La pregunta 'machista' del PSOE para 'humillar' a Guardiola: "¿Cuándo prevé recibir el permiso para formar gobierno?"

Los populares denuncian que se trata de una formulación "machista" y de un intento deliberado de "humillar" a la presidenta de la Junta, cuestionando su autonomía.

El portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, acusa al PSOE de confundir "el control al Gobierno" con "preguntas de un cariz machista" mientras en paralelo intenta entorpecer las negociaciones con Vox.

"Eso es una pregunta machista, que ningún político le haría si la presidenta fuese un hombre", sostiene, antes de subrayar que "a la presidenta Guardiola nadie tiene que darle permiso".

Según Sánchez Juliá, el PSOE tiene "interiorizado" que "o gobiernan ellos o no puede gobernar absolutamente nadie" en Extremadura. Por eso, encuadra ésta y otras iniciativas, como la petición de repetición electoral, en una estrategia para frustrar el acuerdo programático que PP y Vox han empezado a tejer.

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El dirigente popular recalca que Guardiola está haciendo "un trabajo minucioso para que Extremadura tenga el gobierno que se merece", frente a unos socialistas que, afirma, buscan someterla a una suerte de tutela política.

En ese marco, la alusión al "permiso" se interpreta como un intento de rebajar su autoridad y presentar a la presidenta como dependiente de terceros.

Un acuerdo inminente

Sánchez Juliá remarca además que "tanto el Partido Popular como Vox hicieron un trabajo serio, muy minucioso" en la última reunión para "establecer una negociación" y avanzar hacia un gobierno "estable y próspero para los próximos cuatro años".

La denuncia de la "pregunta machista" sirve así al PP para cerrar filas en torno a Guardiola y reforzar el relato de que las conversaciones con Vox avanzan pese a los obstáculos que, acusan, coloca el PSOE.

La polémica estalla en la recta final de unas negociaciones que viven ya su fase decisiva. PP y Vox han cerrado un preacuerdo programático que encarrila la investidura de Guardiola, aunque todavía no han abordado en detalle el reparto de cargos en el futuro Ejecutivo extremeño.

Ese principio de entendimiento se apoya en una posición común clave: la defensa de la central nuclear de Almaraz y la oposición al calendario de cierre pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ambos partidos han logrado pasar de la desconfianza inicial a un consenso en torno a la necesidad de "salvar" la planta como símbolo de estabilidad energética y de proyecto industrial para la región.

Por detrás de la fotografía extremeña está la estrategia nacional de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP fijó el 1 de abril como fecha límite para cerrar los tres gobiernos autonómicos pendientes con Vox: Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Mientras, el partido de Santiago Abascal insiste en que "no tiene prisa" y mantiene sus exigencias para entrar en los ejecutivos.

La negociación en Extremadura se coordina con las conversaciones en otras Comunidades y se ajusta al patrón que Génova ha pactado con sus candidatos: acuerdos de cuatro años, con un calendario de reformas detallado, si Vox quiere ocupar consejerías.

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Guardiola se mueve en ese marco, sabiendo que su caso es especialmente sensible por la hemeroteca de 2023 y por el uso del "feminismo" como arma arrojadiza tanto por el PSOE como por Vox.

En este contexto, el PP intenta aprovechar la frase del "permiso para formar gobierno" para presentarse como víctima de un doble rasero.

Por un lado, denuncia el intento del PSOE de deslegitimar sus acuerdos con Vox en nombre del feminismo. Por otro, le acusa de aplicar un lenguaje que, a juicio de los populares, sólo se permite cuando se trata de una presidenta mujer.

Mientras tanto, las conversaciones con Vox continúan con la vista puesta en "un acuerdo pronto, pero mejor bueno" para la investidura.