El vicesecretario del PP, Juan Bravo durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del partido, este lunes en la sede de la calle Génova. Efe
El PP votará no al decreto de pensiones porque el Gobierno "lo ha llenado de 'tropezones' para pagar su permanencia"
Juan Bravo: "Puente no puede sentarse en el Consejo de Ministros mañana, tiene responsabilidad directa en Adamuz, y para Sánchez importa más el relato que la seguridad".
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La dirección del PP ha decidido marcar una oposición dura en el momento de mayor debilidad del Gobierno. Sin mayoría, sin Presupuestos, cercado por la corrupción y, ahora, con el caos ferroviario convertido en tragedia, Juan Bravo ha anunciado que su partido votará no al decreto de revalorización de las pensiones.
"Lo han llenado de tropezones", argumenta una fuente oficial, "para pagar la permanencia en Moncloa de Pedro Sánchez". Y si el PSOE quiere el voto favorable a la revalorización de pensiones, que se somete a convalidación este martes en el Congreso, "basta que traigan un decreto limpio".
Así lo expresó Juan Bravo en una rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, celebrado este lunes, en la sede nacional del PP. Los populares hilvanan con esto el resto de sus críticas al Ejecutivo: Bravo denunció que, mientras Sánchez se blinda políticamente con medidas "tramposas" en materia social, desatiende la seguridad ferroviaria y el mantenimiento de las infraestructuras estratégicas.
El vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda denuncia que el texto del decreto, en lugar de centrarse en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, incorpora concesiones y medidas de corte político para amarrar apoyos parlamentarios.
A su juicio, eso demuestra que Sánchez "utiliza la Seguridad Social como moneda de cambio para seguir en el poder".
Desde esa crítica económica y social, Bravo enlazó directamente con el frente abierto por el accidente ferroviario de Adamuz, que se ha convertido en el principal ariete del PP contra el Gobierno.
El dirigente popular sostiene que existe una relación clara entre el modo en que Sánchez gobierna y tragedias como la del AVE en Córdoba: "Si el dinero se destina a comprar estabilidad política, no se dedica a cuidar las infraestructuras estratégicas ni a preservar la integridad de quienes las usan", subrayó.
En este contexto, Bravo exigía la dimisión del ministro, y acusaba a Óscar Puente de tener una "responsabilidad directa" en el siniestro de Adamuz. "¿Las vías de quién dependen? Pues eso", resumió.
El PP sostiene que hubo "negligencia" en las actuaciones del departamento de Puente y denuncia que "se pusieron en circulación trenes de AVE sin constatar el estado real de las vías, algo intolerable en cualquier circunstancia".
Por esa razón, Puente "no debería sentarse en el Consejo de Ministros" este martes.
Y lo que hace todo aún más grave la situación, insiste Bravo, es que los maquinistas "habían advertido" de forma reiterada sobre los riesgos de esa línea y de otras en toda España. Esas alertas, según la versión popular, fueron ignoradas.
El vicesecretario apunta a las "pruebas inapelables" que, a su juicio, acreditan la responsabilidad del Ministerio: las marcas en las ruedas de los trenes que pasaron por la vía en mal estado antes del accidente atestiguan una colisión con el tramo defectuoso previo al descarrilamiento.
Que no vayan al funeral
La ofensiva del PP no es sólo técnica o de gestión, sino también política. Bravo reclama al ministro que deje "inmediatamente" su cargo o, en su defecto, que Sánchez lo destituya "por irresponsable, mentiroso y propagador de bulos".
Añadía, poco después, que el titular de Transportes no debería llegar a la próxima reunión del Gobierno, este Martes, "por respeto a las víctimas y a todos los españoles".
Es más, Bravo anunció que Alberto Núñez Feijóo acudirá este jueves al funeral por las víctimas en Huelva, el mismo día en que el Senado ha convocado a Sánchez y a Puente a comparecer ante el pleno.
Para el dirigente popular, "el dolor de las familias no puede agravarse ni puede aumentarse con la presencia de Óscar Puente en ese funeral", y sostiene que su asistencia al acto religioso, ahora que el Estado ha suspendido el homenaje laico, sería "un insulto a las víctimas".
"Miedo al Gobierno"
En el plano más general, Bravo afirma que los españoles sienten "miedo" a este Gobierno "por lo que hace y por lo que no hace, por lo que dice y lo que no dice". A su juicio, las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo tras el accidente sólo han servido para intensificar la alarma social y provocar "desasosiego".
Habló de una "gran preocupación" ciudadana, no sólo por los fallos del sistema ferroviario, sino sobre todo por las "evidentes contradicciones y falsedades" que, según el PP, ha exhibido el Ejecutivo ante el peor accidente del AVE en España, con 45 muertos y decenas de heridos.
Bravo acusa al ministro Puente "por acción" y a Sánchez "por omisión" de engañar, ocultar y mentir a las familias de las víctimas, al no ofrecer información esencial sobre el siniestro.
El PP denuncia, además, que el Ejecutivo está utilizando "el mismo patrón" que siguió tras el apagón: "Mentir con medias verdades" y diluir las explicaciones en "una maraña técnica" para eludir sus responsabilidades.
"El control del relato ha sido la prioridad de este ministro y de este Gobierno para esquivar los escándalos y endosárselos al adversario. Les ha importado más eso que la seguridad de los ciudadanos", sentencia.
El diagnóstico final de Bravo es demoledor: "La realidad es que tenemos a todo un país en estado de shock, sin servicio en el sur y suspendido o con interrupciones en el norte. Ésta es la fotografía de un servicio público que, cada día que pasa, está peor".
En paralelo, recuerda que el Gobierno de Sánchez "ha recaudado más dinero y ha subido más impuestos que ningún otro" y, sin embargo, "a cambio, tenemos los peores servicios públicos de la democracia".
Una acusación que enlaza, de nuevo, con el rechazo del PP al decreto de pensiones, que la oposición presenta como el último ejemplo de un Ejecutivo que, según ellos, antepone su supervivencia política al buen funcionamiento del Estado.
