La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este martes.
El Gobierno rechaza corregir a Montero por calificar de "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en Huelva
Preguntada dos veces por la ausencia de Marlaska en el funeral de los agentes, la ministra portavoz ha eludido dar explicaciones.
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El Gobierno ha eludido corregir o desautorizar a la candidata socialista y exvicepresidenta María Jesús Montero por calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en Huelva.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y preguntada sobre esta cuestión, la ministra portavoz, Elma Sáiz, ha evitado pronunciarse sobre las palabras de Montero.
Y se ha limitado a defender el compromiso del Ejecutivo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La ministra portavoz ha destacado que ese compromiso "se demuestra con el incremento en dotaciones en la zona de Gibraltar, del 20% de efectivos y 20 nuevas embarcaciones".
"Tenemos un compromiso contra la lacra del narcotráfico", ha añadido.
Ha asegurado que "el Gobierno muestra una máxima empatía con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo momento".
"Lo que no va a hacer el Gobierno es instrumentalizar el dolor", ha zanjado.
Preguntada dos veces por la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el funeral de los agentes, la portavoz ha eludido dar explicaciones. Se ha limitado a señalar que Marlaska "se encontraba al frente de la emergencia" del hantavirus en Tenerife.
"En el funeral estuvieron la directora general de la Guardia Civil y la secretaria de Estado", ha indicado Sáiz, que ha insistido en el "profundo respeto y dolor" del Ejecutivo.
Y ha repetido el aumento de efectivos que, según ella, ha aprobado este Gobierno para hacer "frente al narcotráfico".
Elma Saiz insistió en respuesta a una tercera pregunta en que el Gobierno trabaja por la seguridad de la Guardia Civil, pero sin contestar a las razones de que las Fuerzas de Seguridad del Estado no sean consideradas “profesión de riesgo” como exigen todos sus sindicatos y asociaciones profesionales.
