La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Efe

Política

Igualdad estudia un perímetro de seguridad de 200 m para proteger a las clínicas abortivas del acoso de los provida

"Es la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción", asegura Ana Redondo ante las protestas frente a estas clínicas, penadas con cárcel.

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Las claves

El Ministerio de Igualdad estudia establecer un perímetro de seguridad de 200 metros alrededor de las clínicas abortivas para proteger a las mujeres del acoso de grupos provida.

La propuesta busca prohibir concentraciones, manifestaciones y otros actos antiaborto en el entorno de estos centros médicos, reforzando así la protección frente al hostigamiento.

La medida responde a la persistencia de protestas y acoso pese a la ley de 2022 que penaliza estos actos con penas de cárcel de entre tres meses y un año.

El Gobierno también trabaja en blindar el derecho al aborto en la Constitución y garantizar su acceso en hospitales públicos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este miércoles que el Instituto de las Mujeres está estudiando la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad en el entorno de las clínicas abortivas para proteger a las mujeres que acuden a abortar y para evitar la ubicación en sus inmediaciones de entidades y asociaciones en contra de derecho, reconocido por ley.

La semana pasada, Sumar presentó una proposición de ley para modificar el Código Penal que castiga el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo y lograr que se prohíban las concentraciones o actos a 200 metros alrededor de estos centros médicos.

Este miércoles y en respuesta a la pregunta de EH Bildu sobre el acceso de los centros sanitarios que practican abortos en la sesión de control al Gobierno, Redondo ha listado el establecimiento de este perímetro de seguridad como una de las "medidas" en las que Igualdad ya está trabajando para garantizar la prestación del aborto.

Hostigamiento y coacción

La ministra de Igualdad también ha recordado que en la Cámara Baja son mayoría quienes defienden este derecho.

"Me parece la mejor manera de evitar el hostigamiento y la coacción de las mujeres", ha afirmado en el Congreso.

Hay que recordar que en 2022 el Gobierno promulgó la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal para castigar precisamente este tipo de acoso, con penas de cárcel de entre tres meses y un año para los acosadores. Sin embargo, las protestas y el acoso a las mujeres que acuden a abortar no cesan.

De hecho, en Madrid, en la misma calle donde está la Clínica Dator, que practica abortos, se han abierto cinco locales de asociaciones y grupos provida. Algunos de ellos estarían fuera de ese perímetro de seguridad que quiere establecer el Gobierno.

Durante su intervención en el Congreso, Ana Redondo también ha destacado que el Gobierno ya trabaja en blindar el derecho al aborto en la Constitución, en el artículo 43, así como garantizarlo en los hospitales públicos.

En la sesión de control al Gobierno, la diputada Isabel Pozueta, de EH Bildu, ha recordado que, en diciembre, un juzgado de Vitoria absolvió a 21 personas de grupos antiabortistas "acusadas de coacciones y hostigamiento" hacia las mujeres que acudían a una clínica.

"Los poderes públicos deben asegurar una protección reforzada frente a cualquier forma de presión, intimidación, señalamiento, acoso o interferencia que pueda condicionar directa o indirectamente el ejercicio libre y autónomo de la decisión de cualquier mujer, así como el acceso efectivo a una atención sanitaria digna, confidencial y libre", ha indicado.

De esta manera, Igualdad recoge el guante y hace suya la proposición de ley de Sumar que propone modificar el artículo 172 quarter del Código Penal, que regula el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, para prohibir concentraciones antiaborto en un "perímetro de seguridad" de 200 metros de las clínicas.

La propuesta modifica la Ley Orgánica 10/1995 para ampliar el actual delito de acoso frente a clínicas. En concreto, incorpora expresamente la prohibición de realizar concentraciones, manifestaciones, vigilias, rezos colectivos o actos de presencia dentro de ese radio de 200 metros cuando tengan como finalidad obstaculizar el ejercicio del aborto.