Juicio del 'caso Ábalos', en directo | Pardo de Vera se desvincula de cualquier irregularidad en la adjudicación del contrato de mascarillas y la contratación de Jésica

La sesión del juicio termina con el testimonio de Belén Villar, directora general de Organización e Inspección en el Ministerio de Transportes. Las defensas del exministro Ábalos y de Koldo García han intentado, con poco éxito, poner en cuestión el informe de auditoria encargado por el actual responsable del departamento, Óscar Puente, para analizar los contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión.

Aunque Villar no firmó esa auditoría, ha defendido el trabajo de sus subordinadas, las funcionarias que lo elaboraron (también llamadas a declarar en los próximos días) y ha sostenido que sus conclusiones estaban fundamentadas en la ingente cantidad de documentación aportada y "no eran arbitrarias".

Las defensas atacan esa auditoría con motivo: algunas de sus conclusiones inciden en aspectos que se dilucidan en este juicio, destacadamente el cambio de la cuantía de mascarillas contratadas, de 4 a ocho millones. Las acusaciones sostienen que esa modificación, que obligó a cambiar una orden ministerial ya firmada por José Luis Ábalos, lo impusieron Aldama y la empresa por él patrocinada. Soluciones de Gestión recibió 24 millones de euros.

La auditoría del Ministerio subrayó que "merece especial mención la falta de justificación del alcance (número de unidades a adquirir) establecido en las dos Órdenes: en la primera, por duplicarse en un momento dado la estimación de necesidades inicial, resultando además que la cifra final coincidía con la ofertada por la empresa adjudicataria; en la segunda, por no constar el haberse hecho tal estimación y no haberse previsto siquiera, como sí se hizo en la primera, una distribución posterior que al menos justificara dicho número".

En la segunda Orden, además, la determinación de las necesidades por destinatarios finales no se realizó hasta haber llegado ya a España cuatro de los cinco vuelos a través de los cuales se hizo efectivo el suministro.

La vista se reanudará el próximo martes.

El secretario general de Puertos del Estado en marzo de 2020, Álvaro Sánchez Manzanares, es un testigo relevante porque intervino de forma central en la adjudicación del contrato de 8 millones de mascarillas por la empresa Soluciones de Gestión por un importe de 24 millones de euros.

Sánchez Manzanares, a quien se investiga en la Audiencia Nacional por esa adjudicación, ha manifestado que el 19 de marzo de 2020, el día anterior a que Ábalos firmara la orden ministerial para adquirir ese volumen de mascarillas por Puertos del Estado, ha manifestado que "nosotros éramos instrumentos de la ejecución del contrato, las decisiones eran del Ministerio".

Contradice en esto al exdirector de Puertos, que esta misma tarde ha testificado que decidieron de forma independiente la adjudicación.

Sánchez Manzanares, que fue quien armó el expediente para realizar esa contratación de emergencia, ha explicado que la oferta de Soluciones de Gestión le llegó a través de Javier Sánchez, director General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes el 20 de marzo.

El día anterior el subsecretario de Transportes les traslada que Puertos va a ser el órgano de contratación. "No se nos dice que contratemos y busquemos un proveedor, sino que en esa situación de emergencia han conseguido un proveedor. No es una licitación ordinaria en la que nosotros buscamos al proveedor, ellos habían conseguido un proveedor que yo no conocía".

De este modo, cuando recibe la oferta de Soluciones el proveedor "ya venía decidido".

El testigo ha confirmado la intervención de Koldo García: "estaba encima de la ejecución", ha dicho. "Estaba encima de la operación a efectos de los problemas que pudieran surgir, que eran constantes".

Y también ha ratificado la intervención de Aldama. A él le remite la orden ministerial que encarga la compra a Puertos.

- ¿Por qué?, ha preguntado el fiscal Alejandro Luzón.

