Última hora política, en directo | El PP urge a Albares a que certifique la "transparencia y garantía" de la ley de nietos y pide su comparecencia en el Congreso

Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado este miércoles que ha sido expulsado de Vox, una formación de la que fue uno de sus fundadores y en la que llegó a ostentar el carné de afiliado número 5.

Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero, la verdad, me ha dado un poco de pena", afirma al inicio de su mensaje.

El PP ha lanzado una ofensiva para "fiscalizar" y exigir "garantías" sobre el "mayor proceso de nacionalización" que está impulsando el Gobierno y que, según este partido, "afecta a 2,6 millones de personas". Así, quiere que comparezca en el Congreso de manera urgente el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pide a la Abogacía del Estado un informe sobre la externalización del proceso y exige copia del expediente de contratación de la empresa pública Ineco para tramitar expedientes, así como de la empresa cubana Palco.

El registro de estas iniciativas se produce después de que esta semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de practicar "ingeniería electoral" para conseguir "nuevos votantes" a través de la llamada 'Ley de Nietos' porque "no le salen las cuentas". Eso sí, los 'populares' han rechazado hablar de "pucherazo" como sí apuntan desde Vox.

El PP ha indicado que lo que pretende con esta "ofensiva informativa" es que el proceso iniciado por el Ejecutivo "por la puerta de atrás se haga con todas las garantías, informando al conjunto de los ciudadanos a través del Parlamento español". "Esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y de ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad", ha afirmado la formación en un comunicado.

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha abierto un nuevo capítulo en la guerra interna que mantiene con la dirección nacional del partido al cargar contra los concejales Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal, alineados con Bambú, después de que ambos votaran en el Pleno de Cibeles a favor de mantener la colaboración municipal con la Fundación Eddy-G para facilitar un hogar a jóvenes LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad, "privilegiados" para el edil en guerra abierta con Santiago Abascal.

"¿Prioridad nacional o para el colectivo LGTBI? Nos estamos volviendo locos", ha lanzado Ortega en un vídeo difundido en redes sociales, en el que critica el voto de ambos ediles y sostiene que supone establecer una "prioridad para el colectivo LGTBI" en el acceso a viviendas.

En una publicación en la red social 'X', Ortega se ha preguntado qué hacen, en sus palabras, "los dos concejales tránsfugas de Bambú" votando a favor de "entregar vivienda pública al colectivo LGTBI únicamente por su orientación sexual". El edil ha defendido que Vox ha sostenido desde su fundación que "todos los españoles" son "iguales ante la ley", como recoge el artículo 14 de la Constitución, y ha insistido en que no debe haber discriminación ni diferencias en el acceso a derechos y obligaciones.

"La bandera que nos representa es esta, a todos", ha remarcado Ortega en referencia a la enseña nacional, antes de añadir que, a su juicio, "algunos han perdido la cabeza" pero no se la van a hacer perder "al resto".

El Partido Popular, que lidera la acusación popular en el caso Leire, ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la causa de las llamadas cloacas del PSOE, que llame como imputada a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Los populares, que dirigen la acusación popular, también solicitan al juez Pedraz que investigue a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo del Instituto Armado, Manuel Llamas.

La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, aseguró este miércoles que las políticas de Cohesión son "una piedra angular de los planes" del Ejecutivo comunitario, y apostó por una gestión descentralizada de esos fondos.

"La política de Cohesión sigue siendo una piedra angular de los planes y garantiza que se respete su papel en su gobernanza, porque no podemos cumplir nuestros objetivos si trabajamos desde una centralización del poder", dijo Ribera durante su intervención en un debate sobre clima y energía en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR).

"No obstante, debemos compartir responsabilidades y aunar esfuerzos de manera respetuosa y eficaz", subrayó.

Las regiones europeas vienen reclamando que en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 no se centralicen los fondos de cohesión como ha planteado el Ejecutivo comunitario.

Con respecto a la propuesta de la Comisión, Ribera sostuvo que "tiene como objetivo apoyar la transición limpia y justa, situando a las regiones en el centro de la misma".

La nueva presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz, se ha reunido este miércoles con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que le ha trasladado el sentimiento de "profunda traición" de las víctimas por las excarcelaciones de presos etarras y ha afirmado que no se puede celebrar el fin de ETA siendo EH-Bildu socio "preferente" del Gobierno.

La nueva presidenta, que ha sustituido a Maite Araluce, ha expresado al ministro "el dolor que provoca ver a EH-Bildu convertido en socio preferente del Gobierno, así como la sensación de que, pese a la derrota operativa de ETA, las víctimas no pueden celebrar plenamente esa victoria al comprobar cómo los herederos del brazo institucional de la banda terrorista han adquirido capacidad de influencia en decisiones políticas de primer nivel".

