Los operarios desmontan la histórica Verja en la frontera entre España y la colonia británica de Gibraltar en suelo español, este miércoles.
El Gobierno acepta que España pierda el control del tratado de Gibraltar sin siquiera discutirlo en las Cortes
Un cambio en el artículo 66.2, oculto durante meses, deja la denuncia de "terminación" del acuerdo en manos de los "procedimientos internos" de Bruselas.
Más información: El PP califica de "fraude" el tratado de Gibraltar, arremete contra las cesiones de soberanía y exige que se vote en las Cortes.
Este miércoles, el día del derribo de la Verja, se publicó la versión definitiva del tratado de Gibraltar.
En el texto, escondido entre las 1.178 páginas del texto, se apreció un cambio en el párrafo dos del artículo 66 que supone la renuncia por parte de España al control directo sobre la vida o muerte del acuerdo.
El Gobierno de España lo aceptó el pasado 1 de abril, en una reunión del Consejo de la UE, a nivel de representantes permanentes (embajadores). Y con la nueva redacción, España ya no puede "ordenar" a la Unión Europea la "terminación" del tratado.
La renuncia a formar parte de la negociación como "tratado mixto" para que fuese la Comisión Europea la única parte del mismo, además de Reino Unido, hará que el texto no sea debatido ni votado en las Cortes españolas.
Y de este modo, a pesar de que el artículo 2 "salvaguarda" las posiciones de Madrid y Londres en la reivindicación de soberanía sobre la Roca, los representantes políticos españoles no tendrán nada que decir "después de tres siglos de enfrentamiento", en palabras de José Manuel Albares.
El acuerdo se presenta, oficialmente, como un pacto entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Peñón. España queda como Estado miembro interesado, pero ya no como parte firmante capaz de activar por sí misma la rescisión.
El cambio sustancial
La oposición del Partido Popular ha denunciado "las formas".
Es decir, que esto choca con el compromiso arrancado a Bruselas por el Gobierno de Mariano Rajoy, durante las negociaciones del Brexit, para que Madrid tuviera "siempre la última palabra" sobre cualquier decisión respecto a Gibraltar.
Pero la crítica se agrava ahora con "el fondo": al conocerse que el 25 de marzo se retocó y el 1 de abril se aprobó, en silencio, el artículo que regulaba el mecanismo de terminación del tratado.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento interno que recoge esos cambios. Se trata de una nota de la Secretaría General del Consejo que se presentó aquel miércoles de marzo, y se aprobó una semana después en una reunión a nivel de COREPER (los embajadores de los Veintisiete) en Bruselas.
En ese papel se describe una "propuesta de compromiso de la Presidencia" para retocar varios artículos del tratado. Entre ellos figura el artículo 66, que regula cómo y quién puede poner fin al acuerdo UE‑Reino Unido sobre Gibraltar.
La versión original del artículo 66.2 era clara: España podía "ordenar" a la Unión que terminara el acuerdo, y la UE debía "proceder a esa terminación", sin matices ni condiciones adicionales.
Tras el cambio aprobado en el COREPER, esa obligación automática desaparece.
![Maros Sefcovic, Fabián Picardo, David Lammy y José Manuel Albares, durante la última reunión sobre Gibraltar en septiembre de 2024](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10983174.jpg?p=w:1706\/h:960&h=C51QL5nS"])
El nuevo texto dice que, si España solicita la terminación, la Unión "tomará las medidas necesarias de acuerdo con sus procedimientos internos, con vistas a terminar el acuerdo".
Puede parecer lo mismo pero, en términos jurídicos, España deja de dar un poder vinculante sobre Bruselas. Pasa a formular una solicitud que se somete a los equilibrios y tiempos de decisión de las instituciones europeas.
Aun así, desde el Ministerio de Exteriores restan importancia al giro.
Según fuentes del departamento de Albares, "España mantiene intactas todas las prerrogativas de aplicación y rescisión del Acuerdo UE‑Reino Unido", y sigue siendo el Estado clave para cualquier cambio de fondo sobre Gibraltar.
El proceso de "dilución"
El contexto de fondo arranca con el Brexit. El Gobierno de Rajoy logró entonces que la Unión reconociera que ningún acuerdo futuro sobre Gibraltar con Londres podría cerrarse sin el visto bueno previo de España.
Esa posición se fue modulando en los años siguientes.
Con los múltiples avatares de cambio de Gobierno en Reino Unido tras la salida de la UE, y en medio de enormes crisis internacionales y geopolíticas, como la pandemia, las guerras y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la negociación se encalló varias veces.
En todo caso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aceptó que la negociación formal y la firma del tratado recayeran en la Comisión Europea, mientras Madrid quedaba en los márgenes, como Estado miembro, y defendía sus intereses como interesado.
![uj](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/1820170.jpg?p=w:1706\/h:960&h=m447aayz"])
Fuentes diplomáticas recuerdan que el artículo se había diseñado como la garantía de que España conservaba un "botón nuclear".
