Tribunales

El fiscal se opone a la excarcelación de Jordi Sànchez para ir a la investidura

Considera que existe riesgo de reiteración delictiva a la vista de la conducta del bloque independentista. "No hay compromiso con la legalidad", afirma.

La defensa de Jordi Sánchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana y propuesto como candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, ha presentado en los últimos días varios escritos al magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa por rebelión abierta en el Tribunal Supremo, en el que le pide que se pronuncie sobre si podrá acudir o no al debate de investidura, convocado para el próximo lunes por el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent.

El juez acordó el miércoles pedir al fiscal, abogado del Estado, Vox y encausados dar un plazo de cinco días a las partes para que den su opinion sobre la solicitud de Sánchez, en prisión desde el pasado octubre.

El escrito de la Fiscalía responde al juez reiterando su anterior posicionamiento contrario a la excarcelación de Sánchez para acudir al Parlament, al considerar que existe riesgo de reiteración delictiva. El fiscal considera que los pasos que están dando JxC, ERC y la Cup es otro proceso sedicioso en marcha, afirman fuentes del Ministerio Público.

La Fiscalía se refiere al pacto cerrado hace unas horas entre Junts per Catalunya -a cuyo grupo parlamentario pertenece Jordi Sánchez- y ERC en el que se vuelve a plantear el "impulso de un proceso constituyente" que sirva para "conformar las bases de una propuesta de Constitución de la República de Cataluña". El documento, que ha sido trasladado a la CUP, refleja, según el Ministerio Público, que no existe un real compromiso con la legalidad del bloque en el que se integra el candidado a presidir el Gobierno catalán.

Según el escrito del fiscal, "en el contexto actualmente vigente existen sectores y fuerzas políticas que claramente apuestan por la utilización de mecanismos de secesión al margen de las normas constitucionales".

Añade que "no existe la certeza" de que la actuación del bloque parlamentario independentista "vaya a estar presidida por el respeto y la sujeción al ordenamiento jurídico" y, de hecho, "algunas iniciativas políticas se enmarcan claramente fuera de la legalidad constitucional y estatutaria".

Menciona, a este respecto, "el intento de designación de un prófugo de la Justicia" como presidente, en referencia a Carles Puigdemont, o la anunciada constitución de un 'consell de la república en el exilio' para dirigir los destinos de Cataluña "o el reciente acuerdo alcanzado por JxC y ERC para la continuación del proceso constituyente que termine con la constitución de la república y la celebración de una nueva consulta".