Para la asociación, este reconocimiento supone una nueva forma de revictimización y una profunda falta de respeto hacia quienes sufrieron directamente la violencia terrorista.

Otro de los asuntos centrales del encuentro ha sido la política penitenciaria aplicada a los presos condenados por terrorismo. La AVT ha denunciado que se está utilizando la legislación penitenciaria para vaciar progresivamente las cárceles y dejar sin contenido efectivo las sentencias penales dictadas por los tribunales.

Las acusaciones populares en el causa de Begoña Gómez, han expresado su "oposición definitiva y total" a la petición de la esposa del presidente, de poder viajar al extranjero junto a Pedro Sánchez, debido al riesgo de sustracción a la justicia que aprecian.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, las acusaciones lideradas por Hazte Oír se pronuncian así sobre la solicitud que hizo recientemente Gómez al juez Juan Carlos Peinado para poder viajar al extranjero entre el 7 y el 10 de julio. Gómez quiere viajar a Ankara para acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN, y luego a Londres para asistir a la graduación de su hija.

El letrado de Gómez hizo esta petición dado que el magistrado Juan Carlos Peinado retiró recientemente el pasaporte a Begoña Gómez y le prohibió salir de España como medidas cautelares hasta que se celebre el juicio con jurado por cuatro presuntos delitos. Las acusaciones exponen que el viaje consta de dos desplazamientos "de naturaleza bien distinta" y se opone a ambos, pidiendo que, subsidiariamente, si se autorizara, se haga bajo determinadas cautelas.

El PP del Senado ha avisado este miércoles a la directora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Soledad Fernández Doctor, de que su dimisión no evitará que tenga que declarar en el 13 de julio en la comisión de investigación sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En un comunicado, el PP ha relacionado la petición de relevo que Fernández ha hecho tras cuatro años al frente de la Agencia Tributaria, confirmada este miércoles por el Ministerio de Hacienda, con el anuncio la víspera por parte de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, de que será citada en la comisión SEPI el día 13.

Según el PP del Senado, Fernández deja el cargo para no responder a la pregunta de por qué Hacienda no se persona en la investigación judicial sobre las joyas halladas en la caja fuerte del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Hacienda, en cambio, ha señalado que el relevo se produce una vez que se consideran cumplidos o ultimados todos los elementos clave del plan estratégico 2024-2027.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha demandado la llegada a España de observadores electorales desde "ya, no el día de las elecciones", porque le "inquieta" el proceso de nacionalización derivado de la llamada ley de nietos, que teme que sea usado por el Gobierno de Pedro Sánchez para "hacer ingeniería" electoral.

"Iremos a las instancias que haga falta: ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea", ha proclamado Díaz Ayuso durante un coloquio organizado por Club Siglo XXI, donde ha aseverado que "nuestra democracia está viviendo sus horas más críticas"

Sánchez, según Díaz Ayuso, está "atado" por su corrupción a un modelo de Gobierno en el que "la democracia ha sustituido a la ley", las "minorías dictatoriales" deciden "en normas que son fundamentales" y prescinde tanto del Senado como de las comunidades autónomas, de modo que solo busca "llegar por la mínima a tener una coalición".

Por ello, cree que el PSOE está buscando la manera "quirúrgica" de alcanzar "los escaños justos" para perpetuarse en el poder y hacer "impensable" la alternancia política, siguiendo el ejemplo de "la corrupción nacionalista" vasca o catalana, que "ha echado a tantas empresas, a tantos ciudadanos y ha viciado los censos electorales".

El Tribunal Supremo ha abierto la sexta causa penal al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por un presunto delito de desórdenes públicos por unas publicaciones en Telegram en relación con unas protestas agrícolas en 2024.

Para la Sala, el contenido de esas publicaciones "incorpora llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación, acceso urbanos, centros logísticos, puertos, refinerías y nodos de distribución; y propone la utilización de vehículos propios para apoyar cortes circulatorios".

Además, "alude a la necesidad de aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales; y asocia la movilización a fórmulas de coordinación colectiva con aptitud para afectar de modo grave al orden público", apunta el Supremo.

Asimismo, añaden que la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de participación política protegen el discurso crítico frente al Gobierno, la denuncia de actuaciones policiales o la convocatoria de protestas pero "tal protección no se extiende, sin más, a los llamamientos directos y públicamente difundidos a la ejecución de conductas" que pueden dar pie a los desórdenes públicos agravados.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado a PP y Vox por querer "quitar" el voto a los descendientes de exiliados por el franquismo, a quienes se les aplicaría la denominada ley de nietos para concederles la nacionalidad española. Además, se ha preguntado si detrás de esta rescisión de derechos irá después "la gente de izquierda, las mujeres" o cualquiera que no piense como la derecha.