Y así se presentó desde que se anunció el acuerdo, a finales de febrero, hasta este martes, cuando la versión pública del tratado mantenía la primera redacción, según las citadas fuentes diplomáticas.
"Según el texto original era automático, España pedía y la UE terminaba el acuerdo. Pero ahora se rompe el automatismo", resumen.
Una de esas fuentes apunta a cómo se aprobó el retoque. "Fue presentado como un 'cambio técnico', pero es una modificación sustancial", explica.
En el PP hablan directamente de "dilución" de la posición española y de "opacidad" en el proceso.
“Lo han mantenido oculto. No cambiaron la versión colgada en redes. De hecho, este martes 14 de julio seguía la anterior. Y han engañado a la opinión pública”, denuncia una fuente de la dirección popular.
El contenido del tratado
Preguntadas por el origen concreto de la enmienda, las fuentes diplomáticas consultadas admiten que no saben "quién propuso los cambios". Pero deducen que, por lógica, "sería Reino Unido y los gobernantes de Gibraltar, porque son los beneficiados".
El tratado blinda formalmente las posiciones jurídicas de España y Reino Unido, pero lo hace sobre un marco que consolida la soberanía británica sobre la Roca.
![Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, ante el Comité de Territorios no autónomos de Naciones Unidas, en Nueva York.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11293701.jpg?p=w:320\/h:240&h=EjIMnTzi"])
Es decir, España acepta un sistema de control "dual" de la frontera, la supervisión europea y la integración funcional de Gibraltar en Schengen, lo que rebaja la "posición de ventaja" de España para presionar por sus intereses, derivada del Brexit.
España asume, así, un esquema estable de cooperación. Mientras, Reino Unido mantiene el control de la soberanía y de las infraestructuras estratégicas.
Madrid se queda en la gestión de flujos y controles de personas y de mercancías, pero de la mano de las autoridades de la colonia y sin capacidad real para imponer su titularidad sobre el territorio.
En todo caso, el Gobierno de Sánchez ha presentado el texto como un avance técnico, "para el día a día de los habitantes de la zona", en la gestión de la frontera.
Y efectivamente, el acuerdo cristaliza una relación en la que España mejora la operativa diaria.
Pero acepta que la cuestión de la soberanía quede congelada en fórmulas de salvaguardia que consolidan el statu quo en un tratado internacional vinculante, del que ya no se tiene el botón de salida.
La desaparición de la Verja y la nueva movilidad alivian la vida de los miles de trabajadores transfronterizos y pueden dar oxígeno a la economía del Campo de Gibraltar.
Aunque no se contemplan por escrito medidas concretas que alivien las desventajas fiscales o compensen las rentas a un lado y otro de la (ya inexistente) Verja.
![El pacto sobre Gibraltar elimina la Verja pero impone un control dual de la frontera que implica 'de facto' la soberanía británica](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10984328.jpg?p=w:320\/h:240&h=U9xotWJ-"])
El texto también refuerza la coordinación con la UE en aduanas, fiscalidad y seguridad, algo que España puede vender como un paso adelante en orden fronterizo y lucha contra el contrabando.
Sin embargo, la introducción de un nuevo impuesto que gravará con un 15% artículos como el tabaco o el alcohol, sigue beneficiando a la colonia británica en suelo español, y los mecanismos de revisión no contemplan plazos obligatorios para la armonización al 21% del IVA europeo.
Sánchez y Feijóo
Este miércoles, Pedro Sánchez se hizo la foto de la nueva etapa. El presidente asistió en La Línea a la ceremonia de demolición de la Verja, de la mano del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.
Lo que Moncloa vendía como un acto "histórico" de la caída del "último muro de la Europa continental", era visto desde la oposición como una cesión más, al aparecer el gobernante español al mismo nivel que el de la colonia.
El PP ha redoblado sus reproches por las "cesiones de soberanía" en el texto, el fondo, y por la falta de debate en las Cortes, las formas.
El partido de Alberto Núñez Feijóo califica el acuerdo de "fraude" y denuncia que se ha "dilapidado" la mejor oportunidad para España de avanzar en la soberanía del territorio, tras el Brexit.
Génova critica que decisiones que afectan al control de la frontera, al estatuto fiscal de Gibraltar y ahora también al "botón de salida" del tratado se hayan tomado sin un voto específico del Congreso y el Senado.
El propio Feijóo ha fijado su posición: "El acuerdo con Gibraltar debe ser completado para que una buena noticia no se convierta en una debilidad para España", ha advertido, reclamando más concreción sobre fiscalidad, pesca, pensiones y servicios financieros.
El líder del PP ha marcado también el marco en el que quiere librar esta batalla: “No hay prosperidad compartida sin equiparación fiscal".
Y se ha comprometido a defender esta posición "desde el Gobierno", así como a garantizar que todos los intereses españoles se concretarán "donde está representada la soberanía nacional: en el Congreso de los Diputados".
