Aulas vacías en un instituto.

Aulas vacías en un instituto. EFE

Sociedad EDUCACIÓN Y POLÍTICA

Por qué puedo impartir clases de Lengua en Alemania y no en España

Decenas de periodistas pueden perder su puesto de trabajo como profesores en colegios concertados y privados por un decreto del Ministerio de Educación pese a existir una directiva europea que los habilita.

Almudena puso un examen por primera vez en 2010. Antes era periodista, pero desde aquel año se convirtió en la profesora Almu. Comenzó a enseñar sintagmas, fonemas, grandes obras de la literatura española y muchas cosas más. Almudena ha dado clases en cinco centros privados o concertados de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ya no sabe si podrá hacerlo más.

En España, según un Real Decreto de 2010 actualizado en 2015, en colegios privados o concertados, los licenciados en cualquier titulación universitaria del área de Ciencias Sociales o Jurídicas -donde se encuentra la carrera de Periodismo- no pueden dar clases de Lengua Castellana y Literatura (en ESO y Bachillerato), Literatura Universal  o Lengua Extranjera (en Bachillerato).

Almudena no podría teóricamente dar clases de Lengua y Literatura. Pero sigue siendo docente pese al Decreto. Su caso no es excepcional: en España hay decenas de licenciados o graduados en Periodismo que dan clases de Lengua. Muchos se siguen formando para ello. Otros comienzan a ser expulsados del sistema porque las comunidades autónomas -con muchos años de retraso- están empezando a aplicar ahora el polémico decreto.

El triángulo de la incomprensión

Los afectados han creado la Plataforma de Periodistas Afectados por los cambios normativos en Educación -a la que pertenece Almudena-, desde donde hace un año están luchando para que se les reconozca "la formación" y su aplicación, según cuenta uno de los damnificados a EL ESPAÑOL. 

Según relatan, esta situación es incomprensible ya que hay una "normativa supraestatal que invalida la decisión del Ministerio". Se refieren a una Directiva europea de 2005 relativa al "reconocimiento de las cualificaciones profesionales". Para defender sus puestos de trabajo, la Plataforma se remite a dos precedentes en los que el Ministerio autorizó, citando dicha Directiva, a dos personas licenciadas en Periodismo a las que después de dar clases de Español en países miembros de la Unión Europea les reconocieron su formación y capacidad para dar en España clases de Lengua -español, inglés, latín etcétera-.

La postura de la Plataforma la comparte también el Consejo Escolar del Estado, que antes del Decreto de 2015 pidió al Ministerio que se permitiese a los titulados en Periodismo dar clases de las materias anteriormente citadas. La posición de este Órgano obedece, según recoge el Consejo, a que la formación de los periodistas se corresponde completamente al objetivo de la materia de Lenguas, es decir, al "desarrollo de la competencia comunicativa".

El engaño de las universidades 

Pese a las reiteradas quejas de la Plataforma, el Ministerio de Educación mantiene su postura: los licenciados o graduados en Periodismo no pueden dar clase de Lengua Castellana y Literatura. Sin embargo, la gran mayoría de universidades españolas -públicas y privadas- sigue ofertando el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria (MAES) a los periodistas con la especialidad en Lengua o Lengua Extranjera.

Esa formación, siguiendo el Decreto, no les serviría para nada. Actualmente hay decenas de personas que se encuentran en esta situación: pagan y estudian para algo que nunca podrán ejercer, a menos hasta que se cambie la normativa. Es el caso de A. Marín, una periodista del País Vasco de 34 años y que tras "dar muchos tumbos" y "viendo el panorama laboral del periodismo", se decidió por la enseñanza y comenzó el MAES en abril de 2016.

La joven pagó casi 5.000 euros a la Universidad Internacional de Valencia por el máster para ser profesora de ESO y Bachillerato de Lengua y Literatura. Pero ahora no sabe si su inversión podrá rentabilizarla algún día: "¿Qué pasa si esto no ha servido para nada? Es una injusticia", denuncia. "¿Cómo puede ser que las universidades estén ofertando un máster que saben que está mal? Es indignante", añade.

Algo se mueve en Andalucía

Además, a aquellos periodistas que han trabajado durante años como profesores de Lengua (con el visto bueno de la Inspección educativa), la Administración no les reconoce el tiempo trabajado, lo que provoca un perjuicio notable en su carrera como opositores. Otro de los afectados, afirma: "Los administrados estamos pagando el error de la Administración, algo que consideramos anticonstitucional. Me estoy preparando las oposiciones de Lengua y esto me penalizaporque yo realicé mi trabajo igual que el resto de compañeros".

En una situación similar se encuentra Francisco, quien después de dar clases durante casi dos años en un colegio concertado de Andalucía fue despedido en atención al decreto. Un despido que él califica de abusivo e inmerecido. "La inspección educativa andaluza cambió de criterio y decidió comenzar a aplicar el decreto", explica a este periódico.

La situación de Francisco es la de muchos profesores andaluces y por eso la Consejería de Educación decidió tomar medidas: se comprometió a mantener las contrataciones anteriores al decreto de 2015 y a iniciar trámites con el Ministerio para que se resolviesen los demás casos. Sin embargo, Francisco y otros tantos profesores aún no han sido readmitidos. "Aunque Andalucía ha sido pionera en movilizarse por nuestro futuro, no todas las comunidades han actuado así: hay mucha gente que vive en la incertidumbre diaria: ¿me quedaré sin trabajo?", cuentan desde la Plataforma.

El caos de la Educación

La Plataforma cuenta con la ayuda de gran parte de las asociaciones de periodistas, incluida la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y decenas de Colegios Profesionales, como el de Andalucía, que comenzó la movilización. En la entidad ya suman un centenar de miembros, pero creen que "hay muchos más casos, sobre todo porque hay gente que está estudiando el máster y nadie les ha dicho que no vale", explican los afectados.

Siete años después de que se publicase el decreto de la polémica, la disparidad de criterios reina en las comunidades autónomas, en las provincias e incluso entre barrios: "Cada inspector educativo decide qué hacer". El caos reina en las vidas de decenas de profesores de vocación, cuyo futuro depende de la voluntad política.