Juan Alberto Perote, José Amedo, Víctor de Aldama y Luis Roldán.
El PSOE, contra Aldama como con Amedo, Perote, Roldán, Van Schouwen... a quien tira de la manta le asfixian con ella
Los socialistas dirigen ahora sus críticas también hacia la Fiscalía Anticorrupción por dar credibilidad a las acusaciones del empresario en el juicio contra Ábalos.
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Hay una lógica repetida, con algunos matices, en casi todos los casos de corrupción o escándalos que afectan a políticos, partidos o gobiernos en España: siempre hay algún acusado o condenado que termina confesando y colaborando con la Justicia. Lo que se llama "tirar de la manta" o "tirar hacia arriba".
Muchos de ellos implicaron en algún momento al líder máximo, que en ocasiones era el correspondiente presidente del Gobierno, sin que estas acusaciones fueran finalmente tenidas en cuenta por algún tribunal. Es decir, que no tuvieron consecuencias penales para los líderes.
En casi todos los casos, no obstante, sus testimonios implicaron condenas por los hechos que denunciaron o ayudaron a aclarar y fueron muy importantes para esclarecer los hechos.
Las mantas de las que tiraron dejaron al descubierto más escándalos o detalles de otros, aunque algunas de sus acusaciones nunca fueron probadas o tenidas en cuenta.
En todos esos casos, el partido afectado por las confesiones del acusado intentó desacreditarlos con la idea común de que proceden de delincuentes que, en realidad, lo que buscan es mejorar su situación penal o actuar por venganza personal por no haber obtenido lo que querían.
En algunos casos hubo negociaciones previas a la confesión con los partidos afectados para disuadirles ofreciéndoles beneficios o protección.
En muy pocos casos se les aplicó el atenuante de colaboración -como ha ocurrido con Víctor de Aldama-, pero en casi todos los demás hubo algún tipo de ventaja, como condenas más bajas por admitir los hechos y conformar o pactar condenas con la fiscalía, beneficios penitenciarios y hasta indultos.
Ahora le toca al PSOE con Víctor de Aldama, para quien el fiscal anticorrupción ha solicitado penas menores a las que pide a sus compañeros de banquillo, José Luis Ábalos y Koldo García.
Su colaboración, según el fiscal Alejandro Luzón, ha servido para avanzar en la investigación. "La prueba es tan abundante que su declaración no es decisiva, pero sí lo ha sido para avanzar en muchos aspectos de la investigación", dijo.
"Eso no quiere decir que la declaración deba ser asumida acríticamente y elevada al rango de prueba y todo lo que ha contado Aldama en relación a los hechos que juzgan se ha visto plenamente corroborado por otras pruebas", explicó en la lectura de sus conclusiones provisionales en el Tribunal Supremo.
El PSOE y el Gobierno arremeten contra Aldama, critican que la Fiscalía Anticorrupción pida menos pena para él y descalifican al PP por reclamar que se le aplique un atenuante mayor.
Lo de la descalificación a Aldama lo basan en su condición de "corruptor" y en sus declaraciones sin pruebas implicando a Pedro Sánchez y a otros miembros del Gobierno. Lo que ya hicieron con otros condenados en otros casos de corrupción que acabaron confesando y, en algunos casos, "tirando hacia arriba" con sus denuncias con escaso éxito.
Algo parecido a lo que el PP hizo con Luis Bárcenas cuando no pudieron pactar su silencio con el "finiquito en diferido" y acabaron descalificándole por intentar implicar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
"La incentivación de la colaboración de personas que han tomado parte en el delito, mediante la rebaja o exención de la pena, es una necesidad, sentida, cada vez más, en política criminal para tener prueba de delitos que, de otra forma, difícilmente puede ser alcanzada", recordó Luzón este miércoles.
"Si queremos luchar contra las organizaciones criminales, debemos recompensar a quienes salen de entorno criminal y lo denuncian. De otro modo, la ley del silencio se impondrá en cualquier investigación de corrupción", añadió en el Tribunal Supremo.
En España, a diferencia de otros países, no existe una "ley del arrepentido" general para corrupción con un sistema autónomo y cerrado de beneficios penales.
Sí existe la Ley 2/2023, de protección de informantes y lucha contra la corrupción, pero esa norma se centra en proteger a quien denuncia o informa, no en regular por sí sola una reducción automática de condena para el autor del delito que colabora con la Justicia.
