El 'plan Sánchez' por la guerra prevé quitar el impuesto del 5% a la electricidad y que parte del recibo lo paguen las petroleras

Como en otras crisis de precios de la energía, se va a suspender el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que supone el 5,1% de la factura de todos los españoles. Sólo en 2025 se recaudaron 1.350 millones de euros a través de este tributo.

Pero fuentes conocedoras de la negociación del decreto que prepara el Gobierno, aseguran que se debate también la idea de pasar ciertos costes fijos de la factura eléctrica de los consumidores a empresas de hidrocarburos y otros sectores contaminantes con combustibles fósiles.

Es decir, se estudia aligerar el recibo de los hogares trasladando a empresas petroleras y grandes consumidoras de combustibles fósiles parte de los costes fijos de la factura.

Tanto Carlos Cuerpo (Economía) como Sara Aagesen (Transición Ecológica) han dejado muy claro que habrá medidas a corto plazo para paliar el impacto de la crisis en los sectores más afectados. Pero al tiempo han advertido de que se prevén otras decisiones estructurales que fomenten la electrificación de la economía.

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Aunque por el momento no hay nada decidido, todo apunta a que se ha desempolvado un plan que se llegó a estudiar antes de la guerra de Ucrania.

En él se establecía que las petroleras y el consumo de energía contaminante pagaran más tasas que los sectores descarbonizados y los hogares.

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En ese contexto, se considera que hay una serie de cargas y peajes en el recibo de la luz, como el déficit de tarifa, que pesan sobre esa parte del consumo energético que ya está electrificado y que pueden pasar a ser pagados sólo por las empresas y actividades que más contaminan.

No se ha decidido qué partes pueden ser trasladadas ni en qué proporción. Ni siquiera si esta medida va a proponerse finalmente en el real decreto de este viernes o se llevará alguno de los consejos de ministros en las próximas semanas.

Aun así, en el sector energético y empresarial se ha desatado la preocupación por esas medidas estructurales que prepara el Ejecutivo.

El propio Carlos Cuerpo señalaba tras el Consejo de Ministros de este martes que se trata de poner al consumidor en el centro, sobre todo a los más vulnerables, y fomentar la descarbonización de la economía a medio y largo plazo.

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Desde el Gobierno quieren relanzar su apuesta por la electrificación, porque "el sol y el viento (españoles) nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Ormuz", en palabras de Sara Aagesen.

De hecho, es muy previsible que el real decreto del próximo viernes, cuya presentación se ha reservado a Pedro Sánchez, conlleve un paquete de medidas que desbloqueen el desarrollo de las renovables.

Se trata de normas que se recogían en el anterior decreto que se lanzó tras el apagón y que no se pudo aprobar en el Congreso. Unas medidas que abordan sobre todo la necesidad de simplificar las autorizaciones administrativas para dar el visto bueno a los parques energéticos renovables.

En cualquier caso, las medidas que se tomen deberán contar con el visto bueno del Congreso, con los grupos nacionalistas conservadores (PNV y Junts) como un filtro difícil de superar en caso de que se penalice demasiado a las empresas.

Sin descuento en surtidor

Ese trasvase de impuestos y tasas del sector eléctrico a los hidrocarburos sería compatible con las medidas especiales previstas para el transporte profesional, la logística, el campo y la pesca.

Se considera que son los sectores más afectados por la subida de gasóleos (28%), gasolinas (16%) y fertilizantes (del 30% al 40%).

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A partir de ahí, el Ejecutivo vigilará de cerca el efecto en segunda ronda de esa subida energética en los precios, dado que puede trasladarse a la cadena de valor de los alimentos y otros servicios. Ya hay quien sitúa la inflación en más del 3% si se prolonga el conflicto en Oriente Próximo más de lo deseado.

Lo que se ha descartado por el momento es volver a aplicar descuentos lineales de 20 céntimos al litro de carburante de forma generalizada, como se hizo al inicio de la guerra de Ucrania.

Las consultas preliminares realizadas desde el Gobierno con los agentes sociales y algunos colectivos vulnerables demostraron que esos descuentos fueron "regresivos" y perjudicaron a las estaciones de servicio más pequeñas frente a los grandes distribuidores.

Fuentes empresariales consultadas advierten que, cuando se sepa el contenido concreto y los cálculos del Gobierno, habrá que evaluar el impacto que también puede tener en el precio de los carburantes.

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No se descarta que se pueda retocar a la baja el IVA del 21% que pagan los hogares y las empresas por los gasóleos y gasolinas. Sobre todo porque el mayor precio sobre el que se aplicaría compensaría la posible bajada de recaudación.

Pero la idea expresada por el propio ministro de Economía pasa por un "paquete de actuaciones que refuercen la apuesta que se hizo desde 2018 de fomentar la electrificación de la economía".

Uno de los argumentos esgrimidos para defender esa opción es que el mix total de consumo energético en España apenas ha cambiado, pese a haber duplicado la generación con energías renovables.