La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante una comparecencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante una comparecencia. EFE

Tribunales Financiación ilegal

La UCO sostiene que los expertos, entre ellos Cifuentes, manipularon ofertas en favor de Arturo Fernández

Acreditan seis presuntas irregularidades que favorecieron al grupo Cantoblanco frente a sus competidores.

Daniel Montero Carlota Guindal Alejandro Requeijo

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El comité de expertos de la Asamblea de Madrid, entre los que se encontraba Cristina Cifuentes, mintió en sus valoraciones para favorecer al empresario Arturo Fernández en la concesión de la cafetería de la Cámara parlamentaria regional en 2011. Así lo concluye al menos un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario de la Operación Púnica que coloca a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid como “conocedora” y “directa partícipe” de los presuntos delitos de prevaricación y cohecho.

El documento rubricado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constata que, en la valoración de las ofertas presentadas, el comité de expertos, entre los que se encontraba Cifuentes, otorgó cero puntos a uno de los principales competidores de Arturo Fernández, Clece, por no aportar una documentación necesaria. Un simple análisis de los agentes ha constatado que, al contrario de lo reflejado en esas valoraciones, la empresa competidora presentó su propuesta de una forma completamente legal. Una propuesta que no fue tenida en cuenta por Cifuentes y el resto de los componentes del equipo a la hora de valorar las ofertas.

“Como se ha puesto de manifiesto en la investigación desarrollada y respecto a la licitación del año 2011, el componente del comité de expertos Isaac Arturo Zubiri faltó a la verdad a la hora de elaborar el informe de valoración de las ofertas y no tuvo en consideración la oferta presentada por la empresa Clece, asignándole a la misma cero puntos en dos criterios de adjudicación bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna”, explican los agentes en su informe, enviado el pasado 6 de marzo a la Audiencia Nacional.

"No es cierto"

Para llegar a esta conclusión, la Guardia Civil se basa en la declaración de varios responsables de la empresa competidora que desmienten la versión de los principales investigados en esta pieza. Concretamente, el técnico de Restauración de Clece, José Pérez, subrayó a los agentes que "no es cierto" que no presentaran una valoración sobre la calidad de alimentos y suministradores, tal y como recogía el comité de expertos.

El papel que la Guardia Civil otorga a Cifuentes en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea al grupo Cantoblanco, liderado por Arturo Fernández, ha abierto una batalla de declaraciones y desmentidos de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por un lado, los investigadores consideran que la adjudicación es un pago por los 160.000 euros que Arturo Fernández aportó en donaciones personales a la Fundación Fundescam. Y por otro, Cifuentes mantiene que su papel en ese contrato fue completamente transparente, y que se aprobó con el voto unánime de todos los partidos presentes en la mesa de contratación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado a EL ESPAÑOL que en aquella adjudicación "éramos tres los designados por la Mesa de la Asamblea y no había presidente". Además ha explicado a este diario que únicamente se reunieron "una vez" y que en aquella reunión ella "nunca valoró la propuesta técnica. Directamente la di por buena", sostiene.

Sin embargo, los informes de la UCO se centran en su papel como responsable del comité de expertos que valoró las propuestas. El grupo de trabajo, según la documentación, estaba formado por cuatro personas. Y tres de ellos han prestado declaración como investigados. Según los informes de la Guardia Civil, dos de ellos (el funcionario que realizó el primer informe de valoraciones y la responsable del servicio jurídico de la Asamblea) mintieron en sus comparecencias y aportaron versiones “inverosímiles” sobre los baremos y las valoraciones fijadas en el despacho de Cristina Cifuentes.

La tercera -responsable de Protocolo de la Cámara autonómica- declaró que en la reunión no hubo “nada que deliberar” ya que la decisión estaba tomada, con el Grupo Cantoblanco a la cabeza. “Que vuelve a repetir que en esa reunión no se realizó ninguna valoración, que fue una reunión meramente expositiva”, refleja el acta de su comparecencia.

"Cuanto menos sorprendente"

Cristina Cifuentes es la única integrante de este grupo de trabajo que no ha prestado declaración en los tribunales, ya que está aforada y la Audiencia Nacional tendría que desviar el caso en esa parte al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para interrogarla en las mismas condiciones que a sus compañeros. En los días posteriores al informe, tanto los autos de la Fiscalía Anticorrupción como los del juez Eloy Velasco, encargado del caso, refrendaron la tesis de que la concesión estaba amañada para favorecer al empresario amigo de Esperanza Aguirre. Tras levantarse el secreto de sumario, el juez Velasco cambió de criterio y aseguró a través de fuentes jurídicas que no veía pruebas suficientes como para investigar formalmente a Cifuentes.

El informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, relata además que los miembros del comité integrado por la presidenta autonómica cambiaron el criterio para la elección de la concesionaria y valoraron la relación de los licitantes con la Administración pública por encima de su experiencia en el campo privado. Es decir, cambió la forma de evaluar las ofertas en mitad del procedimiento y sin que apareciera en los pliegos de condiciones.

Según el Instituto Armado, este cambio de criterio va contra la ley y beneficiaba también a Arturo Fernández, titular de la concesión desde 2009. Tras interrogar a los tres expertos -el funcionario que elaboró el primer baremo tenía sólo conocimientos de hostelería “a nivel usuario”- los agentes no han podido identificar a la persona que dio la orden para que el criterio de valoración se cambiara.

Asimismo, los agentes tienen en cuenta la declaración como testigo de otro responsable de la competidora, el encargado del Departamento de Estudios y Proyectos, Ángel Díaz Bocanegra, quien alegó que ese cambio de criterio "es cuanto menos sorprendente". "En algún otro concurso han impugnado la licitación por hechos similares. No llegaron a ver el informe del comité de expertos. En otros concursos, si se inventan otra vara de medir toman medidas al respecto", sostuvo durante su declaración como testigo ante la Guardia Civil.

Los agentes de la UCO en su informe detectan además una nueva irregularidad. Otra (y van tres) que beneficia a Arturo Fernández sobre sus competidores. Mientras el comité penalizó a otros competidores por no presentar a tiempo las certificaciones, en el caso de Cantoblanco, los mismos peritos aceptaron como buenas certificaciones que ni siquiera eran de la empresa que se presentaba a concurso, sino de otras controladas también por Arturo Fernández. Cuando los agentes preguntaron por esto a Tatiana Recoder, responsable del servicio jurídico de la Asamblea, aseguró que se pudo deber a un “error administrativo” pero que en ningún momento hubo “mala fe”.

Las seis irregularidades de la Asamblea

En sus informes, la Guardia Civil acredita hasta seis irregularidades en la adjudicación de los contratos a Arturo Fernández, entre las que se destaca la coincidencia de integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con miembros de Patronato Fundescam e integrantes del comité de campaña como son Cristina Cifuentes, “quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos con la de ejercer como presidenta de la mesa de contratación”.

Para la UCO, esta circunstancia es contraria a la legalidad y “vulnera la imparcialidad” que debe presidir la actuación de la mesa de contratación. La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria.