de ser apreciada en la futura sentencia, deberán reintegrar quienes resulten condenados. 

Junto a Mas, la Generalitat demanda a tres de sus exconsejeros -Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs- y a cinco excargos intermedios -Lluis Bertrán, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana y Jaume Domingo- que "por ser órganos de contratación o por estar al cargo de la fiscalización previa de los contratos y encomiendas, posibilitaron la salida de fondos del presupuesto de la Generalitat, ocasionando un daño a los caudales públicos", dice de ellos la demanda, que reproduce y hace suyo el acta de liquidación provisional.

La presentación de la demanda por parte de la Generalitat es un torpedo en la línea de flotación de la defensa articulada por Mas y el resto de implicados en el procedimiento de responsabilidad contable que inició en mayo de 2017 el Tribunal de Cuentas a raíz de una denuncia de Sociedad Civil Catalana.

Uno de los folios de la demanda de la Generalitat./ EL ESPAÑOL

Hasta ahora, y durante todo el procedimiento, la Generalitat ha apoyado al expresident y los exconsejeros afirmando que los gastos tuvieron una "suficiente cobertura constitucional, estatutaria, legal, presupuestaria y contable". La Administración catalana ha venido sosteniendo que "no se causó perjuicio alguno, ni real ni efectivo, al erario" público, una posición que se ve dinamitada con la presentación de la demanda. Los afectados ya no podrán alegar que no deberían ser condenados por un menoscabo que la Administración afectada niega.

Gracias al 155

La demanda, que ha sido posible gracias a la intervención del Estado en Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución, no se basa en argumentos propios sino que se remite al acta de liquidación provisional. Está firmada por una de las abogadas de la Generalitat que ha intervenido con anterioridad en el procedimiento sosteniendo la tesis contraria a la actual. Ahora se afirma que la cuantía del procedimiento es "la del principal reclamado por la Generalitat de Catalunya, que se establece en 4.831.599,03 euros en que se ha cuantificado el alcance de conformidad con el acta de liquidación, más los intereses a que deberán ser condenados los demandados", cuantificados en otros 420.349,14 euros.

La demanda pide, además, que se impongan las costas a los nueve presuntos responsables del menoscabo patrimonial causado a la Generalitat por el 9N.

Mas, Ortega, Rigau y Homs, además de Vilajoana, tienen embargadas cinco viviendas de las que son titulares para cubrir la fianza de 5,2 millones fijada por el Tribunal de Cuentas para asegurar el reintegro en el caso de que fueran condenados en este procedimiento. Asamblea Nacional Catalana entregó 2,9 millones, pero el resto de la cantidad señalada tuvo que ser afianzado con bienes de los propios afectados.