Imagen del hemiciclo de la Asamblea de Madrid

Imagen del hemiciclo de la Asamblea de Madrid Efe

Tribunales Prevaricación

De la Mata ofrece a una diputada de Cifuentes declarar de forma voluntaria en una pieza de Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional sospecha que Josefa Aguado del Olmo habría favorecido el fraccionamiento de obra pública en la localidad madrileña de Arganda del Rey. No puede ser investigada dada su condición de aforada.

30 noviembre, 2016 15:46

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ofrecido a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, María Josefa Aguado del Olmo, declarar voluntariamente en una pieza de Gürtel que investiga un pelotazo urbanístico en la localidad madrileña de Arganda del Rey, al no poder ser citada como investigada por su condición de aforada regional.

El juez sospecha que la actual diputada del Gobierno de Cristina Cifuentes habría favorecido el fraccionamiento de los servicios relacionados con una olimpiada escolar cuando era jefa de Deportes de Arganda. Según el magistrado, habría establecido la innecesariedad de tramitar expediente de contratación alguno.

Los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación y otro de fraude a las Administraciones Públicas. Al ser aforada, el juez no la puede citar a declarar en calidad de investigada pero sí ofrecerle que acuda voluntariamente a declarar. Cuando De la Mata lo estime oportuno, tendrá que remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la parte de la causa referente a ella.

En esa pieza separada,el juez investiga principalmente el mayor pelotazo de la trama liderada por Francisco Correa cometido en Arganda del Rey. En el marco de esta investigación, el instructor reclamó a la dirección general de Urbanismo del Gobierno de Cristina Cifuentes el acta de la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madriden la que se aprobó en enero de 2006 el Plan Parcial de Reforma Interior de la urbanización conocida como Unidad de Ejecución 124 del municipio madrileño.

La Policía sospecha que los ingresos que pudo haber obtenido Correa a cambio de intermediar en esta operación urbanística podrían alcanzar los 25 millones de euros.