Sánchez ve la regularización masiva de inmigrantes como "un acto de normalización" clave para "la prosperidad" de España

En su misiva, publicada antes de que arrancase el Consejo de Ministros que va a dar luz verde a esta medida, el presidente habla de "orgullo" y "justicia" en lo que describe como un "acto de normalización" de quienes "ya forman parte de nuestra vida cotidiana".

Sánchez asegura que "el sentido" de esta regularización es "reconocer derechos, pero también exigir obligaciones".

Para ello pide "gestionar con responsabilidad" esta regularización, pero también "integrar con justicia" para convertir este paso "en prosperidad compartida".

Un camino que reivindica frente a los que "quieren sembrar el miedo, enfrentar unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión".

Con tono más emotivo, asegura que la regularización es "un acto de justicia con nuestra propia historia" y recuerda a "nuestros abuelos y abuelas, que emigraron a América y a Europa en busca de una vida mejor".

Apoya además su posición en argumentos demográficos y económicos: el envejecimiento poblacional, la escasez de mano de obra y la necesidad de aumentar cotizantes.

Los socios europeos protestan por la regularización masiva de Sánchez: "Podría provocar un efecto llamada hacia la UE"

El presidente asegura que "sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena" y que "es una necesidad" porque España "envejece".

La medida, aprobada hoy en el Consejo de Ministros tras el dictamen del Consejo de Estado —que dio su visto bueno jurídico pero pidió cautela y rigor en los criterios de acceso—, llega con la oposición advirtiendo del "efecto llamada" y con los recelos de Bruselas y otros países europeos que no han sido informados.

En su misiva, Sánchez obvia las advertencias del informe del Consejo reclamando garantías adicionales para evitar que la regularización se perciba como un incentivo a la entrada irregular. Aunque, el texto final ha endurecido la regularización, en línea con el dictamen del órgano.

Exigirán antecedentes penales

En el nuevo decreto ya no basta con una declaración: los solicitantes deberán acreditar que carecen de antecedentes penales.

Tendrán un mes para conseguir el certificado y, si no lo logran, el Ejecutivo lo gestionará por vía diplomática en tres meses. Si tampoco llega, habrá un último intento de 15 días. Después, se cierra la puerta.

El proceso arranca ya y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Los aspirantes deberán demostrar que estaban en España antes del 1 de enero, que han permanecido al menos cinco meses y que no suponen un riesgo para el orden público.

El principal cuello de botella será, precisamente, el certificado de antecedentes, que ya ha provocado colas en consulados. El Gobierno corrige así su planteamiento inicial —más laxo— tras las críticas del Consejo de Estado, que denunció desorden y falta de rigor en el texto.

Da la casualidad de que, debido a su gira asiática, Sánchez no ha estado en el Consejo de Ministros que da luz verde a esta medida. El encargado de estar al frente de la reunión ministerial ha sido, por primera vez, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

La carta de Sánchez, que ya ha recurrido en más ocasiones a este modelo como cuando imputaron a su mujer, vuelve a apelar a la emoción para dar carga épica a una decisión que, según su propio entorno, el Gobierno veía inevitable y que surgió tras un pacto con Podemos.