Maricarmen Abascal, la mujer desahuciada de su piso del barrio de Retiro (Madrid) a los 87 años.

Maricarmen Abascal, la mujer desahuciada de su piso del barrio de Retiro (Madrid) a los 87 años. EP

Política

La muerte de Maricarmen tensiona más el debate sobre la vivienda y los desahucios ante la huelga general y el 29-N

Irene Montero dice que no ha sido una muerte sino "un asesinato" y Rufián exclama "¡Qué hijos de puta!".

El Sindicato de Inquilinas vincula su fallecimiento al "proceso torturante" vivido tras su desahucio, hace 14 días.

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Maricarmen, de 87 años, murió hospitalizada días después de su desahucio; el Sindicato de Inquilinas vincula el fallecimiento al «proceso torturante» vivido y afirma que el acuerdo para regresar al piso llegó tarde.

El desalojo se produjo por la extinción judicial de un contrato de renta antigua de 1956, no por impago de hipoteca o alquiler ordinario; las administraciones le ofrecieron tres alternativas habitacionales que no aceptó.

La muerte eleva la tensión política sobre vivienda ante la huelga general del 11 de noviembre y las elecciones del 29-N, mientras el Gobierno busca convalidar de nuevo sus decretos en la Diputación Permanente.

Dirigentes de izquierda y Vox atribuyeron responsabilidades por la muerte en redes, mientras Feijóo pidió evitar su utilización electoral; la acampada de Sol continúa y el TSJM rechazó su desalojo cautelar.

La muerte de Maricarmen ha elevado la tensión de una precampaña que el PSOE de Pedro Sánchez está azuzando, junto a sus socios de la izquierda, alrededor de la vivienda y de la movilización en las calles.

La mujer de 87 años permanecía hospitalizada desde su desahucio del 23 de septiembre, y su fallecimiento añade una carga emocional extrema al enfrentamiento político.

El Gobierno se ha situado junto a quienes protestan y busca anular la votación que rechazó sus decretos de vivienda en el Congreso. Con las Cortes disueltas, la decisión corresponderá a la Diputación Permanente, cuya aritmética resulta más favorable al Ejecutivo.

La huelga general del 11 de noviembre, sólo dos días antes del inicio de la campaña, conecta estas movilizaciones sociales que agitan la calle con las elecciones del 29-N.

El PSOE intenta dirigir esa indignación "contra la oposición" y presentarse como aliado de la calle, pese a su responsabilidad en las políticas de vivienda de ocho años en Moncloa.

Por ejemplo, la exministra Irene Montero ha llevado la reacción al terreno de la acusación más dura: "No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Maricarmen".

Por su parte, Gabriel Rufián (ERC) ha publicado un "Qué hijos de puta", muy en su estilo simplista, sin identificar destinatarios.

Y ambos mensajes elevan la culpabilización y la hostilidad en las redes, después de días en los que las informaciones que llegaban desde el Hospital Gregorio Marañón ya indicaban la delicadez del estado de salud de Maricarmen.

El Sindicato de Inquilinas, que colaboró con la protagonista durante años para impedir su desahucio, vincula la muerte al "proceso torturante" vivido tras el lanzamiento y sostiene que el acuerdo para regresar a casa llegó "demasiado tarde".

Su comunicado presenta como legado de Maricarmen las manifestaciones, las acampadas, el "adelanto electoral y la huelga general".

Un símbolo confuso

La imagen de una anciana saliendo en camilla de su casa concentró agravios diferentes de una política fracasada: alquileres inasumibles, sueldos insuficientes y dificultades para acceder a la hipoteca comprar una vivienda.

UGT y CCOO, los sindicatos de clase, se han unido a la movilización, reuniendo esas demandas bajo una misma convocatoria.

Pero lo cierto es que la fuerza del símbolo no se correspondía con la realidad de un caso que, de fondo, no era representativo de todos esos problemas.

Maricarmen no fue desalojada por dejar de pagar una hipoteca o un alquiler ordinario, sino por la extinción judicial de un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956.

La Audiencia Provincial consideró agotada en 2007 la duración legal de la segunda subrogación, producida tras la muerte de su madre en 2005.

Y esa limitación procedía del régimen transitorio de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada durante el Gobierno de Felipe González.

Así, la realidad es que el argumento de que los decretos habrían evitado el desalojo exige precisión. Su contrato no estaba suscrito conforme a esa norma de 1994, categoría a la que se refería la suspensión invocada.

La propia Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, planteó esa objeción cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sostuvo que el decreto antidesahucios habría impedido el desalojo. Muñoz recordó que el contrato era de 1956 y cuestionó que encajase en aquella protección.

Además, se le ofrecieron tres soluciones habitacionales "adecuadas"; como exigen las leyes y esos decretos: una plaza residencial adjudicada por la Comunidad en Alcalá de Henares, otra ofrecida durante el desahucio y una tercera estable, ya en una residencia municipal.

Según las administraciones, Maricarmen no las aceptó; su abogada explicó que quería conservar su autonomía y vivir en una casa.

El acuerdo posterior para volver al piso, inspirado por la mediación del alcalde, José Luis Martínez Almeida, con un alquiler limitado al 30% de sus ingresos netos, finalmente no llegó a materializarse. Maricarmen murió todavía ingresada en el hospital.