- Aldama era el que me estaba informando de la logística. Había un avión en Lisboa que era el que iba a conseguir las mascarillas. Aldama me dice que la cuantía tiene que ser superior [en la orden ministerial inicial se encargaban 4 millones de mascarillas, que luego fueron 8 millones] y le digo que contrataremos lo que nos diga el Ministerio. La situación fidedigna de los aviones me la da Aldama.

También remitió al empresario, "a Koldo y a todo el Ministerio" una oferta de otra empresa con un precio por mascarilla sensiblemente inferior (1,35 euros por unidad frente a los 2,5 euros de Soluciones de Gestión). Esa oferta llegó cuando el contrato ya estaba adjudicado a Soluciones.

- ¿Usted informa de esa oferta a Aldama, un competidor?, ha querido saber Luzón en referencia a que Aldama fue el intermediario entre Soluciones de Gestión y el Ministerio de Transportes

- Es que no sabíamos que era un competidor. Aldama no aparecía en la documentación de Soluciones de Gestión. Para nosotros estaba en la parte ministerial. Tenía una relación estrecha con el Ministerio y estaba ayudando en la coordinación de los aviones.

El subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, destinado en el edificio de Nuevos Ministerios, donde está la sede de Transportes, ha testificado que el empresario Víctor de Aldama entraba a la zona reservada del ministro Ábalos cuando quería y aparcaba en la zona de autoridades.

El defensor de Aldama, José Antonio Choclán, ha explotado un testimonio en principio irrelevante y que, a la postre, ha venido a confirmar el acceso privilegiado de su cliente a los máximos responsables de Transportes.

"Afirmativo", ha contestado el guardia civil cuando el letrado le ha preguntado si "vio subir recurrentemente por el ascensor del ministro a Víctor de Aldama".

"Aldama tenía acceso permanente y entraba y salía sin nadie decirle nada. Unas veces entraba por la mañana, otras por la tarde y otras por la mañana y por la tarde", ha precisado.

"Y estacionaba en el estacionamiento de autoridades. Subía y entraba sin pedir permiso a nadie", ha añadido.

El testigo ha confirmado que el empresario "iba acompañado muchas veces de personas. Pero como tenía autorización para acceder ni nos fijábamos quiénes eran"

- ¿Le suena que alguna vez fuera con un empresario llamado Manuel Contreras?, ha intentado apurar Choclán

- Sonar, me suena. Si me enseña una foto se lo digo

- No tengo una foto ahora, ha señalado el defensor

El guardia civil ha dejado otros datos: que fue Koldo el que le presentó a Aldama y que este empresario "dejó de pasar al Ministerio cuando Ábalos fue cesado y antes no le he visto".

Francisco Toledo, que presidía Puertos del Estado cuando en marzo de 2020 se adjudicó a Soluciones de Gestión un millonario contrato de mascarillas, ha afirmado que no recibió "ninguna sugerencia ni de Koldo García ni de nadie" para que la adjudicataria fuera esa empresa.

Soluciones de Gestión, que fue intermediada por Víctor de Aldama, proporcionó 8 millones de mascarillas y se llevó 24 millones de euros. Las acusaciones sostienen que el exministro Ábalos y su asistente, Koldo García, cobraron comisiones por esa adjudicación y por otra posterior realizada por Adif.

A Toledo, en realidad, se le dio el expediente preparado por sus subordinados -en especial por quien entonces era secretario general de Puertos, Álvaro Sánchez Manzanares- y con el marco establecido por una orden ministerial firmada por Ábalos con el número de mascarillas ya determinado, que pasó en 38 minutos de 4 millones de mascarillas al doble.

"Me enteré del contrato cuando hay estaba en la plataforma de contratación para la firma", ha dicho.

El 24 de mazo de 2020, tres días después de la adjudicación, las mascarillas no habían llegado a España.

