Pedro Sánchez en un mitin de precampaña del PSOE en Ponferrada.
Sánchez presiona al Supremo mientras delibera sobre la ley de nietos: "Sería inconstitucional prohibirles votar"
Argumenta que no se puede impedir votar a quienes han adquirido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática.
Más información: El Supremo deja en suspenso la inscripción en el censo electoral de los acogidos a la 'ley de nietos' salvo que acrediten el exilio
El presidente Pedro Sánchez ha advertido este domingo al Tribunal Supremo que sería "inconstitucional" impedir que 400.000 "nietos de exiliados" puedan votar en las elecciones generales del 29N.
Y se ha preguntado si en estos comicios "los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar, y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar".
Sánchez ha pronunciado estas palabras durante un acto de precampaña del PSOE en Ponferrada (León), mientras este mismo domingo el Tribunal Supremo delibera sobre si deben ser apartadas del censo electoral 400.000 personas que han adquirido la nacionalidad española con la ley de nietos.
El presidente ha argumentado que estas personas, la mayoría de ellas residentes en países de América Latina, han adquirido la nacionalidad de forma legal, y por tanto no se les puede privar de un derecho constitucional como es el voto.
"Desde aquí pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y Abascal", ha indicado Sánchez, "porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza".
El pasado 8 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admitió las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox, y acordó suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de quienes hayan obtenido la nacionalidad española en virtud de la Instrucción del Ministerio de Justicia sobre la llamada ley de nietos.
La instrucción firmada por Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes) otorgó la condición de "exiliados" políticos a todos los españoles que salieron de nuestro país entre 1936 y 1955, sin que sea necesario acreditar que sufrieron algún tipo de persecución por motivos políticos o ideológicos.
De este modo, sus descendientes pueden pedir la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática.
Además, el Gobierno permite que estos supuestos nietos de exiliados puedan inscribirse en el censo electoral de la provincia que elijan para votar, aunque jamás hayan pisado España.
La Abogacía del Estado pidió al Tribunal Supremo el pasado 21 de septiembre que deje sin efecto las medidas cautelares alegando que no se puede "cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia".
Además, la Abogacía advertía en su recurso que a las oficinas consulares no les va a dar tiempo de certificar antes del 1 de enero de 2027 cuáles de estos nuevos españoles han adquirido la nacionalidad a través de la instrucción dictada por Sofía Puente (es decir, sin necesidad de acreditar que existió una persecución política o ideológica).
Mucho menos ahora, que Pedro Sánchez ha anticipado las elecciones al 29 de noviembre.
Por ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mantiene suspendida la inscripción en el censo de la totalidad de las personas que recibieron la nacionalidad a través de la ley de nietos, dado que el Gobierno no logra acreditar cuáles de ellas lo hicieron a través de la instrucción de Sofía Puente.
Se espera que esta Sala del Supremo podría dar a conocer este domingo su resolución.
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