El Gobierno, junto a la protesta

La singularidad política de la huelga general convocada para dos días antes de iniciarse la campaña electoral reside en que el Gobierno no se presenta a sí mismo como afectado, sino como aliado.

El mismo Bolaños comparte sus motivos oficiales —mejores salarios y vivienda asequible— y exige el apoyo para los decretos ante la Diputación Permanente.

Arcadi España, ministro de Hacienda, defiende vivir la convocatoria con "absoluta normalidad" y señala a los partidos que "sientan que va contra ellos".

María Jesús Montero, exvicepresidenta y ahora responsable de estrategia electoral del PSOE, lo formula sin rodeos: "Es inédito, esta huelga general se convoca contra la oposición, por tumbar los decretos del Gobierno".

Así, el PSOE intenta transformar una protesta por problemas persistentes bajo sus gobiernos en una impugnación de quienes bloquean sus medidas de última hora.

Bolaños conecta la presión social con las urnas: "Allí donde no hemos llegado tendrán que llegar los ciudadanos con su voto".

Y el presidente Sánchez abunda en la idea: "Cuando el Parlamento le da la espalda a la ciudadanía, este Gobierno no mira a otro lado, necesitamos otro Parlamento y una mayoría más amplia".

Esa sintonía es el indicio claro de que los sindicatos actúen por instrucciones de Moncloa, con CCOO y UGT emplazando a las administraciones a combatir la especulación. No tanto el llamado Sindicato de Inquilinas, que prefiere reprochar también al Ejecutivo su prolongada "inacción".

Al tiempo que las centrales reclaman salarios más altos, reducción de jornada y control de precios, el Gobierno dice compartir sus reivindicaciones mientras el PSOE dirige su interpretación política contra la oposición.

La treta y la calle

La estrategia tiene una vertiente institucional: reeditar las medidas rechazadas en el Pleno y buscar una treta legal para su convalidación ante otro órgano. El propio Sánchez admitió en rueda de prensa que los nuevos decretos "mantienen la esencia" de los anteriores.

En la Diputación Permanente, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos sumarían 34 votos, frente a los 34 de PP, Vox y Junts. El PNV, cuyo voto era el decisivo, ya ha comprometido el sí al texto principal

Ese órgano puede constitucionalmente convalidar decretos leyes durante la disolución de las Cámaras, forzada un día antes por el mismo Sánchez. PP y Vox califican la treta de "tramposa", mientras el Ejecutivo invoca la protección de los hogares vulnerables.

La movilización también alimenta la competición entre las izquierdas. Ada Colau, que suena para liderar el Frente Amplio que sustituirá a Sumar, respaldó la iniciativa de huelga incluso desde antes de fijarse la fecha del 11-N.

Por su parte, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, expresó su disposición a contribuir a "la movilización sindical".

Más Madrid, uno de los núcleos del espacio a la izquierda del PSOE, propone este jueves un minuto de silencio ante la Asamblea de Madrid.

Y la ministra Mónica García describe la lucha de Maricarmen como una "mecha que ya no se va a apagar".

La acampada de Sol continúa, entretanto, y con expectativas de llegar hasta la campaña electoral, pues no parece que se vaya a disolver antes de la huelga general.

El rechazo del TSJM a ordenar su desalojo cautelar por la vía solicitada por la Comunidad, no resuelve el fondo, pero obliga a esperar tres meses para considerar probada la "inacción" de la que acusa Isabel Díaz Ayuso al delegado del Gobierno de Sánchez.

La presidenta madrileña acusa al del Gobierno de haber convertido la plaza en "un campamento político".

Los líderes y el 'hate'

Las redes se están convirtiendo, al menos en este inicio de precampaña, en el escenario de la lucha política. En ese contexto, el hate (odio) esparcido tras la noticia de la muerte de Maricarmen no sólo se lanzó desde las izquierdas radicales contra "los buitres" y las derechas: también fue de vuelta.

Sánchez envió, rápidamente, su cariño a la familia y "a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia".

Por su parte, el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, eligió un registro presidencialista, sin responder a los ataques: "Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro", tecleó tras ofrecer su pésame.

El líder del PP ya había reclamado "buscar soluciones excepcionales" a los pocos días del desahucio de Maricarmen. Ahora evita el enfrentamiento y pide que la muerte de Maricarmen quede fuera de la disputa electoral.

Vox, en cambio, entró de lleno en la polémica: "Han matado a Maricarmen", afirmó su perfil oficial.

La formación liderada por Santiago Abascal acusó a quienes promovieron las movilizaciones de utilizar su sufrimiento "para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda".

El mensaje señala directamente a Sánchez y añade: "Que se sepa quién ha traído la ruina y la muerte (en el apagón, en la DANA, en Adamuz, en Ceuta) a España. PÁSALO".

Vox responde a las acusaciones desde la izquierda con otra imputación de responsabilidad por la muerte.

Y ese "PÁSALO" evoca el SMS que convocó protestas ante las sedes del PP el 13 de marzo de 2004, tras el 11-M y en una víspera electoral. La campaña también se juega a la derecha, donde se contrapone la contención de Feijóo con la escalada verbal de Vox, similar a la de líderes de izquierda.