El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez Efe

Tribunales

El juez Velasco investiga al presidente de Murcia por fraude y cohecho

Abre una pieza contra 22 personas, entre las que se encuentra Pedro Antonio Sánchez, por las irregularidades en la comunidad autónoma. La Fiscalía exime de delito al presidente murciano.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una nueva pieza por las supuestas irregularidades en Murcia y dirige el procedimiento contra 22 personas, entre ellas el exconsejero de Educación y actual presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, y la ex alcaldesa de Cartagena y actual senadora Pilar Barreiro.

En el auto, el juez atribuye a Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por supuestamente concertarse con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia.

En el caso de la senadora Barreiro, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 le atribuye los delitos fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Respecto de los dos anteriores, el juez señala que al tratarse de una senadora (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo) y del presidente de la Región de Murcia (cuyo enjuiciamiento correspondería al TSJ) debe recabarse por el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia, “su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada”.

El juez Eloy Velasco acordó en septiembre de 2015 la formación de doce piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de estos hechos, Ahora, con este auto acuerda conformar la tercera de esas piezas (la primera fue el chivatazo de la investigación y la segunda la de León) con toda la documentación referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige esta pieza.

En este caso, además de contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreriro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el ex consejero de Industria, Turismo y Empresa de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. El magistrado, que individualiza en el auto los delitos que atribuye a cada uno de los investigados, también dirige el procedimiento contra 4 empresas que presuntamente participaron en los hechos, Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

Reputación ante una imputación

El actual presidente de Murcia decidió contratar los servicios de reputación 'online' ofrecidos por Alejandro de Pedro porque temía las “consecuencias en su estima” ante una posible imputación penal en junio de 2014. Además, Sánchez, en ese momento consejero de Educación de la comunidad autónoma, pretendía postularse para presidente de la región así que decidió que De Pedro le realizara trabajos reputacionales personales con fondos públicos. Por ello pagó a De Pedro 3.000 euros mensuales.

Según el juez, Sánchez podría haber cometido un delito de fraude, por la concertación con empresas vinculadas a De Pedro en el amaño de contratos de formación para la Consejería de Educación tendentes a sufragar con dinero público previsto para formación de su departamento, cuando en realidad eran trabajos particulares en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de Murcia.

Otro de los delitos de los que se le atribuye es el de cohecho, al pagar servicios de reputación online de carácter particular y personal a cambio de amañar futuros contratos públicos en materia de formación en su Consejería.

Por último, Velasco considera que hay indicios contra Sánchez de un delito de revelación de información reservada al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar. Una vez que el Parlamento autonómico confirme que es aforado, el juez remitirá su exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que se decida allí si se le abre una investigación.

En el caso se la senadora Pilar Barreiro y exalcaldesa de Cartagena (Murcia), el juez tiene indicios de que habría cometido los mismos delitos que Sánchez, además del de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. Según Velasco, la actual senadora habría sufragado con dinero público previsto para las campañas de publicidad de Turismo en Cartagena una partida que en realidad iba dirigida al pago de trabajos particulares, como la creación de un diario digital en su localidad y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos.

El instructor considera que el Supremo debe investigarla, entre otras cosas, por presuntamente haber instrumentalizado una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, aprobó un gasto indebido, sin formalizarse ni aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses.

La Fiscalía exime a Pedro Antonio Sánchez

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo proponiendo imputar en el caso Púnica a la senadora Pilar Barreiro, pero exime de delito al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

En un comunicado, la Fiscalía informa de que ha presentado un informe en el que solicita a Velasco que pida a la Sala Segunda del Supremo la imputación de Barreiro por delitos de falsedad, prevaricación y malversación, pero se muestra en contra de que eleve una exposición razonada en el mismo sentido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Murcia respecto de Sánchez.

En ambos casos, se investiga la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta a los dos políticos por parte de empresas de la red Púnica a cambio de adjudicarles a esas sociedades contratos públicos, de manera que con esos fondos públicos se habrían pagado servicios de buena reputación en internet a Barreiro y Sánchez.