“Fui preso político, torturado en el Helicoide”: la ley de amnistía de Delcy no reconciliará si blanquea a los represores

Sergio Contreras lo dice sin rodeos. “Lo anunciado no es justicia”, afirma desde España, donde vive exiliado y preside la organización Refugiados sin Fronteras.

Se presenta con una credencial que no admite matices. “Soy ex preso político de la Venezuela de los últimos 25 años, sobreviviente de los calabozos del Helicoide, de la DGCIM y de la prisión militar de Ramo Verde”, relata.

“Viví en carne propia lo que significa ser desmontado de tu vida por denunciar, organizar, resistir”, resume. Por eso mira con desconfianza un texto que, a su juicio, llega sin garantías, sin participación real de las víctimas y sin un diseño serio de justicia transicional.

Delcy Rodríguez anunció una amnistía que abarcaría “todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta hoy” y el cierre del Helicoide como centro de detención. El régimen chavista pretende venderlo como el arranque de una nueva etapa y el inicio de un proceso de reconciliación nacional.

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Las familias de los presos políticos han respondido con un aviso rotundo. “La amnistía no puede traer impunidad” ni convertirse en un borrón y cuenta nueva para los responsables de la represión, alertan.

Contreras coincide en ese diagnóstico, pero lo desarrolla con precisión jurídica. “La amnistía, en términos de derecho internacional y justicia transicional, no es simplemente excarcelar a personas privadas de libertad”, advierte.

Esta imagen fue tomada cuando Sergio Contreras se encontraba preso, y fue trasladado a un hospital.

En su análisis, insiste en que una amnistía responsable debe incluir el fin de la persecución política, el cierre definitivo de causas penales arbitrarias y la eliminación de órdenes de captura motivadas por razones ideológicas. Y, sobre todo, garantías plenas de que esas causas no se reactivarán bajo nuevas figuras legales.

Nada de eso, denuncia, aparece con claridad en lo adelantado por la vicepresidenta. “El anuncio de Rodríguez solo plantea un proyecto de ley y una apertura al Parlamento”, recuerda, sin mecanismos de supervisión independientes ni estándares mínimos del Derecho comparado en transiciones democráticas.

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El problema, subraya, es de magnitud. Organizaciones de derechos humanos y familiares hablan de miles de personas con expedientes abiertos, órdenes de captura o medidas cautelares que condicionan su vida diaria.

Son venezolanos que no siempre han pasado por la cárcel, pero que viven atrapados en un laberinto judicial. No pueden moverse libremente, ejercer plenamente sus derechos políticos o reconstruir sus proyectos vitales.

“Esta ley debe incluir, sin excepción, la liberación definitiva, la desactivación de todos los expedientes penales políticos y la eliminación de medidas cautelares que restringen vidas y proyectos”, exige Contreras. “No es aceptable que se preserve un Estado de excepción encubierto mediante figuras procesales o medidas cautelares que perpetúan la precariedad y el miedo”, añade.

La forma también importa. Para el ex preso político, una norma de este calado no puede tramitarse a toda velocidad ni aprobarse en dos días desde el Palacio Federal Legislativo.

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Reclama audiencias públicas, participación de víctimas y organizaciones, intervención de mecanismos internacionales de derechos humanos y control de constitucionalidad efectivo.

“Si queremos evitar repetir errores históricos —leyes de amnistía que ocultaron violaciones graves de derechos humanos— esta ley debe tener reglas claras de aplicabilidad”, sostiene.

Su “exigencia mínima” pasa por la inclusión de todos los perseguidos. Desde 1999 hasta hoy, sin distinción de ideología, sin filtros burocráticos ni exclusiones discrecionales.

El cierre del Helicoide, el temido edificio donde Contreras fue torturado, tiene un valor evidente. “Cerrar las instalaciones donde fui torturado y donde muchos otros murieron o quedaron marcados para siempre es un símbolo poderoso”, reconoce.

Pero advierte contra una lectura ingenua. “El cierre de un edificio no significa el cierre de las prácticas de represión institucional”, alerta.

Habla entonces de lo que debería significar una auténtica justicia transicional. Verdad pública y reparación integral, sistemas de archivo y acceso a expedientes, garantías de no repetición y reformas profundas del sistema judicial y de seguridad.

Sergio Contreras cuando fue detenido por la policía chavista.

“Estas reformas no pueden estar ausentes en la ley si verdaderamente queremos justicia y transformación”, resume. Lo contrario sería, en su opinión, una operación cosmética para aliviar la presión internacional y ganar tiempo.

Contreras no niega el valor del giro político. “Aplaudo que por primera vez en décadas se reconozca públicamente que la violencia política debe ser abordada con leyes y procesos estructurales”, concede.

Pero vuelve a marcar el límite. “No basta con un anuncio legislativo: se requiere un marco jurídico de justicia transicional amplio, transparente, participativo, irreversible y con plazos claros”, reclama.

Su llamamiento va más allá de Caracas. “Exijo —y exijo al mundo que presione por ello— que esta ley sea debatida con plena publicidad, participación y transparencia, supervisión internacional de derechos humanos, reparación integral de víctimas, liberación total sin condiciones, cierre y anulación de todas las causas políticas”, enumera.

Solo en ese escenario, concluye, se podría empezar a hablar de reconciliación. “Solo así podremos hablar de un verdadero proceso de justicia y no de una operación cosmética de política”, sentencia.