Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno chantajea ahora a la oposición con las ayudas a la dana y los incendios para que le voten sus medidas pro okupas
Monta otro decreto ómnibus tras el de las pensiones, mezclando ayudas a las víctimas con sus medidas en materia de desahucios.
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Sobre la mesa hubo varias opciones y, al final, en el Gobierno optaron por una justicia salomónica: las pensiones por un lado y, por otro, todo lo que han dado en llamar “escudo social”.
El Ejecutivo ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes trocear el decreto ómnibus en dos partes, de modo que el segundo incluya otras veinte medidas, además de la moratoria de los desahucios, con dos nuevas excepciones para lograr el respaldo del PNV.
Los cambios afectarán a los propietarios de una o dos viviendas. Aunque su inquilino esté en situación de vulnerabilidad, se permitirá el desahucio y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional.
Lo mismo sucederá si el propietario está en situación de vulnerabilidad, incluso aunque tenga más de tres viviendas, pero siempre que exista un contrato previo de alquiler.
El decreto incluye también mayores compensaciones para las personas propietarias. Fuentes del Ministerio de Vivienda subrayan que la semana pasada el Consejo de Ministros ya dotó con 300 millones de euros el sistema de avales.
Estos cambios, pactados con el PNV, han indignado a Podemos.
Para intentar lograr su respaldo, el Ejecutivo ha añadido nuevas medidas. Algunas de ellas, como la prórroga del bono social energético, figuran entre las más reclamadas por los morados.
En este nuevo ómnibus también se incluye la extensión de ayudas directas a los afectados por la dana, así como la exención de IRPF y de cotizaciones a la Seguridad Social de los subsidios concedidos por la Generalitat Valenciana. Una forma de presionar al PP.
También se contemplan ayudas para quienes han sufrido daños personales en los incendios forestales del pasado verano.
Además, el decreto incorpora la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y las subvenciones al coche eléctrico.
Aunque sobre la mesa también estuvo incluir la parte de ayudas a la DANA o los incendios dentro del decreto de pensiones. También dejar solo la parte de desahucios, dado que era el más complicado, en uno en solitario.
Al final, se rechazaron todas estas alternativas y se optó por meterlo todo dentro del escudo social.
“Son medidas buenas y preguntaría al PP qué le parece mal de proteger a los más vulnerables”, afirmó la portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, quien añadió que “el Gobierno trabaja para dar soluciones, no para ofrecer coartadas”.
En total, el texto afecta a cinco ministerios, que han volcado en él algunas de sus principales medidas. Van desde Trabajo y Economía Social; Vivienda y Agenda Urbana; Transición Ecológica; Hacienda; y por último el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Este segundo decreto es el más complejo, ya que la revalorización de las pensiones cuenta con un amplio respaldo parlamentario que previsiblemente incluirá también al PP.
El Ejecutivo ha tardado una semana en trocear el texto, después de que el Congreso lo tumbara el martes pasado con los votos en contra de PP, Vox y Junts.
Con el decreto dividido, el Gobierno busca aprobar de manera más ágil tanto la revalorización de las pensiones como el paquete de medidas sociales, mientras negocia con los distintos grupos parlamentarios.
Fuentes del Ejecutivo admiten que sí están en contacto con Podemos pero no con Junts. La cuadratura del círculo se antoja complicada pero no imposible.
