La sentencia del TC sobre el deber de información de la Policía a los detenidos pasará a formar parte de la lista de resoluciones imprescindibles en la historia del Constitucional. El origen es una demanda de un letrado de oficio que, algún día, cobrará por todo su trabajo 260 euros.

Hacía mucho tiempo que el Tribunal Constitucional no nos regalaba una sentencia imprescindible en el orden penal. La que se ha conocido esta semana con ponencia del magistrado Conde-Pumpido obligará a la Policía a comunicar a los detenidos, por escrito y antes de cualquier interrogatorio, qué fuentes de prueba esenciales -no todas, pero sí las principales- maneja contra ellos. 

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