La presidenta madrileña, Ayuso, en el foro 'Melilla: un lugar para vivir e invertir, una puerta al comercio exterior'.
Ayuso recurre el decreto de creación de universidades de Sánchez por atentar contra la libertad de empresas
El Ejecutivo autonómico recibe hoy un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía del Estado contra esta norma.
Más información: El Gobierno cambia las reglas del juego para la creación de universidades y se reserva el derecho de veto ante las CCAA.
La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto de creación de universidades aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Así lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL tras conocer que el Consejo de Gobierno regional tiene previsto recibir este miércoles un informe de la Abogacía General regional detallando las acciones legales ya emprendidas
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que la norma es "arbitraria", muestra "falta de consenso" y supone "un ataque directo" tanto a las competencias autonómicas como a la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución.
Según el Gobierno madrileño, el decreto —que fija nuevos requisitos para autorizar universidades y centros universitarios— vulnera el artículo 27 de la Carta Magna, que atribuye a las comunidades autónomas el desarrollo y la aplicación de las leyes educativas en todos sus niveles, mientras que reserva al Estado únicamente la fijación de la normativa básica.
La Comunidad denuncia que el Gobierno central "ha ido más allá" de ese marco básico e invade competencias autonómicas al imponer condiciones que dejan "muy poco margen" a las regiones para regular su propio sistema universitario.
Entre los elementos más controvertidos, fuentes del Gobierno central citan la exigencia de contar con un mínimo de 4.500 estudiantes para la creación de una universidad, un umbral que el Ejecutivo madrileño considera "arbitrario" y que, a su juicio, no responde a ningún criterio objetivo vinculado a la calidad educativa.
El Ejecutivo madrileño también sostiene que el decreto ha sido tramitado "con absoluta opacidad", sin consulta pública previa y sin la participación de las comunidades autónomas, pese a ser las administraciones responsables de autorizar y supervisar los centros universitarios.
Desde la Puerta del Sol y, concretamente, la consejería de Educación de Emilio Viciana, insisten en que su propio procedimiento para aprobar nuevas universidades es "uno de los más exigentes del país" y garantiza la excelencia de los proyectos.
Además, recuerdan que ya trabajan en una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia que incorporará mejoras en estos controles, siempre dentro del marco competencial autonómico.
Con este recurso, Ayuso abre un nuevo frente judicial contra Moncloa en defensa, asegura, de la libertad de empresa y de la capacidad de Madrid para ordenar su propio sistema universitario.
Decreto de los "chiringuitos"
El movimiento jurídico de Ayuso llega ahora, pero su debate lleva fraguándose mucho más tiempo.
A principios de año, el presidente del Gobierno de Pedro Sánchez anunció su intención de regular con firmeza lo que denominó "chiringuitos educativos", en alusión a la proliferación de universidades privadas y online que, a su juicio, carecían de garantías de calidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue una de las primeras voces en reaccionar públicamente, durante su intervención en el foro Wake Up Spain organizado por EL ESPAÑOL, donde condenó la campaña del Ejecutivo contra la universidad privada.
En sus primeras valoraciones, Ayuso denunció que Sánchez estaba tratando a la educación privada de manera similar a la educación especial, relegándola "al oscurantismo solo por motivos ideológicos y con fines divisorios".
"Es llevar ese guerracivilismo a todo, que España se parta en dos visiones", aseguró, dejando claro que no aceptaría una política que, en su opinión, fragmenta el sistema educativo con un sesgo ideológico.
Desde aquel anuncio inicial, el texto del Real Decreto permaneció en negociación durante meses sin que hubiera un documento definitivo. No fue hasta la sesión del Consejo de Ministros del pasado 7 de octubre cuando se aprobó la redacción final de la norma, que ha provocado que Ayuso presente ahora un recurso ante el Tribunal Supremo para impugnar el decreto.
A modo de resumen, el Real Decreto aprobado por el Gobierno endurece los requisitos para la creación y funcionamiento de universidades en España y refuerza la supervisión estatal sobre las comunidades autónomas.
Hasta ahora, muchas universidades privadas habían obtenido autorización sin que los informes técnicos del Ministerio fueran vinculantes.
Con la nueva norma, todas las nuevas universidades deberán contar con un informe preceptivo y vinculante de una agencia de calidad —la ANECA nacional o alguna de las 10 autonómicas existentes— para su aprobación.
El texto introduce, además, una regulación específica para las universidades online, a los que llama "especiales características" con ámbito estatal, cuya autorización deberá ser ratificada por las Cortes Generales y sometida a evaluación continua. Algo que resta autonomía a las regiones que, hasta ahora, eran las únicas que decidían si se aprobaba o no una universidad.
Entre los requisitos más controvertidos figura la obligación de que las nuevas universidades alcancen una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes durante sus primeros seis años de funcionamiento, así como presentar avales financieros que garanticen la solvencia económica del proyecto.
