Montero no cede ante Yolanda Díaz y el decreto de Irán no incluirá ni prohibir desahucios ni la prórroga de alquileres

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este miércoles que el decreto para paliar las consecuencias económicas por la guerra en Irán no incluirá medidas como la prohibición de los desahucios ni la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente, ya que ambos asuntos no cuentan con suficiente apoyo en el Congreso.

"Incorporaremos las medidas que cuenten con consenso", ha afirmado Montero en los pasillos del Congreso al ser preguntada sobre si el decreto incluirá medidas de vivienda que están reclamando Sumar y otros socios de izquierda y Junts rechaza.

En este punto ha recordado que ya se ha intentado en hasta dos ocasiones aprobar un decreto con un escudo social que incluía la prohibición de desahuciar a personas vulnerables y que fue rechazado por Junts, PP y Vox.

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"En esta ocasión, tenemos que ser capaces de situar -en el decreto- aquellas medidas que cuenten con la aprobación y con el consenso de los grupos. No vamos a tener un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Eso es lógico", ha dejado claro.

Según ha dicho, se va a intentar que "no haya ninguna cuestión que sea un problema, un obstáculo para que alguno de los que habitualmente apoyan las medidas del Gobierno la pueden apoyar", ya que "con la derecha nunca se sabe" y, por tanto, "tenemos que contar con el resto".

Así, ha admitido que al Gobierno le gustaría "ir mucho más allá" en este decreto pero que el arco parlamentario es el que es y, por tanto las medidas, que incluya tienen que contar "con el acuerdo de la mayoría de los grupos que están llamados a apoyar este decreto".

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Junts y PNV, en contra

De hecho, este mismo miércoles el PNV ha desaconsejado al Gobierno incluir estas dos medidas en el decreto que se aprobará este viernes. "Es un poco jugar a la ruleta rusa", ha afirmado la diputada jetzale Maribel Vaquero.

Lo mismo ha hecho el diputado de Junts Josep Maria Cruset, que ha pedido al Gobierno que no incluya medidas contra los desahucios o "les saldrá mal".

"Medidas anticrisis, sí; chantajes, no", ha subrayado Cruset hoy en una interpelación en el Congreso, para añadir que "si intentan volver a chantajearnos haciendo sufrir a la gente mezclando todas las medidas no les saldrá bien".

En concreto, ha advertido al Gobierno de que no tiene mayoría para "seguir blanqueando las okupaciones" de vivienda ni para "asfixiar" a la población con más impuestos.

Hay que recordar que Junts también rechaza una prórroga automática generalizada de los alquileres y ha propuesto que el Estado asuma el pago del alquiler a familias vulnerables para evitar desahucios.

Topar un 2% los alquileres

Ayer, en los pasillos del Senado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió que es "de sentido común" poner sobre la mesa la congelación del precio de los alquileres.

Desde el ala socialista del Gobierno son conscientes de que Junts no aprobará ningún escudo social si se recoge esta congelación, por lo que han ofrecido a Sumar topar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda -26 de mayo de 2023-.

Para Sumar esta medida es insuficiente, si bien Díaz ha aclarado que la negociación con el PSOE sigue en marcha en un contexto en el que es "evidente que están subiendo los precios no solo del gasoil y de la gasolina, sino también de la cesta de la compra", en declaraciones recogidas por Efe.

Yolanda Díaz este martes en el Senado. Efe

"Cualquiera de ustedes sabe que satisfacer un arrendamiento en cualquier ciudad de España, no solo en Madrid o en Barcelona o en las grandes ciudades como Sevilla o Valencia, hoy es misión imposible", dijo la vicepresidenta al respecto.

Por ello, el Gobierno contempla la posibilidad de topar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres firmados antes del 26 de mayo de 2023, dentro del decreto ley.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, insistió este martes en rueda de prensa en el Congreso en que la prórroga de los contratos es para ellos la "prioridad absoluta" en la negociación y la "medida central" en la que están poniendo todo su empeño.

Sumar además se ha coordinado con los socios parlamentarios de la izquierda para pedir al PSOE que incluya también en el decreto del viernes la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, derogada el pasado febrero por la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox y Junts.

Fuentes socialistas se resisten a incluir esta medida en el decreto y sólo aceptan incorporarla si afecta únicamente a los colectivos "supervulnerables".

Alegan, entre otras cosas, que Junts y el PNV "no lo ven" y que sus votos son imprescindibles para convalidar el decreto, lo que corrobora las palabras de hoy de María Jesús Montero.

Ante esto, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha limitado a pedir a las formaciones políticas que tengan "generosidad" para avalar y apoyar este escudo social.

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Qué medidas se aprobarán

El Gobierno aprobará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, con medidas "estructurales y coyunturales" para hacer frente a las consecuencias económicas en España de la guerra en Irán.

El Plan "protegerá a los más vulnerables" y "a los sectores más afectados", como el agroalimentario y el transporte, por la subida de los precios de los carburantes y de otros productos como los fertilizantes.

Sobre la mesa están medidas fiscales para contener el precio de la electricidad y para abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados.

De esa manera, el Gobierno descarta una bonificación general, una medida que sí se tomó por la guerra de Ucrania, para centrarse en sectores clave.

Tal y como publica este miércoles INVERTIA, el Gobierno va a suspender el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que supone el 5,1% de la factura de todos los españoles. Solo en 2025 se recaudaron 1.350 millones de euros a través de este tributo.

Fuentes conocedoras de la negociación del decreto que prepara el Gobierno, aseguran que se debate también la idea de pasar ciertos costes fijos de la factura eléctrica de los consumidores a empresas de hidrocarburos y otros sectores contaminantes con combustibles fósiles.

Es decir, se estudia aligerar el recibo de los hogares trasladando a empresas petroleras y grandes consumidoras de combustibles fósiles parte de los costes fijos de la factura.

También se prevé la prohibición de despidos por causas energéticas y planes de movilidad para impulsar el transporte colectivo en las grandes empresas, como anunció la semana pasada Yolanda Díaz.

Por ahora, el Ejecutivo no ve que sea necesario aprobar una reducción del IVA para los alimentos, después de que la semana pasada el presidente de Mercadona, Juan Roig, reclamara un IVA cero.