Maricarmen en la que ha sido su casa del distrito del Retiro, en Madrid. El Español
Urbagestión, la empresa que ha desahuciado a Maricarmen, se negó "a darle unas horas para sacar sus cosas"
Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, especializada en activos inmobiliarios, ha ganado la batalla judicial con la pensionista de 87 años por el piso de Retiro.
Más información: Desahucian a Maricarmen pese a la concentración de 400 personas para evitarlo: llevaba 71 años viviendo en esa casa.
A los 87 años, María del Carmen Abascal se ha convertido en una de las caras más conocidas de la crisis de la vivienda. Este miércoles ha sido desahuciada de la vivienda en la que llevaba viviendo desde 1956, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro.
La comisión judicial ha ejecutado esta mañana el cuarto intento de lanzamiento del inmueble, tras varios aplazamientos y años de batalla judicial.
La empresa que reclamaba la vivienda hasta hoy es Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una sociedad dedicada al negocio inmobiliario y especializada en la compra, venta y gestión de activos.
Según la información corporativa de la compañía, su actividad se centra en la inversión en edificios, viviendas, suelo, locales comerciales, oficinas, hoteles y otros activos inmobiliarios con rentabilidad.
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha informado de que intentaron negociar con Urbagestión para darle unos días a la inquilina para encontrar un lugar en el que vivir, pero la empresa se negó. Incluso, "se negaron a darle unas horas para sacar sus cosas".
A pesar de la acampada en la puerta del edificio, hasta que llegó la Policía Nacional para levantarla, los esfuerzos de organizaciones vecinales, el Sindicato de Inquilinas e incluso la ONU, no han servido para nada.
Pero la pregunta que se ha repetido durante meses entre quienes siguen su historia es: ¿quién está detrás de Urbagestión?
La empresa
La firma forma parte de un grupo empresarial vinculado al sector inmobiliario que opera desde Madrid y Valladolid. Entre los servicios que ofrece figuran el análisis de inversiones, los estudios de mercado, la consultoría inmobiliaria y el asesoramiento en operaciones de compraventa de inmuebles.
La relación entre la empresa y Maricarmen comenzó después de que el edificio en el que vive, situado en la calle Sainz de Baranda, cambiara de manos. El inmueble había pertenecido durante décadas a una familia particular, pero fue vendido en 2018 dentro de una operación inmobiliaria, y terminó siendo adquirido por Urbagestión.
El conflicto judicial
El conflicto con la propiedad se originó por el contrato de renta antigua que los padres de Maricarmen firmaron en 1956. El padre figuraba como titular y, tras su fallecimiento, el contrato pasó a su esposa; cuando esta murió en 2005, se produjo una segunda subrogación a favor de Maricarmen.
Urbagestión sostuvo que esa segunda subrogación no podía mantenerse y que el contrato había quedado extinguido. Tras varios recursos y resoluciones contradictorias, el caso llegó al Tribunal Supremo, que el pasado mes de marzo dio la razón a la propiedad, avalando la interpretación jurídica de que la segunda subrogación tenía una duración limitada.
La defensa de Maricarmen ha vinculado el conflicto con la legislación antigua que impedía que su madre figurase como cotitular del contrato original; de haber podido hacerlo, sostienen, su situación contractual habría sido distinta tras el fallecimiento de la madre.
Maricarmen reside en la vivienda desde la infancia y tiene una pensión inferior a la renta que se le planteó de 2.500 euros para seguir viviendo ahí. Según denuncian las organizaciones que la han apoyado, asumir ese alquiler resultaba imposible para ella: la empresa le había subido un 247% el alquiler.
La compañía reclama además 10.000 euros al Sindicato de Inquilinas por daños y perjuicios relacionados con la campaña pública desarrollada en apoyo de la vecina.
El desahucio
Este era el cuarto intento de lanzamiento. El primero tuvo lugar en octubre de 2025 y fue suspendido en los juzgados la víspera; el pasado 2 de junio se produjo otro intento, que también terminó aplazándose a última hora.
Esta vez, sin embargo, la comisión judicial ha ejecutado el desalojo. El desahucio se produce después de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidiera en junio a España información sobre las medidas adoptadas para evitar que Maricarmen fuese desalojada sin una alternativa habitacional, solicitando la suspensión cautelar del lanzamiento mientras se buscaba una solución.
Maricarmen abandona así la casa en la que vivió desde los 17 años y en la que murieron sus padres. El caso pone fin, al menos en esta vivienda, a una batalla judicial que se ha prolongado durante años y que ha convertido a Maricarmen en uno de los rostros más conocidos de la lucha de los inquilinos por la vivienda en Madrid.
