Jordi Turull, en la sesión de investidura celebrada el jueves en el Parlamento catalán./

Jordi Turull, en la sesión de investidura celebrada el jueves en el Parlamento catalán./ Efe

Tribunales

El fiscal ve motivos para que Llarena encarcele a Turull tras ser candidato del bloque secesionista

El juez del Supremo notifica este viernes un primer procesamiento por rebelión en el que incluye a Puigdemont, Forcadell y a los exconsejeros que jugaron un papel principal.

23 marzo, 2018 03:02

El proceso penal iniciado hace cinco meses en el Tribunal Supremo en relación con la imposición de la secesión ilegal de Cataluña entra este viernes en una fase decisiva orientada a la celebración, que se pretende este mismo año, del juicio por rebelión contra los que el magistrado instructor, Pablo Llarena, considera responsables principales de los hechos.

Llarena notifica esta mañana el auto de procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y aquellos exconsejeros que, de acuerdo con los elementos reunidos en la investigación, tuvieron un papel "esencial" en el proceso que desembocó en la declaración unilateral de independencia el pasado 27 de octubre. Entre ellos estará Jordi Turull, que hace apenas unas horas se ha sometido al debate de investidura como candidato a presidente de la Generalitat con el apoyo de Junts per Catalunya y ERC.

El instructor ha optado por un procesamiento escalonado en el que, en este primera fase, sólo incluirá a quienes considera que tuvieron un rol determinante y pueden ser, por ello, calificados como la cúpula dirigente del pròces. Desde luego, Puigdemont y los exconsejeros prófugos, así como Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull o Joaquim Forn.

A excepción de Forcadell, no estarán el resto de los miembros de la Mesa del Parlament que hicieron posible la tramitación de las leyes encaminadas a la secesión ni tampoco otros encausados como el expresidente Artur Mas, pero sí serán procesados ahora los dirigentes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como la dirigente de ERC Marta Rovira.

Rebelión

Llarena aprecia indicios de un delito de rebelión en el que el elemento violento que exige el Código Penal se constatará no sólo a través de los episodios de asedio, agresividad y resistencia a las fuerzas del orden público que se vivieron en jornadas como las del 20 de septiembre y el 1 de octubre (referéndum ilegal de independencia).

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Pero, además, el juez considera que desde esa primera fecha, en la que 40.000 personas acosaron a la comisión judicial que registraba la Consejería de Economía, los encausados fueron conscientes de la alta probabilidad de que, de continuar en la hoja de ruta unilateral, se produjeran comportamientos violentos y, pese a ello, persistieron en su voluntad de instrumentalizar ese comportamiento colectivo para una finalidad ilegal. La responsabilidad penal estaría, así, en la intencional utilización de la violencia en la consecución de la independencia unilateral.

Seis de los siete diputados encausados (Forcadell, Turull, Romeva, Rull, Bassa y Rovira; Llarena no ha citado a Lluis Guinó, exmiembro de la Mesa del Parlament) deberán acudir personalmente este viernes ante Llarena para la celebración de la vista que la ley prescribe cuando se pretende modificar -a peor- su situación procesal. Todos ellos se encuentran en libertad bajo fianza por decisión del propio Llarena.

Turull, en particular, corre un serio riesgo de volver a prisión. El exportavoz del Gobierno de Puigdemont y exconsejero de presidencia fue excarcelado por el instructor el pasado 4 de diciembre en contra del criterio de la Fiscalía del Supremo y corrigiendo la decisión adoptada el 3 de noviembre por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Fuentes de la Fiscalía ven motivos para volver a pedir la prisión incondicional de Turull tras haber aceptado ser candidato del bloque independentista, en el que, a su juicio, permanece el objetivo de una secesión unilateral.

En este sentido, la Fiscalía considera que existen elementos objetivos de los que se deduce un serio riesgo de reiteración delictiva, elementos relacionados con el documento pactado el pasado 30 de enero entre JXC y ERC en el que perseveran en el propósito de la "materialización de la república". Turull, remarcan las fuentes consultadas, ha sido el candidato a president presentado por ese sector.