A las 11:19 de la mañlana Toledo envió un correo electrónico a Sánchez Manzanares para decirle que "Me parecen unos plazos demasiado largos. No es eso lo que ofertaron. Si el problema como dicen son los fletes hay que ponerles presión (...). No es explicable lo de la escasez de aviones o slots por lo que me dicen fuentes del sector. En resumen: No podemos conformarnos. Presión y soluciones alternativas para flete de aviones. Me está indignando como va la cosa. Si no responden acortando notablemente dadme un teléfono de contacto y hago gestiones personalmente porq e al final quien va a dar la cara por el retraso soy yo. Si esos son los plazos estoy por rescindir. La otra oferta nos garantiza una semana y a mitad de precio".

La "otra oferta" era de una empresa que les daba "un precio muy inferior y, de hecho, se ha demostrado que era un precio que no estaba en el mercado, por lo que hubiéramos tenido problemas" de haberla contratado, ha explicado esta tarde durante el juicio.

Sánchez Manzanares le respondió a las 11:24: "Paco, la previsión es que acorten los plazos, presionando con los fletes. Esta mañana, a las 7:30, se lo pase al subsecretario. Lo habló con Jose Luis y le dijo que adelante, que no podíamos arriesgarnos".

El correo del presidente de Puertos debió preocupar a Sánchez Manzanres porque, antes de contestarle, envió un 'whatsapp' a Koldo García. Fue a las 11:18: "Koldo, acuérdate de recordar a Jose que llame a mi Presi. Le he dicho que las gestiones las estaba llevando él directamente".

Mensaje del secretario general de Puertos del Estado a Koldo García

Toledo ha negado haber recibido esa llamada de Ábalos.

Pardo de Vera ha defendido que Adif adjudicó el contrato de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa promovida por Aldama, sin recibir instrucciones y porque las primeras mascarillas contratadas por otro organismo del Ministerio, Puertos del Estado, iban a llegar al día siguiente, lo que les daba garantías.

"A los resultados me remito, que fueron satisfactorios", ha defendido.

Isabel Pardo de Vera ha manifestado que no sabía que Aldama era el intermediario de Soluciones de Gestión y también desconocía su papel en empresas como Air Europa favoreciendo su rescate por el Gobierno.

La expresidenta de Adif también se ha desvinculado de cualquier irregularidad en la contratación de Jésica Rodríguez, examante de Ábalos, asunto por el que Pardo de Vera tiene la condición de investigada en la Audiencia Nacional.

La testigo ha admitido haber recibido el 11 de febrero de 2019 un 'whatsapp' de Koldo García diciéndole "que llamen a la chica los de Ineco para que inicien los trámites porque, si no, Jose me corta los huevos".

"Eran expresiones típicas de Koldo para hacer valer su posición de transmitir a través del ministro", ha dicho Pardo de Vera. Ella lo transmitió a Ineco pero "no como una exigencia", ha dicho.

"Se lo trasladé a la presidenta de Ineco: me ha llegado este curriculum, lo dejo a tu consideración, si hay vacantes, si cumple el perfil, lo consideras y nada más, sin mayor importancia, No conocía a la señora ni sabía de qué venía".

"Ábalos no me llamó jamás en relación con la contratación de Jésica", ha asegurado. De hecho, cuando se enteró de que Jésica "tenía o había tenido" una relación con el ministro ("fui de las últimas en saberlo") apreció que "podía haber un conflicto de interés" y, como el contrato en Ineco tocaba entonces a su fin, habló con Ábalos para decirle que "no es posible una nueva contratación de esta persona".

"El ministro me dijo 'lo que tu hagas bien hecho está’ y no supe más de esta señora", ha indicado

Pardo de Vera ha manifestado que no supo que Jésica fue contratada en otra empresa pública dependiente del Ministerio, Tragsatec.

Respecto a los testimonios que han asegurado que Pardo de Vera transmitió que "dejaran en paz" a Jésica tras habérselo pedido a ella el ministro, la expresidenta de Adif ha manifestado que "rotundamente no" dijo nada de eso. Así lo ha declarado el encargado del proyecto de Adif al que Jésica fue adscrita, Ignacio Zaldívar.

