Isabel Díaz Ayuso y la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet.
Por qué Ayuso puede prohibir el burka en Madrid aunque la izquierda haya tumbado la propuesta de Vox en el Congreso
Alcalá de Henares aprueba la exclusión de estas prendas en dependencias municipales y la medida podrían adoptarla otros 112 ayuntamientos madrileños donde gobierna el PP.
Más información: Guía para saber si se puede llevar burka en España, qué invocan los países que lo prohíben y qué dice Europa
El Congreso de los Diputados rechazó este martes la proposición de ley de Vox para prohibir el uso del burka y otros velos integrales en espacios públicos en toda España.
Sin embargo, el mismo veto que decayó en la Cámara Baja empieza a abrirse camino en el ámbito municipal madrileño.
La clave jurídica es distinta: mientras el Estado no logra articular una mayoría para imponer una prohibición general en la vía pública, los ayuntamientos —y, en su caso, los de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso— sí pueden regular el acceso y funcionamiento de sus propias dependencias administrativas.
Ese es el camino que ha tomado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el Partido Popular en coalición con Vox, y que ha aprobado una moción a propuesta de los de Santiago Abascal.
Concretamente, el Pleno ordinario aprobó este martes una moción para prohibir la entrada a dependencias municipales cuando se oculte el rostro de forma integral, como ocurre con prendas como el niqab o el burka.
Fuentes de Vox confirmaron a EL ESPAÑOL que registrarán la misma moción debatida en Alcalá en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
El objetivo, dicen, es que prospere allí donde gobierna el PP, bien en solitario o con su apoyo. Hay que recordar que en la región hay 113 municipios bajo mandato popular.
Vox da por hecho que en buena parte de ellos la medida contará con el visto bueno de los populares, extendiendo así esta restricción, aunque el Congreso haya tumbado la prohibición general.
Qué ha aprobado Alcalá
El acuerdo adoptado en Alcalá de Henares no menciona ninguna confesión concreta ni se fundamenta en consideraciones ideológicas o culturales, tal y como confirman fuentes consistoriales a este diario.
La regulación establece que, para acceder a dependencias municipales, debe ser posible identificar visualmente el rostro cuando resulte necesario para acreditar la identidad, prevenir suplantaciones o garantizar la seguridad jurídica y administrativa en los trámites presenciales.
Quedan excluidos los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, de salud pública o por exigencias de seguridad laboral. Y la medida no se extiende a la vía pública, ámbito en el que el Ayuntamiento reconoce carecer de competencias para imponer restricciones generales de vestimenta.
El Gobierno local ampara el acuerdo en los artículos 10.1, 14 y 103.1 de la Constitución, así como en los artículos 25.2 y 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que reconocen a los municipios potestades de autoorganización, seguridad y gestión de sus instalaciones.
La norma deberá desarrollarse ahora mediante un reglamento interno que redactarán los servicios jurídicos municipales.
![Fachada del Ayuntamiento de Galapagar.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/09\/20\/madrid\/comunidad\/795931099_236196554_320x180.jpg"])
El precedente de Galapagar
No es la primera vez que un municipio madrileño aprueba una regulación de este tipo.
En Galapagar está vigente desde 2010 una ordenanza que prohíbe el acceso a edificios municipales con el rostro cubierto de forma integral, tal y como publicó EL ESPAÑOL.
La norma fue aprobada por el PP, después gobernó el PSOE durante cuatro años y la ordenanza se mantuvo sin cambios. Actualmente, el municipio vuelve a estar gobernado por el PP con Vox.
Desde el consistorio aseguran que nunca se ha puesto en marcha ninguna medida disciplinaria ni se ha impuesto sanción alguna al amparo de esa regulación, que no ha tenido consecuencias prácticas desde su aprobación.
El debate en el Congreso
Toda esta situación es radicalmente diferente al escenario nacional.
La proposición de ley de Vox planteaba prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público o en espacios privados con proyección de uso público. El PP votó a favor, pero PSOE, Sumar, Podemos, PNV y Junts anunciaron su rechazo, lo que dejó sin recorrido la iniciativa.
Junts, pese a defender también la prohibición del burka, registró su propio proyecto de ley y justificó su voto en contra al considerar que la propuesta de Vox "no pasaría ningún filtro europeo".
![E.E.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/16\/actualidad\/1003744132990_261463125_320x180.jpg"])
El PSOE sostuvo que no apoyará iniciativas que, a su juicio, "avivan el odio", mientras que los grupos de izquierda enmarcaron el debate en la defensa de los derechos fundamentales y la libertad religiosa.
Así, mientras el Congreso cerró la puerta a una prohibición general en toda España, la batalla política y jurídica se desplaza ahora al terreno municipal. Y es ahí donde Ayuso —a través de los ayuntamientos gobernados por el PP— sí puede ver prosperar una restricción limitada a sus "dominios" administrativos.
![La diputada del PP, Ester Muñoz, exhibe una fotografía con varias mujeres con velo integral en España.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/17\/actualidad\/1003744134439_261481545_1706x1280.jpg"])