Ya hay 100.000 casas okupadas pero el Gobierno se niega a derogar la Ley de Vivienda como le exigió el Congreso

Este fenómeno, unido a la inquiokupación, ha superado ya la barrera psicológica de los 100.000 casos, según estimaciones del Instituto Cerdá. A pesar de que el Congreso le instó a derogarla, el Gobierno mantiene que la norma “va en muy buena dirección”.

PP, Vox, Junts y UPN sacaron adelante el pasado mes de septiembre una moción que instaba al Gobierno a derogar la Ley de Vivienda, por considerar que ha generado "inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y más okupación e inquiokupación".

Solo el año pasado, este fenómeno aumentó un 7,4%. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018, las denuncias se han disparado un 34,5%, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

El portal Idealista tiene a la venta más de 23.000 viviendas okupadas, según un informe publicado el pasado mes de octubre. El comprador se beneficia de un precio más económico, porque asume la carga de deshacerse de los okupas.

El Colegio de Economistas de Cataluña y el Institut Cerdá estimaron en noviembre de 2023 que en España había 78.000 viviendas okupadas. Y esta cifra ha seguido creciendo en una media de 17.000 cada año.

En este contexto, la Ley de Vivienda ha actuado como una gasolina política que incendia un problema ya de por sí inflamable.

Entre sus medidas, endurece los requisitos procesales para los desalojos y amplía la protección jurídica de los okupas, obligando a los propietarios a iniciar procesos más complejos y lentos para recuperar sus viviendas.

Un efecto que ha 'alimentado' la okupación ilegal y la inquiokupación, que ya representan el 80% de los casos actuales.

El modelo europeo

De hecho, se registran 17.000 nuevos casos cada año, lo que ha desatado el miedo al alquiler y una retracción del mercado.

El contraste con Europa es evidente. Algunos países como Alemania, Francia o Reino Unido representan menos casos reportados, ya que disponen de una legislación más severa con procedimientos de desalojo más rápidos y, por ende, esto reduce la violación de los inmuebles prolongada.

En estos países, la policía puede desalojar con mayor agilidad y, en algunos casos, sin autorización judicial. En Francia, por ejemplo, las sanciones económicas pueden alcanzar los 45.000 euros y las penas de cárcel llegan a los tres años.

En España, sin embargo, los propietarios esperan de media 18 meses para recuperar su inmueble, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El plan de Feijóo

Ante los datos, el Partido Popular acusa al Gobierno de “crear un paraíso para los okupas” y exige aplicar la derogación de la ley aprobada en la Cámara Baja.

Feijóo impulsa su propuesta de reforma, con desalojos en menos de 24 horas y endurecimiento de penas por usurpación.

Es algo que, precisamente, sacó a relucir el diputado del PP Sergio Sayas en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso: denunció que el Ejecutivo "boicotea" las medidas alternativas de la oposición.

"Desde que se aprobó esta ley, los precios han subido un 26%, los alquileres un 22%", denunció.

"Los jóvenes que quieren alquilar un piso tienen que dedicar el 92% de su salario y los únicos que han visto un chollo con su gobierno son los okupas y los inquiokupas", espetó ante la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Sin embargo, el Ejecutivo mantiene la norma intacta y se aferra a que “ha frenado el abuso del alquiler”, citando el caso de Navarra, donde asegura que un 34% de los nuevos contratos se han firmado tras la declaración de zona tensionada y la aplicación de la Ley de Vivienda.

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Pero incluso los ayuntamientos cuestionan ese relato. El Observatorio de Vivienda de Barcelona reconoce que los contratos han caído un 10,3% en el último año y un 22,1% desde la entrada en vigor de la normativa, en contra de la versión del Ejecutivo.

Todo ello ocurre mientras la presión económica sobre los hogares se dispara. El precio de la vivienda aumentó un 12,7% en el último año, según el INE, y el coste del alquiler creció un 10,5% solo en 2025, de acuerdo con Idealista.

El problema no es solo económico: la oferta tampoco acompaña. España construye apenas 90.000 viviendas al año, muy por debajo de los 225.000 nuevos hogares que se crean, según el Banco de España.

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Y lejos de aliviar esta tensión estructural, el Gobierno insiste en mantener una ley cuestionada por el propio Congreso.

De acuerdo con los barómetros del CIS de Tezanos, la vivienda es ahora el principal problema para la sociedad española, frente a la legislatura de Mariano Rajoy, cuando ocupaba el puesto 16 en el ranking.