Pero Pardo de Vera lo ha negado "el ministro a mi no me llama por esta señora. Si alguien me pudo llamar es Koldo, pero el ministro no"

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera inaugura la primera declaración testifical de la sexta sesión del juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos; su lugarteniente, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

Pardo de Vera, que está investigada en la Audiencia Nacional, ha enfatizado la especial relación que apreció en los dos últimos. Cuando ella iba a despachar con el ministro se encontraba a Aldama en el área reservada. "Lo vi varias veces y pregunté a Ábalos por qué una persona que no pertenecía al Ministerio estaba ahí. Ábalos se extrañó y me dijo que sería un amigo de Koldo y que se enteraría".

Pregunté por qué una persona que no pertenecía al Ministerio estaba en el área reservada, Ábalos se extrañó y me dijo que sería un amigo de Koldo y que se enteraría,

- Pardo de Vera asegura que vio a Aldama y Koldo en el despacho del ministro, "pero no con el ministro".

"Cuando yo llegaba a despachar con el ministro y no estaba, preguntaba ‘pero si me ha citado’. Y alguna que otra vez me encontré que en el despacho de Ábalos estaban Koldo y Aldama, lo que me chocaba aunque solo fuera por un código ético e institucional. En toda mi experiencia es algo que no me he encontrado jamás".

También ha declarado este miércoles, en la quinta sesión del juicio del caso Kitchen, el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos de García Castaño.

Este testigo ha señalado que fue éste, apodado El Gordo, quien le ordenó la vigilancia sobre Rosalía Iglesias, como una "orden directa del DAO" [director adjunto operativo] y con una escueta explicación sobre los motivos del dispositivo.

"[García Castaño] me dijo que tenían problemas a la hora de encontrar el dinero [que Bárcenas ocultaba en el extranjero]. Había muchos millones y testaferros...", ha señalado Hervás.

En ningún caso, de acuerdo con su testimonio, El Gordo le encomendó encontrar documentos o grabaciones en poder del extesorero del PP.

Según ha manifestado Hervás ante el tribunal, asumió esta labor en agosto de 2013, mientras García Castaño estaba de vacaciones. En ese periodo, "no hubo nada relevante". De hecho, tal y como ha admitido, levantó los seguimientos durante "dos o tres días", en los que hubo de destinar a sus subordinados a otros asuntos.

Sí ha reconocido "algún conflicto" con otra unidad policial debido a "vigilancias en paralelo". No obstante, Mariano Hervás ha explicado que desconocía el rol de Sergio Ríos y que nunca habló del asunto con Villarejo.

No obstante, ha asegurado que no sabía si su superior, El Gordo, coordinó con su homólogo en la UDEF esta vigilancia al entorno de Bárcenas.

Por último, ha declarado el jefe de Área de Seguimientos de la UCAO. Este agente participó en la vigilancia a Rosalía Iglesias, que la acabó detectando en octubre de 2013, por lo que se frena el dispositivo.

En línea con Hervás, ha señalado a García Castaño como la persona que encomendó el seguimiento por orden del DAO.

También se encargó de efectuar vigilancias frente al despacho de Javier Gómez de Liaño, el entonces abogado del extesorero del PP.

No obstante, este agente sí ha admitido que conocía que Sergio Ríos, el entonces chófer de Bárcenas, colaboraba con la Policía.

Tras la declaración de Cosidó, ha sido el turno de la testifical del comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Informació (CGI) entre 2013 y 2015. Por ello, gran parte de su interrogatorio ha versado sobre las vigilancias a Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas.

Una testigo, agente de la Unidad de Asuntos Internos, declaró este martes que, mientras "protegía" a la mujer del extesorero del PP descubrió que miembros de la CGI también la vigilaban.

Barón ha declarado que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) formaba parte de la estructura de la Comisaría General de Información.

El comisario Enrique García Castaño, apodado El Gordo, era jefe de la UCAO cuando tuvo lugar la Operación Kitchen. No obstante, debido a su estado de salud, El Gordo se ha librado de este juicio. Por ese motivo, no se sienta en el banquillo de los acusados.

