La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una fotografía de archivo.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una fotografía de archivo. José Oliva / Europa Press

Política

¿Una 'vendetta' del Gobierno? Recurre la creación de un centro en la UCM tras darle aval y tener los "informes favorables"

El Ministerio de Diana Morant se une al PSOE de Madrid y a la Universidad Carlos III al considerar que el centro adscrito del Colegio de Abogados de Madrid no debería de existir.

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Las claves

El Gobierno central ha recurrido la creación de un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, vinculado al Colegio de Abogados de Madrid, pese a haberle otorgado previamente los informes favorables.

El Ministerio de Universidades concedió el aval y el código oficial necesario para el centro, pero ahora argumenta que los colegios profesionales no pueden impartir docencia oficial según la ley.

El PSOE de Madrid y la Universidad Carlos III también se oponen, alegando que la medida vulnera la Ley de Colegios Profesionales y permite a un colegio profesional impartir titulaciones oficiales de grado.

El proceso de adscripción fue aprobado por la Comunidad de Madrid tras cumplir los requisitos legales, y tanto la Comunidad como el ICAM aseguran que la tramitación comenzó años antes del actual contexto político.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha unido al PSOE de Madrid y a la Universidad Carlos III y empieza a maniobrar para revocar la concesión del nuevo centro adscrito de la Universidad Complutense de Madrid, ligado al Colegio de Abogados de la región.

Así lo han confirmado fuentes del departamento que dirige Diana Morant, que aseguran haber interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden por la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado mes de noviembre dicho espacio educativo.

El recurso podría interpretarse como un nuevo choque entre Sánchez y Ayuso, pero, según fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, hay mucho más.

Y es que este centro cuenta con el "aval" previo del propio Ministerio de Universidades, el mismo que ahora recurre su creación, algo que desde el Ejecutivo autonómico consideran difícilmente comprensible y "del todo inverosímil".

Según explican desde el departamento que dirige Emilio Viciana, todo el procedimiento se remonta a 2023, cuando la propia Universidad Complutense presentó la solicitud de adscripción del centro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). "La tramitación ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente y cuenta con todos los informes favorables", sostienen.

De hecho, subrayan que el Ministerio de Universidades concedió al centro el código oficial necesario para su incorporación a las memorias de los títulos como centro de impartición de enseñanzas superiores adscrito a la UCM. "El Gobierno está recurriendo algo que él mismo ha avalado concediendo este código", inciden estas mismas fuentes.

El recurso del equipo de Diana Morant fue presentado el pasado 12 de enero ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Defienden que se trata de un caso inédito en el sistema universitario español, al permitir que un colegio profesional imparta directamente títulos universitarios oficiales.

PSOE y Carlos III

El recurso del Gobierno central se suma al presentado hace unos días por el PSOE-M, que ya había recurrido la autorización tras interponer previamente un recurso de reposición ante la Consejería de Educación madrileña.

Los socialistas consideran que se ha vulnerado tanto el Estatuto General de la Abogacía Española como la Ley de Colegios Profesionales, al habilitar al ICAM para impartir titulaciones oficiales de grado cuando, sostienen, solo puede ofrecer formación de posgrado.

En la misma línea se ha pronunciado el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Ángel Arias Hernández, quien anunció en diciembre su intención de recurrir la creación del centro. Arias calificó la decisión de "error" y advirtió de que "abre una puerta falsa para formalizar como universidades ámbitos que no lo son".

Durante una comparecencia conjunta con otros cinco rectores, entre ellos el de la Complutense, Joaquín Goyache, Arias defendió que la adscripción está "forzada" y planteó la necesidad de ser coherentes a la hora de autorizar centros adscritos, ya que podría abrir la puerta a otros colegios profesionales. Goyache, por su parte, negó que se trate de una privatización y defendió la colaboración con "instituciones importantes".

El debate se produce, además, en un contexto político especialmente sensible.

La Comunidad de Madrid aprobó la adscripción del centro del ICAM en pleno juicio al fiscal general del Estado por la filtración de información relativa a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un proceso en el que el propio ICAM ejerció como acusación particular del lado de la pareja de la presidenta regional.

Tanto el Colegio como el Gobierno autonómico desligan ambos hechos, recordando que la tramitación del centro se inició tres años antes.

Desde el Ministerio de Universidades insisten en que "la función de impartir docencia oficial no es la función de los colegios profesionales, como establece la ley". Recuerdan, además, que el ICAM tuvo que modificar sus estatutos, a petición de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, para poder asumir esta función.

Adaptación que cumplieron y por la que, ahora, desde la Consejería de Educación insisten en que se cumplen con todos los requisitos de forma favorable.