Santos Cerdán, a su salida de la cárcel de Soto del Real, este miércoles.
El Gobierno, abatido: asume que el relato de la UCO sobre Cerdán rompe el dique para proteger a Sánchez de la corrupción
Ministros, dirigentes socialistas y socios del PSOE temen que el escándalo avance, y ya no descartan ninguna opción.
Fuentes socialistas aseguran que el trabajo de la UCO sobre Cerdán deja a Sánchez sentado sobre un barril de pólvora.
"Es conocido que Santos Cerdán ha sido interlocutor de Euskal Herria Bildu durante estos últimos años. Nosotros pensamos que los casos de Koldo y Ábalos, o el caso de Santos Cerdán, son casos diferentes. (…) En todos estos meses, no hemos visto todavía nada concreto contra él. Todo ello, sumado a nuestra experiencia política, nos lleva a concluir que es posible que a Santos Cerdán le estén haciendo lo que le están haciendo por la relación en calidad de interlocutor que ha tenido, entre otros, no solo, con Euskal Herria Bildu. El tiempo pondrá cada cosa en su sitio".
Eso dijo hace apenas dos semanas el portavoz de Bildu en el Senado, Gorka Elejabarrieta Díaz, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Alta sobre Santos Cerdán, con quien él mismo ha negociado durante meses el futuro de los presos de ETA, a cambio de la investidura del líder socialista.
Hoy el senador de Bildu ya no podría repetir estas palabras tras conocerse el contenido del segundo informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización del PSOE.
Tampoco podrá repetir Pedro Sánchez que su Gobierno es ajeno a la corrupción y que, junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero, es el único limpio de la historia constitucional. Tendrá que recalcular su ruta o, al menos, su argumentario.
Ahí está precisamente la preocupación de dirigentes socialistas, socios parlamentarios del PSOE y hasta ministros que muestran, desde el martes por la tarde, notable pesimismo y abatimiento. Porque se ha caído y roto en pedazos el discurso del presidente del Gobierno que consistía en perimetrar y aislar el caso para que no le afecten a él y al Gobierno.
Porque consideran que el dique establecido por Sánchez para encapsular la corrupción en el trío que forman Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García se ha venido abajo. Que el argumento de que la corrupción se circunscribía a una parte del partido, sin afectar al Gobierno se ha caído por completo.
Algunos de ellos mantenían desde el mes de julio un hilo de esperanza sobre Cerdán, asegurando que todavía no se había encontrado el dinero y que era posible que todo quedara en nada.
Otros sugerían el mensaje de la "injusticia" con que se trataba al secretario de Organización.
Incluso personas del entorno familiar de Cerdán transmitían a miembros del PSOE esa supuesta persecución y aseguraban que tenían dificultades para sobrevivir económicamente.
Ahora eso se ha venido abajo, porque consideran que el informe de la Guardia Civil muestra indicios tan sólidos que son pruebas claras incriminatorias y, sobre todo, afectan totalmente al Gobierno.
Porque al contenido del informe sobre Santos Cerdán se une la participación de Antonio Hernando, entonces número dos del Gabinete del presidente del Gobierno, en al menos una reunión con la llamada fontanera del PSOE, Leire Díaz.
Sánchez, según explicaban en la Moncloa, tiene previsto ir al nuevo ciclo electoral que se abriría el 21 de diciembre en Extremadura con el mensaje de la injusticia y la persecución , y eso cada vez se le hace más difícil porque las pruebas contra Cerdán y Ábalos se acumulan. Y, además, se abren puertas en las investigaciones sin que nadie se atreva a decir qué hay detrás.
Fuentes socialistas aseguran ahora que Sánchez está sentado sobre un barril de pólvora, como muestra el informe de la UCO. Que están a expensas cada semana de que surjan nuevos indicios o de que alguno de los imputados confiese e inculpe a alguien.
"Primero confiamos en que todo quedaba en Koldo y que Ábalos sólo tenía responsabilidad por lo que hizo su asesor. Luego eso cayó porque vimos y escuchamos lo que hizo el secretario de Organización y ministro de Transportes. Más adelante aplaudimos en el congreso del PSOE de Sevilla de hace un año a Cerdán cuando denunciaba persecución de la 'derecha política, judicial y mediática'. Eso se vino abajo con el primer informe y creímos que podía quedar en nada porque no se había encontrado el dinero. Ahora ya no descartamos nada", asegura un diputado socialista.
Porque, además, el informe de la UCO muestra que todas las opciones que no querían creer son posibles, incluyendo lo que se refiere a la financiación del partido o a más implicaciones dentro del Gobierno. Se ha acabado la confianza.
El salto, según explican, es que se habla de adjudicaciones de obras públicas y de modos de vida tan poco ejemplares como el que se desprende del informe respecto de Cerdán y su esposa.
El informe, además, pone cada vez más difícil el discurso de los socios parlamentarios para aguantar al Gobierno. Temen que la línea roja de la financiación ilegal del PSOE esté ya superada, según explican.
Sumar ya no sabe qué hacer para diferenciarse de los socialistas y evitar que todo esto le salpique.
Oficialmente, el mensaje sigue siendo que no afecta a Sánchez, que no hay que cambiar la hoja de ruta hacia el 2027. Que ven al líder socialista "tranquilo y firme". Pero todo va siendo cada vez más difícil para el Gobierno.
"Santos no puede hablar de nada. Dirá que es inocente. No puede implicar al presidente ni nada. Mi opinión es que esto de ahora ya es un indicio suficiente. Yo pensaba que era inocente. Porque Ábalos era más de disfrutar de la vida. Santos no, porque llevaba vida de monje", intenta explicar uno de los miembros del Gobierno más próximos a Sánchez, todavía bajo el shock.
Explica también que el sistema de UTE de Servinabar con Acciona era imposible de detectar.
Fuentes del Gobierno, no obstante, tienen dudas sobre algunas de las adjudicaciones que la UCO señala como sospechosas, y a eso se aferran.
Por ejemplo, la referida a la alta velocidad Murcia-Almería, Tramo: Pulpí-Vera, con un presupuesto de 171 millones de euros. Porque fue licitada por el Gobierno del PP en 2018 y, de hecho, la firma Juan Bravo, entonces presidente de Adif y ahora dirigente del PP, y se adjudicó en septiembre de ese año, cuando apenas había llegado el PSOE a Moncloa tras la moción de censura. Además, se adjudicó por precio, no por motivos subjetivos.
