Mónica García, ministra de Sanidad, durante una rueda de prensa sobre el hantavirus, en mayo de 2026.

Mónica García, ministra de Sanidad, durante una rueda de prensa sobre el hantavirus, en mayo de 2026. Europa Press

España

La Agencia de Salud anunciada por Sánchez hace 6 años para crisis como la del hantavirus sigue sin sede ni estatutos

La creación de la AESAP se aprobó en 2025 pero Sanidad no ha conseguido tenerla operativa. Los expertos tachan de "kafkiana" la demora.

Algunos creen que España "carece de capacidad técnica" para diagnosticar el virus y por ello "se hace en Suiza y Sudáfrica".

Más información: El Gobierno retrasa a agosto la elección de sede de la Agencia de Salud Pública por las obras que requieren las aspirantes.

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Las claves

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La Agencia Estatal de Salud Pública, anunciada en 2020 y aprobada en 2025, sigue sin sede, estatutos ni órganos de gobierno.

Expertos y oposición critican la demora en su puesta en marcha, considerando que habría sido clave para coordinar la respuesta ante crisis como el brote de hantavirus.

El proyecto ha atravesado múltiples retrasos por motivos políticos, enmiendas y desacuerdos sobre competencias entre administraciones.

La falta de esta agencia ha obligado a depender de laboratorios extranjeros para confirmar diagnósticos, evidenciando carencias en la capacidad de respuesta sanitaria nacional.

El Gobierno dijo en 2020 que crearía una Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) y seis años después, con el hantavirus fondeando en las costas de Canarias, el proyecto, pese a haber sido aprobado en 2025, sigue sin unos estatutos, sin órganos de gobierno, sin sede establecida y sin presupuestos.

Tanto la oposición como los expertos del sector tachan esta demora de "kafkiana", ya que un organismo de estas características habría servido como herramienta de coordinación eficaz entre los municipios, las comunidades autónomas, los ministerios del Gobierno y las organizaciones internacionales en la gestión de la crisis del MV Hondius.

Pero las sucesivas demoras en la puesta en marcha del proyecto de ley y su posterior aprobación en el Congreso de los Diputados han evidenciado que España no está todo lo preparada que debería para arrostrar otra crisis sanitaria.

"Llevamos desde julio de 2020 con el problema", sentencia Carmen Fúnez, responsable de Sanidad y Política Social del Partido Popular. Concretamente, explica la diputada, desde las recomendaciones que se hicieron tras "la ponencia de reconstrucción" de la pandemia.

"Han pasado cuatro ministros y seis años y ninguno ha sido capaz de sacar la AESAP adelante. Mi opinión es que este es uno de los ejemplos más claros de que la Sanidad nunca le ha preocupado al Gobierno. No han dotado al Ministerio de estabilidad y la salud pública no ha sido una prioridad. Es el único proyecto de ley aprobado en la legislatura pero un año después está sin desarrollar".

Aprobada sin sede ni estatutos

Efectivamente, ha pasado más de un lustro desde que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciara en pleno ojo del huracán de la covid-19 que el Gobierno se comprometía a crear un Centro Estatal de Salud Pública en 2021, algo que la Ley General de Salud Pública de 2011 ya preveía pero ningún otro partido político había llegado a ejecutar.

Salvador Illa lo anunció como la gran herramienta para evitar otra crisis sanitaria mal gestionada

La idea era formidable. Había consenso y una necesidad estructural de gestionar con mayor eficacia potenciales nuevas crisis epidemiológicas. Hasta se puso una cifra: 5 millones de euros de inversión.

Sin embargo, la iniciativa se quedó en un cajón con la marcha de Illa a Cataluña para presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat. Hubo que esperar a 2022 para que Carolina Darias, su sustituta al frente del Ministerio, lo recuperara. Ese mismo año, el Consejo de Ministros firmó el anteproyecto de ley.