—¿Tuvo conocimiento, a partir del año 2013, de seguimientos realizados por la UCAO a Rosalía Iglesias?— ha preguntado el fiscal César de Rivas. Barón ha señalado que no: "En absoluto, no tuve conocimiento de eso".

El testigo ha señalado que, de forma habitual, García Castaño, que era su subordinado, le daba cuenta de los resultados de su trabajo. "Quitando este caso...", ha matizado. "En general, sí. Había un control interno de las operaciones. Y yo despachaba con mis subordinados diariamente", ha añadido.

No obstante, Barón ha admitido que El Gordo se reunía, "cada semana o cada quince días", con el entonces DAO, el acusado Eugenio Pino, por motivos que nunca le comunicó. "[García-Castaño] me decía: 'Hombre, es que [Pino] me llama para tomar café...'".

"Si le llamaba para despachar, puenteándome a mí, y no digo que eso se haya producido, no me parecería muy ortodoxo...", ha reprochado Enrique Barón.

Ignacio Cosidó, exsenador del PP y exdirector general de la Policía Nacional, ha admitido que, como máximo responsable del Cuerpo, descartó, en 2015, abrir una investigación interna cuando EL ESPAÑOL desvela la existencia de la Operación Kitchen.

"Yo no abría investigaciones exclusivamente sobre informaciones periodísticas", ha alegado.

Cosidó ha declarado este miércoles como testigo en el juicio del caso Kitchen, que aborda el supuesto dispositivo parapolicial destinado a vigilar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y robarle documentación sensible que pudiera resultar perjudicial para el PP.

Asimismo, se ha desvinculado de la gestión de los fondos reservados, de los que provendrían los 2.000 euros mensuales que el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, Ríos cobró durante dos años por suministrar información a la red parapolicial.

"No podría decir un solo confidente que tuviera la Policía. Si hay una materia especialmente reservada es ésa...", ha indicado Cosidó.

Ignacio Cosidó, exsenador del PP y exdirector general de la Policía Nacional, ha negado conocer, durante su etapa como máximo responsable del Cuerpo, ningún espionaje ilegal contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

Cosidó ha declarado este miércoles como testigo en el juicio del caso Kitchen. Obligado a decir la verdad, Cosidó ha señalado que tan sólo conocía que la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional) realizaba pesquisas sobre Luis Bárcenas como Policía Judicial, en el marco del caso Gürtel, en el que el excontable del PP estaba siendo investigado por orden de la Audiencia Nacional.

Asimismo, Cosidó ha explicado que no tenía "una especial relación de confianza" con uno de los principales acusados en este juicio, el excomisario José Manuel Villarejo.

Tan sólo ha reconocido un "saludo protocolario" con él en la ceremonia en la que Cosidó fue nombrado director general de la Policía. "Pero ni él me da ninguna información ni yo a él ninguna instrucción", ha señalado el testigo.

El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó ha sido citado de nuevo este miércoles como testigo en el juicio del caso Kitchen tras haber tenido que retrasar el tribunal un día su comparecencia ante el exhaustivo interrogatorio al que las defensas de los diez acusados han sometido entre el lunes y el martes al responsable policial de la investigación de esta causa.

A la vista de que se prolongaba la declaración de este investigador, inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, el tribunal acordó cambios en el calendario del juicio y decidió volver a citar al día siguiente a Cosidó después de haber permanecido toda la mañana en la Audiencia Nacional esperando su turno para prestar su testimonio.

Lo mismo sucedió con otros dos testigos citados también ayer: el comisario Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017; y el comisario Mariano Hervás, quien fuera número dos del comisario Enrique García Castaño, pieza clave en el despliegue de Kitchen y que ha sido exonerado de este juicio por motivos de salud. Ambos han sido también citados de nuevo para este miércoles.

Para Cosidó, máximo responsable de la Policía de 2012 a 2016, la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir sin éxito al juez instructor su imputación en el caso Kitchen a raíz de que el excomisario José Manuel Villarejo le señalara como la persona que le dijo que se iba a encargar de captar a alguien para espiar al extesorero.