Sociedad

Desahucian a Maricarmen pese a la concentración de 400 personas para evitarlo: llevaba 71 años viviendo en esa casa

La comisión judicial ha ejecutado el cuarto intento de lanzamiento de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde la vecina vivía desde 1956.

Más información: Urbagestión, la empresa que ha echado a Maricarmen, "no le dejó recoger sus cosas"

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Maricarmen Abascal, de 87 años, ha sido desahuciada de la vivienda donde vivió durante 71 años en el distrito de Retiro, Madrid.

El desahucio fue ejecutado en el cuarto intento, pese al apoyo de 400 personas y peticiones internacionales para evitarlo.

La propiedad alegó que la segunda subrogación del contrato de renta antigua no era válida, y el Tribunal Supremo le dio la razón en marzo.

La cuantía del nuevo alquiler propuesto por la propiedad era inasumible para Maricarmen, pasando de 440 a 1.650 euros mensuales.

Maricarmen Abascal, de 87 años, ha sido desahuciada este miércoles de la vivienda en la que llevaba 70 años, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. La comisión judicial ha acudido esta mañana al inmueble para ejecutar el cuarto intento de lanzamiento, después de varios aplazamientos y de años de batalla judicial.

Maricarmen deja así la vivienda en la que entró a vivir en 1956, cuando tenía 17 años, junto a sus padres. Allí ha pasado prácticamente toda su vida y conserva sus recuerdos familiares. En los últimos meses, además, su estado físico se había deteriorado notablemente: después de varias operaciones de cadera y una pérdida importante de masa muscular, necesita una silla de ruedas para desplazarse.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, aseguró que intentaron negociar con Urbagestión para tener unos días y buscar una opción en la que pueda vivir pero se negaron. Añade que pidió unas horas para que Maricarmen pudiera recoger sus pertenencias, pero la respuesta también fue negativa.

Irene Montero hablando con la policía.

Irene Montero hablando con la policía. Cristina Villarino

La policía llegó al portal de Maricarmen a las 5:45 y ya no dejaron pasar a prensa ni manifestantes al perímetro cercano a su portal. Llegó Irene Montero a las 7:00 de la mañana para hablar con la policía y le negaron también el acceso a ella. Enrique Santiago, diputado de Sumar también acudió a la concentración.

El conflicto con la propiedad comenzó por el contrato de renta antigua que sus padres firmaron en 1956. El padre de Maricarmen figuraba como titular y, tras su fallecimiento, el contrato pasó a su esposa, cuando esta murió en 2005, se produjo una segunda subrogación a favor de Maricarmen.

Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, propietaria actual del inmueble, sostiene que esa segunda subrogación no podía mantenerse y que el contrato había quedado extinguido. El Tribunal Supremo dio la razón a la propiedad el pasado mes de marzo, después de años de procedimiento judicial.

Manifestantes apoyando a Maricarmen.

Manifestantes apoyando a Maricarmen. Cristina Villarino

La defensa de Maricarmen ha vinculado el conflicto con la legislación antigua que impedía que su madre figurase como cotitular del contrato original. De haber podido hacerlo, sostienen, la situación contractual de Maricarmen habría sido distinta al producirse el fallecimiento de su madre.

La propiedad llegó a plantear a Maricarmen un nuevo contrato por 1.650 euros mensuales, una cantidad que su defensa consideraba inasumible para sus ingresos. Hasta entonces pagaba 440 euros al mes. La empresa reclama además 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas por daños y perjuicios relacionados con la campaña pública desarrollada en apoyo de la vecina.

El desahucio se produce después de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidiera en junio a España información sobre las medidas adoptadas para evitar que Maricarmen fuese desalojada sin una alternativa habitacional. El organismo había solicitado la suspensión cautelar del lanzamiento mientras se buscaba una solución.

En los días previos al desahucio, Casa 47, la empresa pública estatal de vivienda, comunicó a la abogada de Maricarmen que estaba trabajando en una posible solución residencial. Y un día antes de este cuarto intento de desahucio, el Gobierno pidió al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que frenaran el lanzamiento.

Una manifestante.

Una manifestante. Cristina Villarino

Este era el cuarto intento de lanzamiento. El primero tuvo lugar en octubre de 2025 y fue suspendido en los juzgados la víspera. El pasado 2 de junio se produjo el último intento, que también terminó aplazándose a última hora. Esta vez, sin embargo, la comisión judicial ha ejecutado el desalojo.

Durante toda la noche, vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas permanecieron frente al portal para acompañar a Maricarmen y tratar de evitar el lanzamiento.

Maricarmen abandona así la casa en la que vivió desde los 17 años y en la que murieron sus padres. El caso pone fin, al menos en esta vivienda, a una batalla judicial que se ha prolongado durante años y que ha convertido a Maricarmen en uno de los rostros más conocidos de la lucha de los inquilinos por la vivienda en Madrid.