"El Gobierno no va a olvidar las lecciones de la pandemia, así que vamos a reforzar la salud pública de nuestro país", llegó a decir Pedro Sánchez en julio de 2022, anunciando que ese mismo mes el proyecto se pondría en marcha para "mejorar la gestión de las emergencias sanitarias".

Pero llegaron las elecciones de 2023, la campaña electoral y el Gobierno, de nuevo, se olvidó la salud pública en favor de la salud democrática.

No fue hasta 2024 cuando Mónica García, ya convertida en ministra de Sanidad, lo volvió a intentar. Y, de nuevo, se topó con otro escollo: la oposición frontal del PNV y de Junts, que presentaron enmiendas a la totalidad por "invasión competencial".

El texto tuvo que negociarse otra vez. Se llevó al Congreso, pero sufrió numerosas enmiendas, algunas de ellas propuestas por el PP en la Cámara Alta.

"Votamos a favor después de pasar por el Senado porque no queríamos que se convirtiese en un chiringuito al servicio del gobierno de turno. Queríamos que se basara en criterios técnicos: tanto la creación de su estructura como sus órganos de gobierno y los nombramientos", asegura Fúnez.

La ministra de Sanidad, Mónica García, en Moncloa tras la reunión por la crisis del hantavirus.

La ministra de Sanidad, Mónica García, en Moncloa tras la reunión por la crisis del hantavirus. Javier Lizón

Sea como fuere, en julio de 2025, en pleno escándalo por el caso Santos Cerdán, y tras haber experimentado un largo y tortuoso camino que ya dejaba muy lejos la pandemia, se oficializó el nacimiento de la rebautizada como Agencia Estatal de Salud Pública.

Llegó tarde, pero llegó... aunque con muchos matices que aún la hacían inoperativa. Necesitaba una sede y unos estatutos.

El Gobierno se puso de plazo febrero de 2026 para tener listo este extremo, pero fue incapaz y demoró, nuevamente, la toma de decisiones.

En este caso, la responsabilidad era compartida: los estatutos dependían de Sanidad pero la elección de la sede del Ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres.

El Ejecutivo argumentó que la indecisión sobre la sede se debía al número de candidaturas presentadas y a las obras que exigirían y aseguró que, en ese trance, la Agencia podría operar desde la sede del Ministerio de Sanidad a la par que "aprobaba los estatutos".

"Pero eso debería haberse aprobado ya porque son los plazos que se dio Sanidad", recuerda Eduardo Satué de Velasco, presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

"Pese a los palos en la rueda que haya habido en el pasado, esta normativa está ahora en manos del Ministerio. Depende de ellos. Hasta que no aprueben los estatutos no se va a poder nombrar a un responsable".

Una vez aprobado dicho estatuto, este será elevado al Consejo de Ministros. Tres meses después se constituirá un Consejo Rector que elegirá al director de la Agencia.

Para qué serviría la AESAP

Que la AESAP estuviese hoy operativa, en palabras del directivo de SESPAS, ayudaría a que hubiese "unos protocolos y criterios técnicos claros" a la hora de enfrentar una crisis como la del hantavirus.

"Su papel debe ser de coordinación entre las autonomías, el ministerio y los organismos internacionales, como la OMS y la UE. Sin esos mecanismos, las cosas sólo se pueden hacer a través de la Dirección General de la Salud Pública y la Agencia de Emergencias".

El inmunólogo Alfredo Corell cree que la respuesta de España no ha sido adecuada, porque "un país del siglo XXI no se puede sostener en un ministerio en funciones operativas".

Una respuesta eficaz, añade, depende de una agencia estatal con "autoridad científica, con una plantilla estable y con una red de laboratorios de referencia".

Por ello, pide "con firmeza" que "la AESAP eche a andar" porque "la memoria inmunológica enseña que sólo se protege si se construye antes de la siguiente exposición".

Corell afirma que "la confirmación diagnóstica de los casos del crucero se ha hecho en Suiza y Sudáfrica, no en España, por falta de capacidad técnica". Y añade: "No podemos liderar una respuesta sanitaria si dependemos de que otros confirmen lo que pasa en nuestras costas".