El tesorero de CDC, Andreu Viloca, tras su detención en octubre de 2015.

El tesorero de CDC, Andreu Viloca, tras su detención en octubre de 2015.

Tribunales 'Caso 3%'

El tesorero de Mas recaudó el 3% hasta tres días antes del registro de CDC

Andreu Viloca se reunió con un cargo público de la Generalitat para mediar en una adjudicación.

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CDC, el partido de Artur Mas, estuvo negociando donaciones a cambio de adjudicaciones en obra pública por lo menos tres días antes del registro en el despacho de su tesorero, Andreu Viloca, persona considerada por los investigadores como “mediador-conseguidor”, el pasado 28 de agosto de 2015. Así se desprende de varios informes elaborados para el juez del Vendrell, Josep Bosch, por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción en la causa que se investiga la financiación ilegal de Convergencia a través de "sobornos" disfrazados como donaciones a cambio de amaños en adjudicaciones de obra pública.

Para los investigadores es una clara muestra de que el partido de Artur Mas habría estado “sobornando” a empresarios para financiar a su partido con el pago de donaciones a cambio de adjudicarles obra pública hasta que fueron 'pillados'. Se trataría, por tanto, de la actual financiación ilegal del partido que en su día dirigía Jordi Pujol y que luego asumió Artur Mas.

En agosto de 2015, Convergencia no se podía ni imaginar que un pequeño Juzgado de una localidad de Tarragona iba a ordenar entrar en su sede y llevarse gran parte de su documentación. Es más, cuando el 28 de agosto de 2015 se inició el operativo por la Guardia Civil no estaba previsto la entrada en CDC. Fue sólo una vez dentro de la fundación CatDem, vinculada al partido, la Fiscalía Anticorrupción solicitó en ese mismo instante registrar la sede del partido de Mas.

CDC, desprevenida

Una vez allí, tuvieron conocimiento que el tesorero de la fundación -a través de la cual los empresarios hacían el pago de sobornos en concepto de donaciones- era también tesorero del partido y tenía el despacho en la sede de CDC. Además, el que fuera su antecesor en el cargo, Daniel Osácar -a quien se le registró ese día su domicilio- confirmó que seguía teniendo ordenador y despacho en la sede de la formación, en la calle Córcega, de Barcelona.

No estaba previsto aterrizar ese día en CDC y a los presentes se les cogió desprevenidos. Es más, cuando los agentes de la Brigada de Información de la Guardia Civil irrumpieron en la sede, encontraron que en el despacho de Viloca había papeles triturados, lo que le llevó a que dos meses después, y una vez reconstruidos, se ordenara su detención e ingreso en prisión por destrucción de pruebas, el 22 de octubre de ese mismo año.

Reconstrucción realizada por la Guardia Civil triturada por Andreu Viloca.

Reconstrucción realizada por la Guardia Civil triturada por Andreu Viloca. E.E.

Y es que los datos que había intentado destruir justo antes de entrar la Guardia Civil fueron luego esenciales en la investigación. Por ejemplo, el documento con datos de Rogasa, solicitante de una adjudicación de un colegio en esas fechas, justo al lado del nombre de Rosell Polo, el director de la empresa pública que debía conceder la adjudicación, hizo sospechar a los investigadores que justo antes de ese registro en CDC hubo una reunión para pactar la entrega de una donación a cambio de una obra pública. Los datos del papel reconstruido junto a una anotación en la agenda de Viloca con una reunión con Rosell el 25 de agosto hace llegar a los investigadores a esta conclusión:

“Este hecho, a la vista del patrón detectado, tiene que estar relacionado con la licitación en marcha en esas fechas (julio-agosto 2015) para la construcción de una escuela (Escuela Montserrat Vayreda de Roses) por parte de GISA, además de con la reunión el día 25 del mismo mes y año entre Viloca y un desconocido, que recientemente se ha identificado como el director general de GISA (Josep Antonio Rosell i Polo -detenido el mismo día que Viloca, en octubre de 2015-). Esta circunstancia incluye a dicho alto cargo en la denominada por esta instrucción 'correa de transmisión para la comisión de adjudicaciones fraudulentas, como las que se están investigando propiamente en la sede GISA en tres casos de los que componen esta instrucción”, recoge uno de los informes de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"Donaciones sistemáticas"

Rogasa es una de las empresas que aparece en el listado de 31 empresas guardadas en el ordenador de Viloca, y una de las que la Guardia Civil considera como pagadoras “sistemáticas” de donaciones.

Como ya adelantó este diario, los investigadores tiene localizados hasta siete casos en los que hay pruebas e indicios que hacen sospechar que Viloca se reunía con empresarios que querían optar a una obra pública y enterceptaba por ellos una vez pagada una donación al partido a través de sus fundaciones.

En el caso de Rogasa, la Guardia Civil detectó este 'modus operandi' con la licitación de un centro de atención primaria a Prats de Lluçanés (Osona) en 2011 y que debía adjudicar GISA, la empresa pública de Infraestructuras, dirigida entonces por Rosell i Polo. Para empezar, en el despacho de Viloca se encontró el anuncio de licitación de esa obra.

Un negociador con antecedentes policiales

Después, los agentes analizaron la agenda del tesorero y encontraron que siete días antes de este anuncio, Viloca se reunió con Joan Romero, de Rogasa. Y el mismo día que se anuncio la licitación para poder concursar en ella, ambos quedaron a comer. Tras esa comida, Viloca se apuntó en la agenda un recordatorio de llamar a “Rosell de Gisa”. Dos meses después, ya en enero de 2012, Viloca se volvió a reunir con la persona de Rogasa y poco después se le concedió la obra.

Modus Operandi de reuniones entre Andreu Viloca y Rogasa realizado por la Guardia Civil.

Modus Operandi de reuniones entre Andreu Viloca y Rogasa realizado por la Guardia Civil. E.E.

Un año más tarde, el 22 de octubre de 2013, Viloca tiene otra anotación: “Trucar Rogasa, xiques”, que la Guardia Civil interpreta que podría referirse a “Llamar Rogasa, cheques”.

De la investigación se desprende que Juan Luis Romero, la persona de Rogasa con la que trataba Viloca, “tiene antecedentes policiales de 2011, como autor de delitos de alteración en concurso de subasta pública, así como en septiembre de 2009, por falsedad de documentos públicos, oficiales, mercantiles y de despacho”, recoge uno de los informes incorporados a la 'causa del 3%'. En relación con la investigación abierta contra él en 2011, el instituto armado especifica que se le relacionado con el funcionario de la Generalitat y en su día cargo de GISA, Jordi Vergé.