Moncloa anuncia una nueva ley anticorrupción que endurece las penas en pleno escándalo por los whatsapps del Koldogate

La ley de "integridad" que impulsa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejaría sin beneficios penitenciarios a los corruptos hasta que no devuelvan el dinero obtenido de manera ilícita.

Pero la normativa difícilmente podrá aprobarse esta legislatura por una cuestión de plazos: falta tiempo para cumplir todos los trámites. Debe ser analizada por los órganos constitucionales y después debatirse en el Congreso.

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes en primera vuelta a esta nueva normativa apenas nueve meses después de estallar el caso Cerdán. La presentó la vicepresidenta primera María Jesús Montero.

Con esta ley anticorrupción, por ejemplo, ni José Luis Ábalos ni Koldo García tendrían beneficios penitenciarios hasta abonar el dinero supuestamente robado.

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La nueva normativa anticorrupción prevé incluso modificar la Ley General Penitenciaria, que vincula los beneficios penitenciarios al cumplimiento de la responsabilidad civil y la responsabilidad económica que se derive de los delitos de corrupción.

Así, alguien que haya cometido un delito fiscal no podrá obtener ni el tercer grado ni la libertad condicional hasta que no se reintegre "cada euro público", pese a que alegue razones de "insolvencia económica".

Según fuentes del Ejecutivo, el tribunal valorará si la falta de pago obedece a una situación real de insolvencia o a la ocultación de bienes, pero previsiblemente esta condición será indiferente.

Desde Hacienda, aseguran que el Gobierno ha culminado "la carga normativa" necesaria para convertir en ley la mayor parte de las medidas incluidas en el Plan de Lucha contra la corrupción.

El plan contempla 15 medidas, de las cuales 12 se incorporan a este anteproyecto. En total, la nueva norma recoge 84 medidas que implican la modificación de 18 leyes, seis de ellas de carácter orgánico.

Según estas fuentes, la nueva norma "da respuesta a una preocupación de los ciudadanos" y constituye la reacción "más ambiciosa" de España frente a la corrupción.

El plan cubre todo el ciclo —prevención, detección, fortalecimiento y recuperación— con especial énfasis en la fase preventiva.

El objetivo es "la recuperación hasta el último euro, para que la corrupción no resulte rentable".

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"Hay que garantizar que todo euro público se gestione con honestidad y eficacia al interés general. Para ello, reforzaremos los mecanismos de prevención, control y recuperación de fondos", subrayan.

En este sentido, tal y como explicó, habrá formación obligatoria para altos cargos y empleados públicos, y se realizarán encuestas anuales sobre corrupción.

Asimismo, se impulsará una cultura de sensibilización a través de campañas institucionales y se pondrá el foco en las empresas corruptas, los partidos políticos y la contratación pública.

En el ámbito de los contratos, "se impulsará una mayor transparencia, más control y más publicidad en la información contractual".

Se introducirán herramientas de Inteligencia Artificial para detectar "patrones anómalos" y se hará público el registro de prohibiciones de contratar con la Administración.

En concreto, se ampliará a 20 años el periodo de inhabilitación para contratar con la Administración, recibir subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales.

Además, las empresas corruptas tendrán también que pagar multas proporcionales al beneficio ilícito que hayan obtenido.

El objetivo es aumentar la publicidad, limitar el encadenamiento de contratos y asegurar mayores requisitos de control, además de revisar el régimen de subcontratación para evitar que sea "excesiva".

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Se trata de "poner a disposición el mayor número de herramientas para que las autoridades puedan acceder a registros y conocer con exactitud quién está detrás de cada entidad jurídica".

La norma también prevé que los partidos políticos realicen auditorías externas sobre sus cuentas y refuercen los mecanismos de transparencia respecto a las donaciones privadas.

Las formaciones tendrán que hacer pública la financiación privada a partir de los 2.500 euros, frente al umbral actual de 25.000 euros, y se reforzará el régimen sancionador para castigar infracciones de partidos y fundaciones al margen del Tribunal de Cuentas.

Agencia de Integridad Pública

Otro de los ejes principales es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, en línea con las exigencias de Sumar.

Esta Agencia aglutinará funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección al Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.

También será la responsable de coordinar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude y de la supervisión de los lobbies.

La ley está validada por la OCDE, que colaborará "codo con codo" con el Ejecutivo en su desarrollo, asesorando en la puesta en marcha de la Agencia y en la revisión del marco legal para "redoblar" la transparencia en la financiación de los partidos políticos.

Las medidas están orientadas a reforzar la lucha contra la corrupción, aunque "sin partir de cero".

La idea es endurecer las penas por cohecho, tráfico de influencias y otros delitos vinculados a la corrupción. Por ejemplo, se ampliará de cinco a siete años el plazo de prescripción de los delitos para evitar generar "impunidad".

Para reforzar el sistema, se habilitará en la Ley Orgánica del Poder Judicial la creación de secciones especializadas en corrupción y se pondrán en marcha 500 nuevas unidades, 91 de ellas en Cataluña.

También se reforzará el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se habilitará la venta anticipada de bienes incautados.