Sí puede haber atenuante, según el Código Penal, para el que denuncie antes de que se dirija la acción judicial contra él y por colaboración eficaz tardía, cuando ya no se cumple el requisito temporal de la confesión. El tribunal puede apreciar una atenuante analógica si la ayuda es determinante, relevante y decisiva, y también puede considerarse "muy cualificada".
La Fiscalía Anticorrupción no ha llegado al máximo del atenuante en el caso de Aldama, pero sí lo ha hecho la acusación del PP, con críticas del PSOE, perjudicado por esa colaboración del empresario.
Fuentes del Gobierno y del PSOE extienden a la Fiscalía Anticorrupción sus críticas a Aldama. Por dar credibilidad a sus acusaciones y por mantenerlo en libertad, mientras que otros acusados están en prisión.
Aseguran que cuando Aldama confesó ya había indicios en el sumario y, por tanto, no hay colaboración decisiva para rebajarle penas.
Añaden que muchas de sus acusaciones se han demostrado como mentiras o no han sido probadas. Por ejemplo, cuando aseguró que ministros tenían cuentas en República Dominicana, cuando dijo que Sánchez era el "número uno" de la trama o cuando acusó al ministro Ángel Víctor Torres de estar en fiestas en un piso de Madrid utilizado por los acusados.
Explican que José Luis Peñas, el exconcejal del PP que denunció la trama Gürtel, fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión. Que a pesar de su papel clave como denunciante y de que se reconoció su colaboración "esencial" para esclarecer la trama, los jueces entendieron que también se benefició económicamente de Gürtel y por eso le mantuvieron la condena de casi cinco años.
Sólo logró que la Audiencia Nacional suspendiera su ingreso en prisión y, años después, el Gobierno le concedió un indulto parcial que mantiene la condena pero conmuta parte de la inhabilitación, permitiéndole seguir trabajando como funcionario.
Es decir, no tuvo beneficios en la sentencia pese a ser denunciante del caso.
Esta posición del PSOE, crítica con los que confiesan contra sus intereses, se ha mantenido desde los años ochenta en otros casos.
José Amedo
El expolicía José Amedo fue condenado a 108 años de prisión por el llamado "caso GAL". No tuvo reducción de condena por colaboración, pese a que acabó declarando en otros casos como testigo de cargo.
Amedo terminó "tirando de la manta" con confesiones que fueron claves para aclarar el caso GAL y, además, abrió la puerta para que otros imputados confesaran finalmente y hubiera condenas sobre la "guerra sucia" contra ETA. Incluida la del entonces ministro del Interior, José Barrionuevo.
El expolicía llegó a implicar también al entonces presidente del Gobierno, Felipe González, pero esa parte de sus declaraciones nunca se tuvo en cuenta ni tuvo efectos penales para el jefe del Ejecutivo.
González y multitud de dirigentes del PSOE arremetieron entonces contra Amedo y el resto de encausados que confesaron, y descalificaron sus testimonios con argumentos como que procedían de "delincuentes confesos" o que hacían denuncias falsas no probadas.
Se habló de "intereses políticos" y hasta gestiones del PP para forzar sus confesiones, como se dice ahora sobre Aldama.
González anunció entonces querellas contra el expolicía de las que nunca más se supo.
Luis Roldán
El exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, fue condenado por corrupción. Hubo un intento de pacto con el Gobierno de González y, finalmente, anunció que iba a "tirar de la manta".
Lo hizo ayudando a esclarecer el uso de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, con una colaboración decisiva. No logró reducción de condenas por colaboración, pero sí beneficios penitenciarios.
Curiosamente, también implicó a Felipe González en ese uso ilegal de fondos reservados, sin que esa denuncia fuera probada o tenida en cuenta.
Cuando empezó a colaborar con la Justicia recibió las críticas y descalificaciones de dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno de González que mantenían también que "alguien fugado de la Justicia no tiene credibilidad".
El entonces portavoz del PSOE, Jesús Caldera, le llamó "delincuente" y le pidió que "pagara a la sociedad con el cumplimiento de su pena". Y los socialistas criticaron la concesión de su primer permiso penitenciario.
Juan Alberto Perote
El coronel Juan Alberto Perote fue condenado en 1998 por llevarse documentos secretos del CESID (antecedente del CNI). Era espía.
