El Gobierno instala un centro de menas en Pinto sin avisar al Ayuntamiento en plena guerra de Sánchez con Ayuso

La guerra por la recepción de menores migrantes entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez suma un nuevo capítulo.

El Ejecutivo central ha instalado un centro de acogida de estos jóvenes no acompañados en Pinto, localidad gobernada por el PP, sin notificar previamente al Ayuntamiento, tal y como han denunciado fuentes del propio consistorio.

El movimiento llega después de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciara que se negaría a acoger más menores bajo el régimen autonómico tras detectar anomalías en algunos traslados.

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El Ayuntamiento de Pinto ha expresado su malestar por la "decisión unilateral" del Gobierno central de instalar esta casa de acogida, gestionada por una entidad privada en un domicilio particular y financiada a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según el consistorio, se enteraron de la medida por los vecinos de la zona y no participaron "en ningún momento" en la evaluación de los recursos disponibles ni en la valoración del impacto sobre los servicios públicos, la convivencia o la seguridad.

En paralelo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, ha recordado a la Comunidad de Madrid que el mecanismo de derivación de menores establecido por el Real Decreto-ley 2/2025 sigue plenamente vigente mientras se mantenga la contingencia migratoria en territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla.

En una carta remitida a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, como respuesta a la enviada el lunes por el equipo de Ayuso, Torres subraya que las reubicaciones "cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley".

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El choque institucional tiene dos vertientes diferenciadas.

Por un lado, el centro de Pinto es de gestión estatal y acoge a menores bajo tutela del Gobierno central, fuera del sistema autonómico madrileño. Por esa razón no han comunicado nada al Ayuntamiento de Pinto, aunque tenga que ser éste el que preste servicios, educativos o sanitarios, a estos menores cuando lo precisen.

Por otro, la Comunidad de Madrid ha anunciado que no aceptará nuevos traslados de menores desde otras CCAA a centros gestionados bajo su competencia, alegando irregularidades en los traslados y la falta de cobertura legal para asumir su custodia.

Según la carta de la consejera Ana Dávila publicada por EL ESPAÑOL, Madrid detectó casos de menores trasladados pese a tener familiares en otras comunidades, hermanos separados durante el proceso o jóvenes con empleo y arraigo previo.

Estas situaciones, advierte, han derivado en escenarios de vulnerabilidad que cuestionan la eficacia del mecanismo.

Dávila insta al Ejecutivo central a cesar estos traslados y anuncia que, de persistir, la Comunidad ejercerá "todas las acciones legales necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente".

Torres, en su respuesta, defiende que el sistema estatal busca priorizar el interés superior del menor y asegura que su aplicación ha contado con la colaboración de la mayoría de comunidades autónomas, permitiendo aliviar el hacinamiento en territorios de llegada y mejorar la vida de los menores migrantes sin alterar la convivencia.

Con este episodio, la disputa entre Moncloa y la Comunidad de Madrid se intensifica.