Así ha respondido a las críticas contra la ley de nietos lanzadas desde PP y Vox, que llegó a calificarla incluso de "forma de golpe de Estado encubierto". A este respecto, Bustinduy ha hecho mención a la "contradicción" del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que, en su opinión, "no solo se había comprometido a evaluar esta ley, sino que la llevaba en su programa electoral".

"Es una metáfora de la coherencia política del señor Feijóo", ha ironizado el ministro, que también ha reprochado al jefe de la oposición ser una "veleta oportunista" al seguir la "estela" de Vox, también en materias sociales.

Para Bustinduy, los de Abascal están en contra de los derechos del colectivo LGTBI o rechazan la reforma de la Constitución para proteger los derechos de las personas con discapacidad, mientras que ahora "son ellos quienes deciden qué es español y qué no es español".

"Dicen que van de patriotas pero no les gusta su país (...) Son ellos quienes tienen que repartir los carnés y decidir quién tiene derecho a tener derechos", ha insistido el ministro, que ha puesto en valor el carácter plural de España, el orgullo derivado de esa diversidad y que, según ha afirmado, "va a defender con uñas y dientes los derechos democráticos que ha costado tantísimo conseguir".

Un total de 12.138 migrantes han llegado a España de forma irregular en la primera mitad del año, un 32,5% menos que en 2025, cuando lo hicieron 17.990 personas.

Así lo recoge el último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior, que refleja un descenso generalizado de las llegadas por vía marítima -con la única excepción de la Península- y un aumento en las llegadas a las ciudades autónomas, sobre todo a Ceuta.

Como es habitual, la mayoría de las llegadas han sido por mar, 9.440, aunque estas han descendido un 44,2% respecto a 2025. Entre el pasado 1 de enero y el 30 de junio han llegado a España 371 pateras y cayucos frente a las 542 que lo hicieron el año pasado.

Las llegadas a las Islas Canarias son las que han experimentado la mayor caída, del 67,2%, desde las 11.321 registradas en 2025 a 3.708 este año. Si en la primera mitad de 2025 habían arribado 186 embarcaciones, en lo que va de 2026 lo han hecho 49.

La Guardia Civil registra esta mañana el Edificio Roma, una de las sedes de la Diputación Provincial de Cádiz, dentro de una investigación que instruye un juzgado de Cádiz y que está declarada secreta, según han confirmado a la agencia Efe fuentes próximas a la investigación.

El edificio Roma es la sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, que gestiona el alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz, Germán Beardo (PP).

Los agentes han solicitado información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso, según las fuentes.

Los registros, que incluyen copiado de correos electrónicos y volcado de discos duros, se producen dentro de una investigación judicial declarada secreta y que también ha llevado a hacer otras actuaciones en la provincia de Sevilla.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigos el próximo día 15 a los dos fiscales que se reunieron con la fontanera del PSOE Leire Díez en marzo y en abril de 2025 en la sede de Fiscalía General.

Se trata del ex teniente fiscal Diego Villafañe y la fiscal adscrita Beatriz López. La testifical del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, solicitada como las dos anteriores por la acusación popular que lidera el PP, queda condicionada a lo que declaren estos testigos, según señala la providencia.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a PP y Vox de practicar una "política de señuelos, miedo y dudas" con la inmigración porque, a su juicio, carecen de "nada sólido" que ofrecer a la ciudadanía en materias como la industria o el empleo.

En declaraciones a los periodistas tras la presentación de un proyecto empresarial en Valladolid, Puente ha sostenido que Vox recurre a este tipo de estrategia y ha lamentado que el PP la siga, al tiempo que ha defendido la ley de Memoria Democrática y la ampliación del acceso a la nacionalidad española para descendientes de emigrantes, en alusión a la denominada ley de nietos.

El ministro ha recordado que el PP llegó a presentar una propuesta "prácticamente idéntica" a la finalmente aprobada y ha asegurado que basta comparar ambos textos para comprobar que su contenido es "prácticamente idéntico".

Asimismo, ha rechazado que esa normativa tenga una finalidad electoral, al afirmar que el impacto del voto de los españoles residentes en el extranjero ha sido históricamente "nulo".

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha defendido que la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno "pasó el filtro del propio Tribunal Supremo" y también "por el control de legalidad y de constitucionalidad" del Consejo de Estado.

Se trata, a su juicio, de una decisión que "un país como el nuestro, que es una democracia, un Estado constitucional y un Estado de derecho, tiene la obligación de afrontar".