Fue condenado en 1998 por el Tribunal Supremo a siete años de prisión por revelación de secretos o informaciones de la seguridad y defensa nacionales, tras la sustracción de los llamados "papeles del CESID", que incluían escuchas ilegales a personalidades y alcanzaban incluso al rey Juan Carlos.
Luego, en 2005, la Audiencia de Madrid le impuso cuatro meses de prisión y seis años de inhabilitación por las escuchas del CESID, que dirigió entre 1983 y 1991.
Colaboró con la Justicia y aportó datos sobre otros sumarios con hechos que conoció en el ejercicio de su cargo. Algunas de sus acusaciones afectaban también a Felipe González.
Los dirigentes del PSOE criticaron públicamente a Perote, al que tacharon de "delincuente" y "traidor" para descalificar sus testimonios y denuncias.
Carlos Van Schouwen
Era el contable de una empresa Filesa y denunció una compleja trama de corrupción que afectaba al PSOE.
En concreto, declaró que grandes empresas financiaban al partido de forma estructural y sistemática con facturas falsas emitidas por servicios nunca realizados, y que el PSOE pagaba con el dinero obtenido gastos de funcionamiento y electorales.
Hubo condenas, pero no al PSOE, porque entonces no existía aún el delito de financiación ilegal de partido político, pese a que la sentencia describía tal conducta de forma detallada.
Su caso es distinto a los anteriores, porque Van Schouwen denunció, pero nunca estuvo investigado ni procesado.
Pero también en este caso el PSOE intentó desmontar su testimonio con el argumento de que actuaba por venganza y por motivos personales, ya que había sido despedido de la empresa y se había llevado las facturas y la documentación que fue imprescindible para investigar y condenar.
Caso Gürtel
El caso Gürtel afectó al PP y consistía, básicamente, en el cobro de comisiones por adjudicaciones que financiaba al partido y permitía pagar sobresueldos a sus dirigentes.
También el PP siguió la estrategia de descalificar a los que confesaban y tiraban de la manta. Lo hizo después de intentar negociar con ellos, pero casi todos terminaron por declarar.
El caso más claro fue el de Luis Bárcenas, que confesó y recibió los ataques del PP, incluido Mariano Rajoy. Porque el excontable del PP también implicó al máximo dirigente del partido y entonces presidente del Gobierno, sin que hubiera investigación o consecuencias penales para Rajoy.
En 2021, cuando Bárcenas remitió un escrito a la Fiscalía reconociendo que la contabilidad paralela del PP se extendió entre 1982 y 2009 e implicó a exdirigentes (incluido Rajoy), estos pusieron en duda su credibilidad y calificaron sus declaraciones de estrategia de "preso para pagar menos condena".
El PP afirmó que no le preocupaba "lo que diga Bárcenas" y que sus acusaciones respondían a la dinámica de un condenado que intenta reducir su pena usando información comprometedora. Se le tildó de "delincuente" y se insistió en que su versión no debía tomarse como prueba, aunque antes había sido protegido por el partido.
En ese proceso se aplicó también la atenuante máxima por confesión, que ahora se aplica a Aldama. Se aplicó a Francisco Correa, principal implicado, y a Pablo Crespo. Lo curioso es que se aplicó a petición de la Fiscalía, siendo fiscal general del Estado, Dolores Delgado y sin que conste que ella se opusiera a pedir la medida. Aunque es cierto que el PSOE, personado como acusación, no lo solicitó. El tribunal entendió que sí había motivos y por eso redujo la condena de los dos corruptos, pero el PSOE no hizo declaraciones públicas en contra y menos contra el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Además, en este caso hubo reducciones de condena a casi todos los acusados, pero no por la vía del atenuante aplicado a Aldama, sino por acuerdos con la Fiscalía, lo que se conoce como "conformar", que supone admitir culpabilidad y pactar una condena más baja.
También hubo acuerdos con los acusados en el caso Púnica, escándalo de corrupción por amaño de contratos públicos en la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre. Muchos de ellos pactaron condenas tras aportar datos sobre el funcionamiento de la trama corrupta.
![Pedro Sánchez, este lunes, en la clausura de Plan Social para el Clima, en Espacio Rastro, en Madrid.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/25\/actualidad\/1003744258368_263114734_1706x1280.jpg"])
