La precariedad, las barreras culturales y la burocracia aumentan la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes frente a los embarazos no deseados.
Por qué el aborto vuelve a ser noticia: se dispara 7 puntos entre mujeres latinoamericanas pero desciende entre españolas
En España se ha superado la barrera de las 100.000 intervenciones voluntarias del embarazo (IVE) por segundo año consecutivo tras las 101.322 notificadas en 2023.
Más información: Sánchez fantasea con que Ayuso fomenta "viajes clandestinos a Londres" cuando paga el 73% de los 21.000 abortos de Madrid.
El Gobierno de España ha decidido seguir adelante con su proyecto para incluir el derecho al aborto en la Constitución Española, con el fin de blindarlo como un principio rector.
El paso es puramente simbólico, pues el Ejecutivo de Pedro Sánchez necesita una mayoría cualificada imposible —que precisa del voto del PP— para ser aprobada. Pero recupera un debate que parecía extinguido en España.
Se practican más abortos que nunca en España y, aunque en su mayoría se hacen en clínicas privadas, eso no supone un costo para el bolsillo de las mujeres, ya que si se solicita a través de la Seguridad Social lo costea la Administración pública.
Ahora bien, el análisis de las interrupciones voluntarias del embarazo registradas por el departamento de Mónica García en 2024, último año del que se tienen registros, sí marca que existen cambios respecto a quién y cómo ejerce este derecho.
Sobre todo en el perfil de las demandantes: los abortos de mujeres latinoamericanas pasan de representar casi uno de cada cinco (18,6%) a uno de cada cuatro (25%), mientras las europeas retroceden cinco puntos.
Las cifras detallan que las mujeres nacidas en el continente americano han experimentado el crecimiento más notable en la estadística, impulsadas por el incremento de las residentes originarias de Sudamérica y de América Central.
La serie histórica refleja una tendencia al alza ininterrumpida tras la caída puntual que provocó la pandemia.
![Tabla elaborada por el Ministerio de Sanidad.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/09\/actualidad\/1003744200935_262356326_1706x1755.jpg"])
Tabla elaborada por el Ministerio de Sanidad.
Si en 2015 el total de interrupciones voluntarias del embarazo se situaba en 92.565, la cifra ha escalado hasta marcar su máximo absoluto de la última década con 106.172 casos registrados en 2024.
Este incremento, que supera la barrera de las 100.000 intervenciones por segundo año consecutivo tras las 101.322 notificadas en 2023, confirma un repunte que solo se vio frenado por el anómalo descenso del año 2020, cuando se anotaron 86.990 abortos (durante la pandemia).
Además se aprecia un descenso del peso de las nacidas en España: su peso dentro del total pasa del 63,87% al 62,21% a lo largo de la última década.
El repunte de esta subida recae sobre las latinoamericanas, que pasan del 14,51% al 19,02% en este periodo.
¿Por qué?
Diversos estudios científicos y sociológicos explican las razones de esta transformación demográfica.
Entre las mujeres inmigrantes, tener estudios superiores no reduce los embarazos no deseados, a diferencia de lo que ocurre con las españolas.
Así lo señala un estudio del Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico (OPIK) de la Universidad del País Vasco.
¿Los motivos? Muchas de estas mujeres, pese a tener una alta formación, no encuentran trabajos acordes a sus estudios y acaban en empleos muy precarios.
Las matronas e investigadoras del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia documentan en sus estudios que estas mujeres abandonan sus países con un plan de vida que está "obligado al éxito" para asegurar la supervivencia de la familia. Y un embarazo imprevisto pone en riesgo su modo de subsistencia.
Además, muchas se encuentran con dificultades para acceder a la planificación familiar y con barreras culturales: en sus países de origen, la prevención puede ser un tabú y el uso de anticonceptivos llega a estar mal visto.
Tensión política
A esto se suma, según un estudio sobre Andalucía de Miguel Ruiz-Ramos, Lourdes Ivañez-Gimeno y Francisco Javier García León, una doble desventaja: la burocracia y la falta de redes de apoyo.
El debate sobre el aborto llega tras un choque frontal del Gobierno central con el gabinete de Isabel Díaz Ayuso por su negativa a implementar el registro de objetores de conciencia.
Tras la imposición de medidas cautelares por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Ejecutivo autonómico finalmente ha empezado a tramitar dicho listado mediante consulta pública, aunque ha advertido de que recurrirá el fondo del asunto.
En este contexto se enmarcan las duras declaraciones de este miércoles del portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, quien defendió que el aborto debe ser "legal, seguro y poco frecuente".
Y afeó al PSOE que intente agitar este debate porque la bandera del feminismo "se les ha caído por leyes como la del 'solo sí es sí'" y como maniobra de distracción ante la "corrupción" que afecta a Moncloa.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la firma de acuerdos de la XXXVI Cumbre hispano-portuguesa.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/10\/actualidad\/1003744164496_261873525_320x180.jpg"])
Pese a que Pedro Sánchez y sus ministros aseguren que las madrileñas "no pueden ejercer" el derecho al aborto por culpa del Gobierno autonómico, los datos del propio Ministerio de Sanidad lo desmienten tajantemente.
En realidad, la región asume casi el 20% de las intervenciones de toda España.
En 2024 se superaron las 21.000 interrupciones del embarazo, de las cuales más de 18.000 se realizaron a mujeres madrileñas y cerca de 3.000 a desplazadas desde otras comunidades autónomas, mayoritariamente desde Castilla-La Mancha.