Así lo ha señalado Calvo a preguntas de la prensa, después de que el Tribunal Supremo haya planteado formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización de migrantes por posible "colisión" con la normativa comunitaria.

"En nuestro orden interno, lo que afecta al Estado de Derecho Español, esa decisión política se ha tomado con arreglo a lo que nosotros entendemos que es correcto", ha subrayado la también exvicepresidenta del Ejecutivo y exministra.

Asimismo, ha indicado que esta medida "es algo que no es nuevo", ya que "se ha hecho varias veces" a lo largo de la historia de la democracia del país; y, además, "forma parte de los compromisos que un Estado como el nuestro tiene en materia de derechos".

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha decidido abandonar la formación antes de la celebración de su asamblea general y tras archivarse la investigación interna por presunto acoso laboral, que ha calificado como una "campaña de desprestigio" en su contra.

Hernández ha denunciado que ha sufrido desde hace cuatro meses, cuando se abrió la investigación, una serie de "mentiras", "calumnias" e "injurias" que se han demostrado falsas.

De esta forma, Hernández dimite de todos sus cargos en el partido y renuncia a presentarse a la reelección en el cargo en la próxima cita congresual de Sumar, convocada el 11 de julio. Esta mañana ya había trascendido que no figura en la única candidatura formalizada para renovar la nueva dirección que encabezan la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha recordado al PP que quien modificó el censo fueron 40 años de franquismo, sin los cuales ahora no sería necesario conceder la nacionalidad a los descendientes. Además, ha calificado de "miserable" el rechazo de la derecha a la denominada ley de nietos, acusándoles de abrazar una "ideología trumpista" que cuestiona la legitimidad del sistema democrático.

En declaraciones a los medios tras participar en los Cursos de Verano de El Escorial, Sordo ha advertido de que esta estrategia de "deslegitimación institucional" sigue los pasos de figuras como Donald Trump o el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Así, ha tildado de "torpeza política oceánica" y "miserable" el argumento de que la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados de la Guerra Civil suponga una "ingeniería electoral" o un intento de modificar el censo.

"Lo que modificó el censo electoral en España fueron 40 años de dictadura, los fusilamientos en las tapias de los cementerios y las cunetas", ha aseverado el líder de CCOO, recordando que si miles de españoles no hubieran huido de la represión, no sería necesario otorgar derechos de nacionalidad a sus descendientes.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el PP "queda en evidencia" al cuestionar la denominada ley de nietos y ha recordado a los populares que ya habido "hasta cinco iniciativas legislativas" que modificaron "a mejor y a más" las respuestas para los descendientes españoles que tuvieron que irse del país. Entre ellas, ha apuntado, "hubo una con el Gobierno del PP".

"El PP, en el año 2002, cuando ya era presidente Aznar, modificó la ley para ampliar las posibilidades de acogerse a la nacionalidad española a aquellos que estaban viviendo fuera de nuestro país y que tuvieron que abandonar España. Por tanto, el PP critica lo que hizo cuando gobernaba", ha subrayado el ministro en declaraciones a los medios este miércoles en Santiago de Compostela.

Preguntado por el cuestionamiento de los populares sobre la llamada ley de nietos, Torres ha señalado que si la crítica del PP se refiere a "que la ley añadió a las personas que fueron perseguidas por su orientación de género", el Ejecutivo central está "muy orgulloso" de que se hayan incluido "personas que fueron torturadas, vejadas e incluso recluidas en centros de trabajo por su orientación sexual".

En esta línea, el ministro ha acusado al PP de hacer "lo mismo" con las críticas a la regularización de migrantes, apuntando que el Gobierno de José María Aznar "en dos años regularizó a cerca de 600.000 españoles".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que "toda España, salvo alguna persona muy concreta", en alusión velada al juez Juan Carlos Peinado, sabe que "hay cero riesgo" de que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "eluda la acción de la Justicia".

Gómez solicitó en los últimos días al juez Peinado, que acordó el pasado 20 de junio retirar a Gómez el pasaporte en el marco de su investigación contra ella, que le permita viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Londres para la graduación de su hija.

Bolaños ha señalado que las medidas cautelares acordadas por el juez, que incluyen la prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial, "desde el punto de vista jurídico fueron criticadas por desproporcionadas, por absurdas y por innecesarias".

En declaraciones a los periodistas desde el Ministerio de Justicia, el ministro ha precisado que la solicitud de Gómez "es absolutamente normal en este tipo de procedimientos cuando hay cautelares adoptadas" y que ambos viajes "han sido perfectamente justificados".

"Este tipo de autorizaciones concretas para viajes es muy habitual que se soliciten y absolutamente habitual que se concedan", ha añadido Bolaños.