Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, anuncia la personación del partido en el recurso de amparo del Defensor del Pueblo por la llamada 'ley de nietos'.
El PP pide personarse en el "insólito" recurso de Gabilondo al Constitucional "para defender un censo con garantías"
Ezcurra acusa al Gobierno de no remitir datos a la Oficina del Censo y anuncia un burofax para exigir el cumplimiento de los autos del Supremo.
Más información: El ponente del TC considera "prematuro" el recurso del Defensor del Pueblo sobre el voto CERA y pide su rechazo.
El PP pedirá al Tribunal Constitucional que admita su personación en el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del voto de parte de los españoles inscritos en el censo de residentes en el extranjero.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha anunciado que el partido pretende intervenir "para defender un censo íntegro como garantía electoral".
La también directora del programa electoral del PP ha calificado de "maniobra insólita" la iniciativa de Gabilondo y ha avanzado que los populares solicitarán la inadmisión del recurso.
Ezcurra sostiene que el Defensor acude al TC "a un mes de dejar el cargo" para obtener la anulación de las decisiones del Supremo, y cuando "la vía judicial ni siquiera ha terminado".
El Defensor del Pueblo, asegura Ezcurra, "debería defender al pueblo, no al Gobierno", y le reprocha que su propia demanda reconozca la "ineficacia administrativa" para ejecutar las medidas acordadas.
PP anuncia su personación en el recurso de amparo del Defensor del Pueblo ante el TC por la 'ley de nietos'.
La dirigente popular ha acusado al Gobierno, en un comunicado remitido por vídeo, de llevar más de un mes sin enviar a la Oficina del Censo "ni un solo dato", pese a los dos autos del Supremo.
También ha anunciado el envío de un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior para exigir su cumplimiento inmediato, con plazo hasta el jueves, y ha advertido de que el PP exigirá "todas las responsabilidades, también penales", si se desatiende el requerimiento.
Procedimiento abierto
La petición de inadmisión que anuncia el PP se apoya en que el procedimiento ante el Supremo continúa abierto.
Ése es también el argumento central de la propuesta del ponente del Constitucional, Enrique Arnaldo: considera que el amparo es prematuro porque la jurisdicción ordinaria todavía puede reparar las vulneraciones denunciadas y modificar las medidas cautelares. Se trata de una propuesta pendiente de decisión, no de un pronunciamiento del tribunal.
El recurso afecta a la suspensión cautelar del voto de 160.020 españoles nacidos y residentes en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad mediante la aplicación de la denominada ley de nietos.
La controversia se centra en una instrucción interna del Ministerio de Justicia que presumió la condición de exiliados de todos aquéllos que salieron de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955, sin exigir acreditar individualmente los motivos de esa salida.
Gabilondo atribuye a las resoluciones del Supremo la vulneración de los derechos a la participación política, la igualdad y la tutela judicial efectiva.
Además de pedir su anulación, solicita que el Constitucional suspenda de forma cautelarísima, sin oír previamente a las partes, la medida que mantiene en suspenso el voto.
La Sección Cuarta propuso elevar el asunto al Pleno y su presidente, Cándido Conde-Pumpido, lo incluyó en el orden del día de la reunión que comienza este martes. Por lo que se espera una resolución del TC sobre su admisión o no a trámite, a más tardar, este miércoles.
Los afectados, legitimados
El Supremo habilitó una vía para que los afectados puedan votar si los responsables consulares certifican que cumplen los requisitos legales, marcados en la Ley de Memoria Democrática, y que su nacionalidad no deriva únicamente de la presunción, considerada contra legem en la Junta Electoral Central.
El Defensor considera que los problemas de funcionamiento de los consulados y la "ineficacia administrativa" pueden impedir que esa solución llegue a tiempo, con la consiguiente pérdida del voto de personas cuya adquisición de nacionalidad no está cuestionada.
Arnaldo objeta que esa falta de diligencia administrativa no permite dar por agotada la vía judicial.
Recuerda el ponente que el Supremo ha emplazado a los afectados para que comparezcan como legitimados y formulen alegaciones, tras las cuales deberá pronunciarse nuevamente sobre las cautelares.
El magistrado del Constitucional reconoce la legitimación del Defensor para recurrir, pero sostiene que esa facultad no permite acudir al TC mientras subsistan medios útiles de reparación ante la justicia ordinaria.
