El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Exteriores deberá informar al Congreso si paga a empresas externas para "agilizar" las solicitudes por la 'ley de nietos'
El PSOE dice que está "a punto" de contratarse un "apoyo externo" para agilizar la gestión de los expedientes de nacionalidad.
La oposición sospecha de una manipulación silenciosa del voto exterior de cara a 2027.
Más información: La ley de nietos, entre el caos y la manipulación silenciosa del censo: podrá votar en Jaén o Lugo quien jamás ha vivido allí
El Ministerio de Asuntos Exteriores tendrá que aclarar al Congreso de los Diputados si está recurriendo a empresas externas para desatascar los expedientes de nacionalidad al amparo de la conocida como ley de nietos.
El Grupo Parlamentario Vox registró el pasado 4 de junio una batería de 13 preguntas escritas, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, en la que exige saber si el Gobierno ha contratado refuerzos extra para tramitar las nuevas nacionalidades de supuestos descendientes de españoles.
También se pide saber qué empresa los presta, cuántas personas se han contratado para esas labores y cuál es el coste total de ese servicio para las arcas públicas.
El Gobierno dispone ahora de 20 días para contestar, prorrogables por otros 20 si pide más tiempo.
Esa eventual externalización responde al colapso que sufren varios consulados por la avalancha de solicitudes, especialmente en Buenos Aires.
Sólo ahí se han acumulado más de 645.000 solicitudes, un volumen que, al ritmo actual, necesitaría más de un siglo para procesarse, según cálculos difundidos por el propio cónsul general en la capital argentina, José María Ridao.
Por eso el Gobierno, para "agilizar" el proceso antes de terminar la legislatura y, según ha dado a entender el propio PSOE, va a echar mano de "apoyo externo".
Son palabras del senador socialista y responsable del PSOE Exterior, César Mogo.
El pasado 26 de mayo, ante el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, dijo textualmente que “se está a punto de suscribir un apoyo externo, a través de un organismo del Estado como es el Ineco, para acelerar y superar los problemas de gestión” y “agilizar las inscripciones de nacionalidad” derivadas de esta ley.
De ahí la ofensiva parlamentaria de Vox.
Entre las preguntas registradas por el partido de Santiago Abascal figuran cuántas solicitudes de nacionalidad se han presentado, cuántas se han resuelto favorablemente y cuántas siguen pendientes.
Vox también quiere saber qué plazo se marca el Ejecutivo para tener resueltos todos los expedientes y qué garantías se han introducido para evitar posibles fraudes en el proceso.
Aunque el refuerzo con Ineco aún no se ha concretado en el BOE, la externalización del proceso ya es un hecho.
El Ministerio de Justicia adjudicó el pasado mes de abril a la empresa Neoris España SL un contrato de 1,7 millones de euros para reforzar los sistemas informáticos de nacionalidad y acelerar la tramitación de expedientes.
Además, el departamento de José Manuel Albares firmó un contrato de 1.131.295 euros con el Grupo Empresarial Palco, una firma del Gobierno cubano, para aportar “fuerza de trabajo” al consulado de La Habana, también desbordado.
2,4 millones de solicitudes
La denominada ley de nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022.
Permite obtener la nacionalidad española a quienes, nacidos en el extranjero, son hijos o nietos de españoles de origen que perdieron la nacionalidad "como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual".
Según datos de Exteriores, ya hay unos 2,4 millones de personas que han iniciado los trámites para hacerse con la nacionalidad.
¿Quiere decir que 2,4 millones de personas van a obtener la nacionalidad española? No exactamente. Esos 2,4 millones son solo el número de personas que han mostrado interés en acogerse a la ley: han pedido cita, se han apuntado en listas o han iniciado el proceso de alguna manera.
De esos 2,4 millones, las oficinas consulares han recibido presencialmente 1,2 millones de expedientes y, según Albares, ya se han aprobado 545.000, con 306.500 inscripciones practicadas en el Registro Civil consular.
Para contextualizar el tamaño del fenómeno de la ley de nietos, conviene compararlo con su antecesora. La Ley de Memoria Histórica, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, permitió a hijos y nietos del exilio franquista solicitar la nacionalidad.
En poco más de tres años, y a este ritmo, la ley de Sánchez triplicará y posiblemente cuadruplicará las concesiones logradas por la de Zapatero en más de una década.
En un principio, la norma de Sánchez se diseñó para los represaliados del franquismo. Pero cuatro días después de que la ley entrara en vigor, el Gobierno publicó en el BOE una instrucción que reinterpretaba el alcance de la ley.
En la práctica, el exilio se da por hecho de forma automática. O, dicho de otra forma, no es necesario acreditar una persecución concreta, basta con ser descendiente de un español de origen que abandonara el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Aunque lo hiciera por motivos puramente económicos.
Este matiz explica en buena parte el abismo entre las tasas de denegación de ambas leyes: la de Zapatero, más restrictiva, rechazó en torno al 20% de las solicitudes; la nueva solo ha denegado el 1,32% de las resueltas hasta la fecha.
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¿Y por qué se rechazan? Fuentes diplomáticas explican a EL ESPAÑOL que la inmensa mayoría de las negativas no se deben a motivos de fondo, sino a errores formales, como documentación incompleta o problemas para acreditar la filiación.
La exigencia de demostrar un exilio político real, si alguna vez existió en el espíritu de la ley, ha desaparecido por el camino.
Nuevos votantes
Una vez obtenida la nacionalidad, el nuevo ciudadano español puede votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas desde el extranjero.
En la oposición crece la sospecha de que el Ejecutivo está reconfigurando de forma silenciosa el censo electoral, con la vista puesta en tener toda la maquinaria lista para las próximas generales.
Este mismo miércoles, Alberto Núñez Feijóo denunció en El Hormiguero que el Gobierno está aplicando la ley de nietos de forma "torticera". "¿Qué hay detrás de esto?", se preguntó.
Santiago Abascal ha ido más allá que el líder del PP y acusa al Gobierno de querer "alterar el censo electoral para las elecciones de 2027 promoviendo un proceso de nacionalizaciones masivas".
En todo este proceso, además, existe cierta falta de transparencia. El PP, al igual que Vox, también ha presentado varias preguntas al Gobierno, con resultados infructuosos.
El Ejecutivo ha respondido en varias ocasiones, tanto a PP como a preguntas anteriores de Vox, que los datos "no están digitalizados" y que por eso no puede facilitarlos con precisión.
Sin embargo, esa misma información sí ha llegado a distintos medios de comunicación cuando la han pedido a través del Portal de Transparencia.
¿Y todo esto, a quién beneficia electoralmente? Nadie puede responder a esta pregunta con datos, porque no hay encuestas sobre la orientación política de los nuevos nacionalizados.
En general, los datos históricos del CERA muestran que el voto exterior suele seguir la tendencia del interior, y en algunas circunscripciones puede resultar decisivo.
Pero esa tendencia está cambiando en las últimas elecciones. En Andalucía, Castilla y León, Aragón o Extremadura el PP se impuso con claridad dentro, mientras que el PSOE ganó entre los residentes en el extranjero.
